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La Generalitat garantiza la continuidad del servicio de cajeros automáticos en municipios de interior en riesgo de despoblación

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El director general de Administración Local asegura la prestación del recurso “para que ningún ciudadano se quede atrás, independientemente de su lugar de residencia”

El director general de Administración Local, José Antonio Redorat, ha asegurado que la Generalitat garantizará la continuidad del servicio de cajeros automáticos en los municipios de interior de la Comunitat Valenciana que carecen de sucursal bancaria y que sufren el fenómeno de la despoblación.

El Gobierno valenciano mantendrá este servicio esencial pese a que el contrato vigente heredado de la legislatura anterior inicia su vencimiento en enero de 2026 de forma escalonada en los diferentes municipios y no permite prórroga.

Redorat ha explicado que el Consell “está plenamente comprometido con los municipios en riesgo de despoblación, no solo garantizando un servicio como los cajeros automáticos, sino incrementando el presupuesto y los recursos humanos destinados a cohesionar y revitalizar nuestro interior”, ha asegurado.

En este sentido, el director general de Administración Local ha afirmado que trabajamos de manera trasversal “para garantizar que este servicio no se interrumpa. Nuestro objetivo es que ningún ciudadano se quede atrás, independientemente de su lugar de residencia”.

Actualmente, los municipios sin servicio bancario o en riesgo de exclusión financiera cuentan con 135 cajeros automáticos instalados por Caixabank en el territorio de la Comunitat Valenciana. Este servicio beneficia a cerca de 73.000 personas en el ámbito rural.

Medidas que aseguran el servicio

El Gobierno valenciano mantendrá este servicio esencial a través de diferentes actuaciones para garantizarlo. Estas medidas garantizan que el servicio no se interrumpa en ningún momento. Para ello, la Generalitat cubrirá las anualidades de 2026 y 2027 con una línea compensatoria y un reajuste presupuestario. Paralelamente, en 2026 se iniciará la licitación para adjudicar el nuevo contrato en 2027, que entrará en vigor en 2028.

Asimismo, se incluye una dotación de 100.000 euros a cada una de las diputaciones provinciales en el presupuesto de 2026. Este fondo está destinado a combatir la exclusión financiera y facilita que las corporaciones provinciales puedan ayudar a los ayuntamientos con menor capacidad de gestión a abordar la licitación de este servicio.

“Desde el momento en que asumimos la Dirección General hemos trabajado para dar solución a esta situación heredada”, ha señalado Redorat. “El contrato vigente, suscrito en la anterior legislatura, no contemplaba posibilidad de prórroga y establecía un vencimiento progresivo que dificultaba la planificación de un nuevo procedimiento. Esta falta de previsión ha generado un escenario complejo que estamos resolviendo con responsabilidad y rigor para garantizar la continuidad del servicio.”

El director general ha subrayado además que estas acciones “se enmarcan en un compromiso más amplio de la Generalitat con la lucha contra el despoblamiento y la garantía de igualdad de oportunidades”.

La Generalitat ha recordado que este problema es común en los municipios en riesgo de despoblación en todo el país y ha reclamado en reiteradas ocasiones la implicación del Gobierno central para garantizar soluciones estables. Ante esta falta de respuesta, el Gobierno valenciano ha adoptado medidas para asegurar la continuidad del servicio y ha previsto líneas nominativas para los municipios que así lo soliciten, reafirmando su compromiso con la lucha contra la exclusión financiera.

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