Señalan que una factura de agosto de este año puede ser incluso mayor que todas las de 2021
LA UNIÓ de Llauradors ha realizado un sondeo entre las comunidades de regantes de la Comunitat Valenciana y ha podido comprobar como el precio de la electricidad se ha cuadruplicado en menos de un año y pone en una situación insostenible la viabilidad de muchas de ellas.
Entre julio y agosto la mayor parte de las comunidades de riego consultadas por LA UNIÓ ven sus facturas de electricidad casi cuadruplicadas y algunas de ellas han visto como la factura del pasado mes de agosto es superior incluso a todas las del año 2021 o que los impuestos o la cuantía del tope al gas hinchen las facturas hasta el punto de que el IVA de las facturas de cualquiera de las de ahora sea superior al gasto por consumo en electricidad de una de hace unos meses.
Llama la atención desde agosto un nuevo concepto que aparece en las facturas como es el de cargos normativos que aplican las empresas distribuidoras de electricidad en compensación por el tope al precio del gas del Gobierno. En definitiva, un nuevo impuesto a cargo del contribuyente. También han detectado las comunidades de regantes como en la nueva tarifa para potencias superiores a 15 kW y en el tramo más barato P6, a la hora de renovar el contrato el precio les ha pasado de 0,06-0,09 € a casi 0,20 €.
Debido a toda esta situación, las comunidades de regantes se ven obligadas estos días a subir el precio del riego para sus socios comuneros hasta llegar a casi cuadriplicarse para efectuar los pagos por la energía y evitar que les corten el suministro eléctrico. En la Comunitat Valenciana se riega de pozo o motor, principalmente. Por lo tanto, cada hanegada de cultivo paga una cuota para el mantenimiento del motor (luz, reparaciones motor, canalizaciones, etc.). Como cada vez hay más abandono, estas parcelas dejan de regar y por tanto de pagar. Lo que estas parcelas no pagan se tiene que distribuir entre las parcelas que riegan y pagan, aumentando el coste de forma considerable principalmente a los profesionales y poniendo en claro riesgo el futuro de aquellas personas que sí desean seguir viviendo de la actividad agraria.
Los regantes sufren, así, una merma la rentabilidad de sus explotaciones por los bajos precios que perciben y por los altos costes de producción, entre ellos los de la electricidad y otros inputs necesarios para la actividad agraria, además en un contexto de incertidumbre ocasionado por, entre otras cuestiones, la guerra en Ucrania, las adversidades climatológicas o las plagas, entre otras cosas.
Ante esta circunstancia y para evitar el abandono de más explotaciones agrícolas, LA UNIÓ reclama una serie de medidas urgentes para reducir los gastos por la electricidad para el riego y entre ellas la de la doble tarificación que serviría para este contexto de precios desorbitados de la energía o la rebaja de la fiscalidad de las facturas como es por ejemplo un IVA reducido para los agricultores profesionales en las tarifas de riego.
Sobre la doble tarificación está admitida a trámite por el Tribunal Supremo una demanda por parte de LA UNIÓ y su organización estatal Unión de Uniones contra el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) por no cumplir con la regulación del contrato de doble potencia para regadío que tenía previsto en los presupuestos de 2021. También en la modificación de la Ley de la cadena alimentaria se establece que “El Gobierno posibilitará la contratación de dos potencias eléctricas a lo largo del año, discriminando la época de riego y la de no riego (…).”.
Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, señala que “el Gobierno no puede esperar ni un minuto en tomar decisiones urgentes que den un pequeño balón de oxígeno a los profesionales del campo. Si de verdad consideran que son el gobierno de la gente hay que demostrarlo en ocasiones como esta”.