El acuerdo establece la puesta en marcha de una estrategia de vacunación común, que se elaborará de forma conjunta, teniendo en cuenta la opinión de expertos en bioética y de sociedades científicas y se aprobará en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).
El Ministerio de Sanidad ha acordado con las comunidades autónomas (CCAA) un nuevo paquete de medidas de coordinación entre todas las administraciones para reforzar las acciones dirigidas a hacer frente a la epidemia provocada por la COVID-19.
Se trata de una decisión tomada en el seno del Consejo Interterritorial del sistema Nacional de Salud (SNS) celebrado ayer por la tarde. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya avanzó, tras la Conferencia de Presidentes del pasado viernes, que propondría en el seno del Consejo Interterritorial del SNS nuevas medidas coordinadas en salud pública.
La Declaración de Actuaciones Coordinadas responde a la necesidad de reforzar las medidas de control de la COVID-19 con una mayor vigilancia y control y minimizar así los riesgos para la salud de los grupos vulnerables y de la población en general. Así, se ha acordado la puesta en marcha de una estrategia de vacunación común, que se elaborará de forma conjunta, teniendo en cuenta la opinión de expertos en bioética y de sociedades científicas y se aprobará en el Pleno del CISNS.
Las comunidades autónomas, por su parte, deberán disponer de todos los materiales, equipos y recursos necesarios para la administración de las vacunas que provea el Ministerio de Sanidad.
Además, se creará un registro estatal de vacunación frente al SARS-CoV-2, con información de las CCAA y Ciudades Autónomas.
Estudio de seroprevalencia
Por otra parte, el Ministerio de Sanidad y las CCAA han acordado realizar tres nuevas oleadas del estudio nacional de Seroprevalencia ENE-COVID, en octubre de este año, en febrero y en junio de 2021.
En su anterior edición, el estudio ha obtenido un amplio reconocimiento de la comunidad científica internacional.
En su momento, ha constatado una inmunidad del 5% de la población española. Con esta nueva realización, permitirá ampliar el conocimiento de la evolución de la pandemia, obteniendo una fotografía de su evolución.
Cribados en asintomáticos
Otra de las medidas acordadas es que los cribados en población asintomática se realicen bajo los criterios de los servicios de Salud Pública de las CCAA.
La información de interés que resulte del cribado se compartirá en el seno del Consejo Interterritorial del SNS con el objeto de ampliar el conocimiento técnico.
Coordinación con las Entidades Locales
Finalmente, se han adoptado medidas para reforzar la coordinación con las Entidades Locales. Para ello, se seguirán manteniendo reuniones periódicas con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y las Consejerías de Sanidad comunicarán a los Ayuntamientos de aquellos ámbitos territoriales con especial incidencia o interés desde el punto de vista de la evolución de la pandemia, la información necesaria para valorar la situación y coordinar la adopción de medidas de control en su ámbito territorial.
En esta línea de trabajo, se han acordado dos recomendaciones: la implementación de mecanismos de comunicación y coordinación intersectorial en el ámbito local, desde la cooperación entre administraciones, y el trabajo conjunto entre CCAA y Entidades Locales. Esto último puede favorecer, por ejemplo, el uso de espacios públicos para necesidades derivadas de la pandemia.
Todas las acciones, como se viene haciendo desde el inicio de la pandemia, no son estáticas. Se deben adaptar a la situación de cada momento, según la evolución epidemiológica.
Estas medidas de coordinación muestran una vez más la cogobernanza llevada a cabo entre el Ministerio y las CCAA desde que finalizó el estado de Alarma. Las últimas muestras del trabajo realizado en este sentido son el Plan de Respuesta Temprana, aprobado el 16 de julio por el Consejo interterritorial, o el acuerdo conjunto en materia de Sanidad y Educación dirigidas a los centros educativos, que se aprobó el 27 de agosto por el Consejo Interterritorial y que recoge con precisión la Guía de Recomendaciones aprobadas en junio en la Conferencia Sectorial de Educación.