Ha remitido una carta al ministro con competencias en vivienda, José Luis Ábalos, en la que le propone un acuerdo estatal en la materia
El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, ha enviado una carta al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en la que le pide que «la suspensión de los procedimientos de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, previsto tras la finalización del estado de alarma, se prolongue durante seis meses más para los supuestos contemplados en la normativa vigente, por cuanto resulta previsible que los indeseables efectos económicos de la COVID-19 persistan, al menos, durante dicho período».
El vicepresidente ha explicado que «seis meses más van a suponer un año de seguridad y, por lo tanto, de tranquilidad para aquellas personas de la Comunitat y del resto de España que van a ser desahuciadas». Se trata ha dicho de abordar este nuevo problema de forma eficaz, y para hacer efectivo de manera permanente el derecho a una vivienda digna y adecuada.
Asimismo, Martínez Dalmau propone al ministro «la consecución de un acuerdo estatal en materia de vivienda que garantice los derechos sociales, blinde y ponga en valor los servicios públicos e impulse las medidas necesarias para la transición ecológica y la sostenibilidad ambiental».
Un acuerdo estatal que, según ha destacado Martínez Dalmau, debería contemplar «la regulación inmediata de los precios del alquiler, implementando las actuaciones necesarias para poner freno a las subidas abusivas de precios que tienen lugar en determinadas zonas tensionadas, al tiempo que se adoptan medidas para evitar los posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler».
También, según Martínez Dalmau, debería establecer los mecanismos de colaboración necesarios con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), para «poner a disposición de las diferentes administraciones públicas las viviendas que conforman su cartera y, así, poder dedicarlas al alquiler social».
De esa forma, según ha subrayado, «la ciudadanía podría obtener algún beneficio de los rescates bancarios llevados a cabo por parte del Estado, ante la ausencia de perspectivas inmediatas de recuperación de lo invertido por este en las entidades de crédito y ante la participación del 45 % que posee el Fondo Reestructurado de Ordenación Bancaria en dicha entidad»
El acuerdo estatal debería incluir, además, la articulación de nuevas medidas de apoyo a las administraciones autonómicas y locales para la adquisición de viviendas con destino al alquiler social, mediante la aprobación de un Plan Estatal para la Adquisición de Vivienda, la defensa de la función social de la vivienda y el impulso a la rehabilitación de viviendas, edificios y la renovación urbana como motor de la reconstrucción verde.
Por último, ha trasladado al ministro el apoyo y colaboración de la Generalitat para afrontar los retos de esta nueva etapa de reconstrucción.