El director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo califica de “éxito social” la norma aprobada en les Corts Valencianes y agradece el trabajo conjunto de quienes han colaborado en su elaboración
La reforma elimina trabas burocráticas, amplía el acceso, incorpora nuevos complementos y refuerza los itinerarios de inclusión social
La nueva ley de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) vincula el mantenimiento de la prestación al compromiso de las personas beneficiarias con el empleo y beneficiará a personas arraigadas en la Comunitat Valenciana en situación de vulnerabilidad. Estas son algunas de las novedades más relevantes de una norma que moderniza el principal pilar del sistema de protección social autonómico.
El Pleno de Les Corts ha dado este miércoles luz verde definitiva al texto, que actualiza la regulación vigente para adaptarla a las nuevas realidades sociales y económicas y que entrará en vigor en octubre de 2026. La estimación de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia es que la reforma permitirá ampliar la cobertura a más de 7.000 nuevas familias, alcanzando así un total de más de 37.000 hogares.
A este respecto, el director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo, Pedro Carceller, ha calificado la aprobación de la norma como “un éxito social que sitúa a la Comunitat Valenciana a la vanguardia de las políticas de inclusión”.
Además, Pedro Carceller ha destacado que la nueva ley “nace del diálogo con los servicios sociales municipales, las entidades del tercer sector y las propias personas en situación de vulnerabilidad, porque esta ley se ha hecho escuchando a quienes mejor conocen la realidad de la exclusión social”.
Igualmente, el director general ha agradecido el trabajo conjunto que ha hecho posible la tramitación de la norma, “un proceso participativo en el que han colaborado numerosas entidades y colectivos que nos han ayudado a construir una herramienta más justa, más ágil y más humana”.
Novedades
Una de las novedades más significativas que introduce la ley es la compatibilidad plena entre la percepción de la RVI y los ingresos derivados del trabajo, y viene a solucionar el dilema de muchas familias que se enfrentaban a perder la ayuda al incorporarse al mercado laboral, lo que generaba un efecto desincentivador y perpetuaba situaciones de pobreza.
En este sentido, Carceller ha indicado que “con esta ley, las personas podrán compatibilizar el empleo con la ayuda hasta que alcancen su completa normalización laboral y nadie va a tener que elegir entre un trabajo y poder llegar a fin de mes, convirtiéndose la RVI en una verdadera herramienta de inclusión activa”.
La nueva norma también apuesta por la simplificación administrativa como eje transversal. Así, la Dirección General de Inclusión y Cooperación al Desarrollo asumirá la instrucción de los expedientes, liberando a los servicios sociales municipales de las tareas burocráticas que hasta ahora lastraban su labor, permitiendo a los profesionales de atención primaria centrarse en el acompañamiento personalizado y en el diseño de itinerarios de inclusión adaptados a cada persona.
El refuerzo de los itinerarios de inclusión social constituye otro de los pilares fundamentales de la reforma, al apostar la ley por un modelo de intervención social que va más allá del mero apoyo económico, promoviendo estrategias personalizadas que aborden las causas generadoras de la pobreza y faciliten la salida definitiva de la exclusión.
En materia de protección a los colectivos más vulnerables, la ley introduce un complemento para la infancia, diseñado específicamente para combatir la pobreza infantil y romper su transmisión intergeneracional; y un complemento de emergencias que incrementará en un 15 % la prestación en aquellos casos de emergencias oficialmente declaradas, garantizando una respuesta ágil ante situaciones sobrevenidas.
La ampliación de los criterios de acceso permitirá que más personas en situación de vulnerabilidad puedan beneficiarse de la RVI. Entre los colectivos que verán reforzada su protección se encuentran las personas mayores de 65 años, que hasta ahora quedaban en ocasiones desprotegidas, así como los hogares monoparentales y las personas con problemas de salud mental, que contarán con una atención prioritaria.
La nueva ley refuerza asimismo los mecanismos de supervisión y control, incorporando por primera vez un régimen de infracciones y sanciones, con el fin de garantizar que los recursos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan, combinando la protección de las personas con la protección del sistema.
Otra de las novedades destacadas es la compatibilidad de la RVI con otras prestaciones sociales, tanto públicas como privadas. La norma permite que la renta se complemente con subsidios por desempleo, pensiones no contributivas y otras ayudas, con el objetivo de generar un impacto más efectivo en la reducción de la pobreza tras los efectos de la inflación de los últimos años.
Además, la ley también apuesta por la inclusión financiera al permitir los pagos mediante medios prepago, una medida pensada para aquellas personas con dificultades para acceder a sistemas bancarios tradicionales.
Tras la aprobación de la ley, en las dependencias de las Corts Valencianes, la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha entregado varios ejemplares del texto legislativo a los representantes de las asociaciones invitadas al pleno —educadores sociales, entidades de lucha contra la pobreza, beneficiarios de la RVI que han participado en el proceso, la Plataforma del Tercer Sector, Cruz Roja, Save the Children y AESCO—, a quienes ha explicado las principales novedades de la nueva norma.
Deja una respuesta