Además, la Conselleria de Justicia habilitará un programa de cien becas de 500 euros mensuales para ayudar a preparar oposiciones a juez/a, fiscal/a o letrados/as
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha anunciado que la próxima Oferta Pública de Empleo incluirá las primeras oposiciones para un cuerpo de la Generalitat que no tendrán fase de concurso para el 50% de las plazas ofertadas.
Así lo ha explicado este miércoles en la apertura del IV ‘Fòrum d’Ocupació’ organizado por la Facultad de Derecho de la Universitat de València en el que ha animado a los estudiantes a «explorar las posibilidades de desarrollo profesional que la Generalitat Valenciana puede ofrecer» a los jóvenes recién licenciados.
La consellera ha revelado que el próximo mes de marzo se publicará la Oferta de Empleo Público (OPE) de 2022. En cumplimiento de lo que establece la nueva Ley de la Función Pública Valenciana, en esta OPE «incluirá las primeras oposiciones «para los puestos más altos de la Administración autonómica en las que un 50 por ciento de las plazas ofertadas serán libres, es decir, que no habrá fase de concurso con lo que la experiencia -los famosos puntos- no será tenida en cuenta para el acceso a la Función Pública».
Bravo ha dicho a los y a las estudiantes que ya se está trabajando para implantar «medidas para crear un acceso a la función pública más ágil y atractivo, de forma que se reduzcan los temarios y se supere el modelo de evaluación memorística» mediante «un sistema similar al MIR de los médicos».
En este sentido, la responsable de la Función Pública ha insistido en que «el Consell del Botànic no va a consentir que la situación económica sea un factor discriminatorio o desmotivador ante ese futuro incierto que representa la oposición».
Por ello, ha recordado al alumnado de la Facultad de Derecho que la Conselleria «dispone del Programa 500 en el que ofrecemos ayudas de hasta 500 euros a jóvenes menores de 31 años que estén preparado oposiciones de la Generalitat para cuerpos que requieran formación universitaria».
La consellera ha recordado que alrededor de un tercio de la plantilla de la Generalitat se jubilará en los próximos años con lo que «vamos hacia un relevo generacional de las plantillas públicas sin precedentes en un contexto de transformación digital acelerada».
Por eso, para la consellera «no sólo necesitamos contar con un capital humano joven, profesionalizado, competente e íntegro. Es que precisamos jóvenes que incorporen su visión y su enfoque a la producción de valor público, que participen en la definición de las políticas públicas, en su aplicación efectiva y en su evaluación».
Becas para Justicia
Por otra parte, la consellera ha anunciado también que se está diseñando un programa de becas para apoyar a los aspirantes a juez, fiscal, al cuerpo de Abogados del Estado y al Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de Justicia. «Si entre vosotros y vosotras hay quien está considerando preparar las pruebas de acceso a la Generalitat o a un cuerpo de la Administración de Justicia, debe saber que nosotros le ayudaremos a sufragar los gastos vinculados a ello, pues reconocemos su esfuerzo y queremos que su situación socioeconómica no sea un impedimento para cumplir este objetivo», ha detallado la consellera.
Estas ayudas se concederán a licenciados y licenciadas en Derecho con buen expediente académico que acrediten que están preparándose para las pruebas de acceso a estos cuerpos en un centro especializado o mediante un preparador individual.
Bravo ha detallado que la primera convocatoria de este programa de ayudas se llevará a cabo a finales del próximo mes de mayo o principios de junio, en cuanto se elabore el decreto que regulará la concesión de estas subvenciones. Para su primera edición, la dotación prevista es de 500.000 euros, lo que permitirá otorgar un centenar de becas de 500 euros al mes.
«La Administración es el motor de los cambios que la sociedad requiere para mejorar y que precisa de buenos profesionales que materialicen los derechos sociales, políticos y económicos que merece la ciudadanía», ha concluido Gabriela Bravo.