El Ejecutivo ha destinado, además, 471 millones de euros a actividades de interés social y ha impulsado la protección de las entidades que prestan servicios esenciales en sectores estratégicos.
El Consejo de Ministros ha aprobado el procedimiento para establecer los coeficientes reductores que permitan anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social para las actividades más penosas o peligrosas.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado que algunos trabajos se vuelven especialmente duros en los últimos años de vida laboral y que los datos avalan la existencia de actividades con más accidentes de trabajo y enfermedades profesionales asociadas. En el marco del diálogo social -ha recordado-, el Ejecutivo acordó con las organizaciones sindicales y empresariales diseñar un procedimiento basado en criterios objetivos para que los trabajadores que desempeñan esas actividades puedan anticipar su jubilación.
Criterios objetivos para la jubilación anticipada
El Gobierno ha aprobado hoy, en concreto, los criterios objetivos, basados en la evidencia científica, para determinar cuáles son las ocupaciones de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa y que sufren elevados índices de morbilidad o mortalidad. Cuando en esos casos no sea factible mejorar las condiciones laborales, los trabajadores podrán jubilarse antes de lo ordinario. El cambio, según ha manifestado Elma Saiz, «nos acerca a políticas aprobadas por los países del entorno europeo, como Francia, Austria o Italia, pero sobre todo es un paso adelante en justicia social».
La ministra ha señalado que uno de los grandes avances de la norma es que define con exhaustividad la naturaleza de las actividades que podrán acceder a esos coeficientes, de acuerdo a su penosidad, toxicidad, peligrosidad e insalubridad. La penosidad incluye elementos como la exposición a ruidos o el uso permanente de fuerza física; la toxicidad se refiere a la exposición a agentes físicos, químicos o biológicos; la peligrosidad contempla las actividades más susceptibles de causar accidentes laborales o una enfermedad profesional, y la insalubridad supone la exposición a un ambiente susceptible de perjudicar a la salud.
Para acreditar que se dan las circunstancias que justifican la aplicación de los coeficientes reductores, se ha establecido una fórmula a partir de indicadores objetivos: la incidencia de la incapacidad temporal, los fallecimientos e incapacidades permanentes y la duración media de esos procesos. Elma Saiz ha indicado que, posteriormente, se elaborará un informe para medir también otros factores como las contingencias comunes o profesionales, la edad y el sexo, la rotación en el trabajo o el tamaño de la empresa.
Las organizaciones empresariales, sindicales y de autónomos y, en algunos casos, las propias administraciones públicas serán las encargadas de solicitar la aplicación de los coeficientes reductores a un colectivo concreto. El Ministerio recabará informes de diversos organismos, y una comisión de evaluación con representantes ministeriales y de los interlocutores sociales informará sobre el reconocimiento de los coeficientes. La aplicación de estos conllevará un incremento de la cotización a la Seguridad Social, conforme «al principio de equidad y de justicia contributiva de nuestro sistema», según ha defendido Elma Saiz.
La ministra ha puntualizado que este nuevo procedimiento no afecta a las ocupaciones que ya disponen de la posibilidad de anticipar la edad de jubilación, como ocurre con las personas trabajadoras del mar, la minería o el personal de vuelo, entre otros ámbitos.