Les Corts han aprobado por unanimidad la nueva normativa que se adapta a la realidad social y jurídica actual
La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha celebrado el respaldo unánime del Parlamento valenciano a la nueva Ley de Perros de Asistencia de la Comunitat Valenciana, “una norma que está alineada con la realidad social y jurídica actual y supone un avance real y necesario para las personas con discapacidad”.
La Comunitat Valenciana fue pionera en 2003 al regular los perros de asistencia, sin embargo, más de veinte años después era imprescindible adaptar la ley a la evolución social y a la normativa estatal vigente. Por ello, la norma, que actualiza la Ley 12/2003, “es un paso más hacia la accesibilidad universal y un impulso a los derechos, la autonomía y la inclusión de las personas con discapacidad”, ha asegurado la consellera.
Más derechos y mejor protección
El texto legal amplía y detalla los derechos de acceso, circulación y permanencia de las personas usuarias de perros de asistencia en espacios públicos, transportes y establecimientos, y reconoce de forma expresa a las personas educadoras de cachorros y a los adiestradores de perros en formación.
Además, regula la situación de los perros de asistencia jubilados, velando por su bienestar, y crea un registro oficial de perros de asistencia y unidades de vinculación en el ámbito de la Conselleria competente en servicios sociales, lo que permitirá mejorar el control administrativo y la protección efectiva de los derechos.
Ley moderna y garantista
La consellera ha explicado que la nueva regulación establece un marco normativo claro que define y regula los perros de asistencia, diferenciándolos de otras figuras como los animales de apoyo emocional o los programas de terapia asistida con animales, “garantizando que los derechos de acceso se reconozcan únicamente a los perros de asistencia vinculados a una persona con discapacidad”.
Asimismo, la ley regula de forma específica los requisitos de adiestramiento, certificación y acreditación y contempla el papel de los centros y entidades formadoras, lo que asegura la calidad y profesionalización del servicio. “Damos garantías tanto a las personas usuarias como al conjunto de la sociedad”, ha señalado Albalat.
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