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Justicia abre el plazo para la constitución del nuevo Consejo de Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana

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  • La Generalitat busca fortalecer la democracia participativa involucrando a sectores que van desde la cultura, la salud, asociaciones vecinales y entidades ciudadanas de diferentes ámbitos
  • Las solicitudes pueden presentarse entre el 3 de febrero y el próximo 3 de marzo

La Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación ha publicado la apertura del plazo para la presentación de candidaturas y el nombramiento de la nueva representación de las entidades ciudadanas que deseen formar parte del Consejo de Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana.

Tal como recoge el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), el pleno del Consejo estará integrado por la presidencia, la vicepresidencia, 34 vocalías y una secretaría. Las organizaciones interesadas podrán postularse para integrarse en este órgano, considerado una pieza fundamental para impulsar la implicación de la sociedad en el diseño y seguimiento de las políticas públicas. El Consejo tiene como misión principal canalizar la voz de la sociedad civil organizada, fomentando la colaboración estrecha con la administración autonómica.

En cuanto a su distribución, la normativa establece que nueve de estas vocalías representarán a administraciones y organismos públicos, mientras que las 25 restantes estarán ocupadas por representantes de entidades ciudadanas, ya sean asociaciones o sus respectivas federaciones y confederaciones, que ostenten la representación de la ciudadanía y hayan sido designadas formalmente por sus propias organizaciones.

Esta distribución garantiza un equilibrio entre los distintos agentes sociales y asegura que el debate sobre el estado de la participación en la Comunitat Valenciana cuente con el rigor técnico y la representatividad necesaria.

El periodo de solicitud permanecerá abierto desde el 3 de febrero hasta el próximo 3 de marzo a través del procedimiento telemático disponible en la sede electrónica de la Generalitat, accediendo mediante a través del siguiente enlace.  Durante este mes, las organizaciones interesadas podrán postularse para integrarse en este órgano, considerado una pieza fundamental para impulsar la implicación de la sociedad en el diseño y seguimiento de las políticas públicas. El Consejo tiene como misión principal canalizar la voz de la sociedad civil organizada, fomentando la colaboración estrecha con la administración autonómica.

Diversidad de sectores en la representación ciudadana

Para garantizar una representación plural, la convocatoria está abierta a entidades que operan en ámbitos muy diversos. En el área social y educativa, se busca la participación de asociaciones de madres y padres de alumnado, así como de entidades dedicadas a la salud, la defensa de los derechos de personas con discapacidad, inmigrantes, refugiados y el apoyo a la infancia y la familia. Asimismo, tienen cabida las organizaciones de voluntariado, entidades filantrópicas y asociaciones de carácter confesional.

El tejido asociativo vinculado a la identidad y el territorio también ocupa un lugar central. Podrán presentar candidatura las asociaciones culturales, deportivas, festivas y de defensa del patrimonio, además de aquellas dedicadas a la protección del medio ambiente. Del mismo modo, se convoca a las asociaciones vecinales, casas regionales, organizaciones de consumidores y entidades que representan a ciudadanos de otras comunidades autónomas o países con presencia en la Comunitat Valenciana.

Finalmente, el proceso incluye a las organizaciones enfocadas en la defensa de derechos colectivos, la política y el ámbito jurídico. Con esta amplia apertura, la Generalitat pretende reflejar la riqueza de la sociedad civil valenciana en un órgano que es clave para el diálogo permanente entre las instituciones y la ciudadanía.

Esta convocatoria se enmarca en el nuevo decreto aprobado por el Consell para regular los órganos de participación ciudadana, adaptándolos a la Ley 4/2023 de Participación Ciudadana y Fomento del Asociacionismo. Esta norma sustituye al marco de 2016 con el fin de modernizar la relación entre la administración y la sociedad civil, consolidando una democracia más deliberativa que refuerce la colaboración en el diseño y mejora de las políticas públicas según el Estatut d’Autonomia.

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