El secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spínola, resalta que “las lenguas son un derecho de la ciudadanía y es nuestro deber como Administración garantizar este derecho”
Se ha aprobado la creación de Unidades de Lenguas en los ministerios, con la designación de una persona responsable que sirva de interlocutor con la Oficina de Lenguas
El secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spínola, ha destacado que “las lenguas son riqueza y variedad y en modo alguno debemos considerar el uso de distintas lenguas como una limitación o una dificultad para la ciudadanía. Las lenguas son un derecho del ciudadano y es nuestro deber como Administración garantizar este derecho”.
El secretario de Estado ha hecho balance de la actividad de la Oficina de Lenguas, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en la reunión del Consejo de Lenguas Oficiales de la Administración General del Estado (AGE), órgano colegiado interministerial integrado por todos los departamentos ministeriales y al que han asistido representantes de las comunidades autónomas con lenguas cooficiales de Cataluña, Comunidad Foral de Navarra, Comunitat Valenciana y Galicia.
Han participado también en la reunión la directora de gestión editorial del BOE, Susana Gómez, la directora académica del Instituto Cervantes, Carmen Pastor, el director del INAP, Mariano Fernández Enguita, y el experto independiente del Consejo de Europa para la Carta de Lenguas Regionales y Minoritarias, Albert Branchadell.
Hernández Spínola ha subrayado que la rápida generalización de las reuniones telemáticas ha ayudado mucho a la cooperación territorial y la cogobernanza, “y si todo mecanismo de cooperación y colaboración es indispensable en un Estado descentralizado como el nuestro, todavía tiene más relevancia en la materia que nos ocupa, la política lingüística y las lenguas oficiales”.
Recomendaciones para impulsar la política lingüística
El principal objetivo del encuentro, ha subrayado el secretario de Estado, es aprobar las conclusiones del Informe de Diagnóstico y también alcanzar un consenso sobre las recomendaciones que derivan del mismo, que asumidas conjuntamente por todos, marcan la hoja de ruta para mejorar en los próximos tres años el cumplimiento de los compromisos asumidos por España en la protección de las lenguas.
El Consejo de Lenguas ha aprobado una serie de recomendaciones para impulsar y actualizar el uso de las lenguas oficiales en la Administración General del Estado, entre ellas, las siguientes:
- Recopilación y sistematización de las obligaciones de la AGE en materia de lenguas cooficiales.
- Establecimiento de un sistema de indicadores. Sería muy útil poder organizar y sistematizar la información mediante un sistema que nos permita cuantificar, evaluar y medir lo que se hace.
- Adoptar medidas de sensibilización y concienciación entre las empleadas y empleados públicos de servicios centrales que prestan servicio a todo el territorio.
- Crear Unidades de Lenguas en los Ministerios. Se propone a los Ministerios la designación de una persona responsable, a modo de Unidad de Lenguas, que sirva de interlocutor con la Oficina de Lenguas. Este modelo se basa en las actividades de concienciación desarrolladas con éxito en otras materias, como las unidades de transparencia.
- Aumentar las actividades de formación.
- Revisar y actualizar el repositorio de los documentos. Podría crearse un repositorio nuevo en coordinación con la Dirección General de Gobernanza, responsable de las cuestiones relativas a imagen institucional.
- Necesidad de aumentar la dotación de medios personales y materiales para el desarrollo de la política lingüística
- Metodología para la validación de páginas web.