- La norma considera a las víctimas con necesidades específicas como un agravante e introduce la obligatoriedad de una figura de coordinación con dedicación exclusiva en los centros
- El decreto endurece la respuesta frente al acoso y ciberacoso y regula el uso de dispositivos móviles en las aulas
La consellera de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, Carmen Ortí ha celebrado la entrada en vigor este miércoles del nuevo decreto de la convivencia en el sistema educativo de la Comunitat Valenciana, que nace con el objetivo de reforzar la protección del alumnado, especialmente el más vulnerable, prevenir la violencia en las aulas y consolidar entornos educativos seguros, inclusivos y respetuosos.
La consellera ha explicado que la nueva normativa da respuesta a “una demanda del colectivo docente y también de las familias ante el aumento de la violencia y el ciberacoso en los últimos años”.
La norma, que establece uno de los marcos normativos más actualizados en España para la gestión de la convivencia escolar, es fruto de “un procedimiento participativo con la consulta pública y la inclusión de propuestas de todos los sectores educativos y sociales que quisieron realizar aportaciones”.
Entre las principales novedades, incorpora una vertiente inclusiva, reforzando la protección de las víctimas, especialmente del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o en situación de vulnerabilidad, que actuará como causa agravante en la gradación de la responsabilidad.
En palabras de la consellera, representa “un blindaje legal ante las conductas que alteran la convivencia en los centros educativos, garantizando la protección y el bienestar del alumnado, incluyendo la igualdad, la inclusión, el respeto a la diversidad, así como los derechos regulados en la normativa vigente”.
Coordinación de bienestar y protección
En esta línea, con el objetivo de garantizar el derecho de las víctimas a la información, su participación en el procedimiento y un trato respetuoso se consolida la figura de la coordinación de bienestar y protección como elemento clave en la prevención y actuación ante situaciones de violencia.
Bajo la supervisión de la dirección del centro, y en colaboración con los servicios de orientación, esta nueva figura será la responsable de articular las medidas de protección del alumnado, impulsar protocolos y trabajar de manera coordinada con los profesionales de los Servicios Sociales, de salud mental infanto-juvenil y de otros recursos del entorno.
Por otro lado, el Decreto refuerza la respuesta frente al acoso escolar y el ciberacoso, regula el uso de dispositivos móviles y simplifica los procedimientos disciplinarios.
Respecto al uso de dispositivos móviles en los centros educativos, la norma regula su uso, permitiéndolo únicamente con fines didácticos recogidos en el proyecto educativo o por motivos de salud debidamente justificados, con el objetivo de mejorar la convivencia y el bienestar socioemocional del alumnado.
Paralelamente, Ortí ha subrayado que la nueva norma “regula la aplicación de procedimientos de conciliadores basados en la mediación y reconoce la autoridad docente. En este sentido, el profesorado cuenta con protección jurídica y cualquier agresión, injuria u ofensa en el ejercicio de sus funciones pasa a ser considerada falta grave.
Además, el Decreto incorpora medidas educativas provisionales, el procedimiento conciliador ante faltas graves y la posibilidad de tramitación urgente de los expedientes disciplinarios en los casos más graves, reduciendo plazos y garantizando la seguridad jurídica.
Paralelamente, se simplifica la gestión administrativa mediante un módulo específico en la plataforma ITACA que permitirá el seguimiento digital de los procedimientos.
En definitiva, con este Decreto la Generalitat avanza en la actualización del marco normativo de convivencia educativa y en el fortalecimiento de la respuesta de los centros ante el incremento de las incidencias registradas en los últimos años.
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