La lucha contra la despoblación, la libertad educativa, la desalinizadora de Torrevieja o la Ley de Mancomunidades centra las mociones de la sesión plenaria de mayo
La Diputación de Alicante destinará 1,3 millones de euros a colaborar con los ayuntamientos y las asociaciones sin fin de lucro de la provincia en el desarrollo y fomento de actividades de carácter social y en la adquisición de equipamiento. Así se ha acordado hoy en el pleno ordinario de la institución provincial con la aprobación por unanimidad de las dos convocatorias a través de las que se articularán estas subvenciones.
Por un lado, la Diputación impulsará una línea de ayudas, dotada con 930.000 euros, para municipios de menos de 20.000 habitantes y mancomunidades. La realización de actividades de promoción social dirigidas a colectivos vulnerables y la adquisición de equipamiento y vehículos para uso social serán objeto de estas subvenciones en cuyo reparto se tendrá en cuenta el número de habitantes de la localidad, favoreciendo a los más pequeños, o los destinatarios del proyecto.
Por otra parte, la institución también se volcará con las asociaciones sin fin de lucro que desarrollan su actividad en el ámbito social, que contarán con ayudas por valor de 350.000 euros para la compra de bienes inventariables, incluidos vehículos, que sean utilizados para la realización de programas y actividades de atención social a personas con diversidad funcional, enfermedad mental, colectivos con necesidades socio-sanitarias, mayores o menores en riesgo.
Mociones
La corporación provincial ha impulsado, asimismo, una declaración institucional conjunta para mostrar su adhesión a la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Orihuela ante la Generalitat para que el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y pueblos de su marco sea declarado Bien de Interés Cultural Inmaterial.
Por otro lado, en el apartado de mociones se ha debatido una presentada por el Grupo Popular en la que rechaza la ubicación de la planta fotovoltaica para dotar de energía eléctrica a la estación desalinizadora de Torrevieja prevista en el norte del casco urbano de San Miguel de Salinas, en una superficie de cerca de 200 hectáreas. En este sentido, desde las filas populares se critica que “no se ha tenido en cuenta la opinión de los vecinos del municipio” y que los colectivos ecologistas “ya han mostrado su rechazo inmediato”, al igual que los agricultores que califican la propuesta de “auténtica barbaridad”, ya que “arrasa con los mejores suelos agrícolas de San Miguel de Salinas”.
Por todo ello, se insta, tal y como ha precisado el diputado popular Antonio Bernabeu, a la paralización inmediata de esta iniciativa y que ésta se lleve a cabo mediante un modelo sostenible y respetuoso con el territorio, sin afección para la huerta de San Miguel de Salinas y la comarca. La moción popular ha contado con el respaldo del Grupo Compromís y la abstención del PSOE, que aunque ha mostrado su respaldo a los vecinos del municipio, no estaba de acuerdo con la redacción del texto.
Desde el Grupo Socialista, por su parte, se han presentado tres mociones para solicitar, por un lado, que la Diputación de Alicante transfiera los Fondos de Cooperación Municipal para luchar contra la Despoblación a los ayuntamientos, de la misma forma y en las mismas cantidades que lo hace la Generalitat, a la que también solicita el cumplimiento íntegro de la Ley de Lucha contra la Despoblación aprobada en abril de 2023. En este caso, Compromís también se ha sumado a la propuesta y el Grupo Popular la ha rechazado argumentando que tanto la Diputación como la Generalitat Valenciana están trabajando ya en esta cuestión desde distintos ámbitos y defendiendo que las aportaciones de la institución provincial a los municipios, especialmente a los más pequeños, es “mucho mayor” que la que reciben de la administración autonómica a través del citado fondo.
La otra propuesta presentada por los socialistas instaba también al Consell a que no modifique la Ley de Mancomunidades de la Comunitat Valenciana. El equipo de gobierno ha vuelto a votar en contra, alegando la defensa de las ‘mancomunidades tradicionales’ pero no la de las mancomunidades comarcales “ya que supone la creación de una administración más, con más funcionarios y más gasto público”. Frente a ellas, la vicepresidenta y diputada de Administración General, Marina Sáez, ha reivindicado el papel de colaboración y asistencia de las diputaciones.
La tercera moción del Grupo Socialista mostraba su apoyo a un servicio permanente de un TRAM nocturno y ha salido adelante por unanimidad tras incorporar una enmienda in voce realizada por el propio presidente de la Diputación, Toni Pérez, instando a la mejora del servicio de determinadas líneas del tranvía.
Finalmente, desde el Grupo Compromís se ha llevado a pleno una moción solicitando la retirada del proyecto de ley de Libertad Educativa al entender que es una propuesta “sin criterios pedagógicos y perjudicial para el aprendizaje de las lenguas”. El Grupo Popular ha votado en contra de la moción, apelando a la “libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos», mientras que el Grupo Socialista ha votado a favor por entender que “ideologiza y censura el aprendizaje del valenciano”.
Centro de Congresos de Alicante
En el apartado de ruegos y preguntas y ante las cuestiones formuladas por el Grupo Socialista en torno a la elección del diseño del futuro Centro de Congresos de Alicante – jurado y financiación-, la diputada de Arquitectura, Carmen Sellés, ha defendido la actuación del jurado internacional que el pasado 22 de abril dio a conocer el nombre del proyecto ganador.
Al respecto, ha explicado que las bases del certamen establecían que el jurado debía ser de reconocido prestigio internacional “como así ha sido, ya que había mas de un miembro del mismo con una reconocida proyección internacional”, a pesar de que en las últimas deliberaciones no pudo participar la arquitecta internacional Nathalie de Vries por cuestiones personales.
“En las bases de la convocatoria no establece en ningún lugar la necesidad de nacionalidades diversas de los miembros del jurado…. lo que se establece es que sean de reconocido prestigio internacional, que no es lo mismo. Solo se exige que uno de los componentes del jurado tenga ese reconocimiento internacional, cuando en este caso hay más de un miembro que lo tiene” ha indicado la diputada.
Por otra parte, y en relación con la financiación del futuro edificio, Sellés ha argumentado que el Protocolo General de actuación firmado establece que la Diputación debe asumir dos tercios del coste de ejecución material. Además, ha añadido que hace unos días el president de la Generalitat, Carlos Mazón, “garantizó su apoyo total al proyecto, desde su promoción, explotación posterior y también en su financiación”.
“A partir de que se consolide el proyecto comenzarán a trabajar todas las administraciones juntas, Diputación, Ayuntamiento, Generalitat y Autoridad Portuaria, para hacer realidad la construcción del Centro de Congresos”, ha indicado la diputada, quien también ha precisado sobre la posible fecha de inicio de las obras que “esta está condicionada por la modificación del Plan Especial del Puerto de Alicante, por lo que no es posible aventurar una fecha para el acta de replanteo de las obras. Si que les puedo decir que la fecha de finalización será como máximo de 30 meses desde el inicio, según lo establecido en las bases que han regido la convocatoria”.