El Ejecutivo también ha reiterado su compromiso con las políticas públicas feministas en el marco del Día Internacional de las Mujeres. Además, ha aprobado el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de la Economía Circular y ha regulado los servicios de recarga de vehículos eléctricos.
Con motivo de la celebración, hoy 8 de marzo, del Día Internacional de las Mujeres, el Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional y el III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (PEIEMH) 2022-2025.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha explicado que el texto de la declaración institucional comienza expresando la solidaridad del Gobierno y de España con las mujeres ucranianas cuyos derechos se están viendo «gravemente vulnerados por la invasión criminal de Putin». La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha recordado también a las mujeres rusas que sufren esta guerra.
Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha señalado que Naciones Unidas ha dedicado este día a reconocer «la contribución de mujeres y niñas de todo el mundo que están liderando los esfuerzos de respuesta, mitigación y adaptación al cambio climático para construir un futuro más sostenible para todas las personas».
La Moncloa. 08/03/2022. El Gobierno aprueba el III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-2025 [Consejo de Ministros/Resúmenes]
Irene Montero ha reiterado el compromiso del Gobierno para «convertir el feminismo en una cuestión de Estado» y para impulsar todas las políticas públicas «que puedan remover las desigualdades que las mujeres sufren por el hecho de ser mujeres en el accceso a sus derechos», ya sea en los ámbitos laboral o de salud, en el acceso a la vivienda o en la redistribución de la riqueza.
En este marco encaja el III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-2025, que Irene Montero ha definido como «la hoja de ruta del Gobierno, y por tanto del conjunto de las Administraciones Públicas, para desplegar las políticas de igualdad». La inversión prevista alcanza los 21.319 millones de euros, un 4,4% del presupuesto no financiero del Estado frente al 1,1% del plan anterior, cuya vigencia acabó en 2016.
«Es un plan para aportar, desde las instituciones, a lo mejor que tiene este país, que es el feminismo, y para que todas las mujeres encuentren en lo común y en las instituciones todos los esfuerzos para garantizar todos y cada uno de sus derechos», ha señalado la ministra.
El Plan se estructura en torno a cuatro ejes de intervención. En primer lugar, el Buen Gobierno, para avanzar hacia un modelo de gobierno más inclusivo y democrático; en segundo lugar, la Economía para la vida y el reparto justo de la riqueza, contra la feminización de la pobreza y la precariedad; en tercer lugar, Vidas libres de violencia machista para las mujeres, con el objetivo de erradicar todas las formas de violencia; y por último, un cuarto eje que pretende asegurar a todas las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos en todos los ámbitos de la vida.
El objetivo del primer eje es conseguir que todas las políticas públicas tengan perspectiva de género y, por ejemplo, garantizar que todo el personal público esté formado al respecto.
El segundo eje incide particularmente en las brechas más profundas y concentra el 91% de los recursos económicos del plan en medidas por el empleo digno y la reducción de las brechas salarial y de pensiones, así como en la corresponsabilidad de los cuidados: «Que haya escuelas infantiles de 0 a 3 años, políticas públicas de conciliación como el Plan Corresponsables que permitan que las mujeres, que son las que mayoritariamente asumen esas tareas de cuidados, puedan tener liberado su tiempo para poder ejercer todos y cada uno de sus derechos y no solamente poder conciliar la vida laboral con la vida familiar, sino también la vida personal».
En el tercer bloque, para conseguir vidas libres de violencias machistas, se persigue el fortalecimiento de los sistemas de coordinación y respuesta institucional para la detección precoz y la atención integral a las víctimas, tanto de violencia por parte de su pareja o expareja, sexual, explotación sexual y trata.
En el cuarto eje se recogen medidas diversas para responder a las realidades y necesidades de mujeres que además de la desigualdad por razón de sexo están afectadas por desigualdades provocadas por su orientación sexual, raza, discapacidad u origen.
Reducción de las brechas salarial y de las pensiones
Así lo ha puesto de manifiesto el balance del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del primer año de aplicación del complemento de brecha de género, que ha sido analizado en el Consejo de Ministros.
Este complemento está asociado a la acreditación de un perjuicio en la carrera profesional en los periodos posteriores a tener un hijo, un perjuicio que los datos acreditan que sufren mayoritariamente las mujeres: «De cada 20 personas que reciben el complemento, 19 son mujeres», ha destacado Isabel Rodríguez.
En vigor desde febrero de 2021, este complemento sustituyó al aprobado en 2015 y que fue considerado discriminatorio por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya que no preveía que se pudiera ser beneficiario del mismo a partir del primer hijo sino solamente a partir del segundo. Actualmente, de los 190.000 perceptores, casi 41.000 tienen un solo hijo a cargo.