Nueve personas han sido detenidas en Valencia, Alicante, Benidorm, Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca por haber defraudado más de ocho millones de euros
Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una organización criminal dedicada, presuntamente, a cometer fraudes mediante la formalización de operaciones de préstamos privados. Hasta el momento se ha identificado una docena de damnificados y un montante defraudado de más de ocho millones de euros, y se ha detenido a nueve personas como presuntos autores de varios delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Las investigaciones se iniciaron en 2020 a raíz de una denuncia interpuesta en Palma de Mallorca por un empresario que había contactado con este grupo con el objetivo de obtener un préstamo de varios millones de euros para llevar a cabo un proyecto empresarial. La organización criminal desmantelada se ofreció a canalizar esta operación con un supuesto prestamista, para lo que exigía pagos adelantados a modo de caución que el denunciante fue satisfaciendo de forma periódica.
Cuando la víctima entregó las cantidades, los integrantes de la organización comenzaron a dilatar la operación alegando diversas excusas. Al no obtener resultados y al observar diversas irregularidades, decidió cancelar la operación. Tras la rescisión del contrato, la víctima solicitó reiteradamente las cuantías abonadas, pero nunca le fueron reintegradas.
Con el avance de las pesquisas policiales surgieron nuevos damnificados que habrían sido estafados mediante el mismo modus operandi y por las mismas personas que integraban el aparato logístico de la organización criminal.
Se valían da captadores que aportaban cercanía y confianza
El grupo investigado era contactado por los denunciantes, quienes habrían recibido referencias de conocidos que tenían una operación en marcha de este tipo o tenían información de que se dedicaban a la materialización de estas operaciones financieras. La organización se valía de captadores que conseguían convencer a las víctimas aportando cercanía y confianza y, a continuación, los conducían ante dos personas, un paymaster y un contacto en el que delegaba el supuesto prestamista y que era un supuesto delegado de una reconocida empresa de la rama de las inversiones.
Los contratos de préstamo se firmaban en Madrid, en un conocido edificio de oficinas al que acudían los miembros de la organización y que proporcionaba un plus de confianza a los denunciantes. Las víctimas abonaban las cantidades que le eran solicitadas por adelantado y en virtud de diferentes conceptos, como la solicitud de un supuesto seguro de caución o la emisión de una garantía por parte de una sociedad/persona que garantizaba el préstamo y servía a modo de aval.
Según los acuerdos firmados, una vez que se emitía esta garantía o el seguro de caución, los fondos se desbloquearían y podrían ser abonados a los damnificados. Al final, el dinero no llegaba a los denunciantes y los integrantes de la organización alegaban que la garantía no llegaba o que no se emitía el seguro de caución, lo que suponía una argucia para obtener los fondos, tener tiempo para distribuirlos entre su entramado de cuentas/sociedades y enriquecerse a costa de los denunciantes.
Entramado societario criminal
Con toda esta información, los agentes desarrollaron la fase operativa con la práctica de seis registros simultáneos en Valencia, Alicante, Benidorm y Palma de Mallorca, habiéndose practicado detenciones en estas poblaciones, así como en Barcelona y Madrid, cuantificándose hasta el momento nueve detenidos a los que se les acusa de conformar un entramado societario criminal para la materialización de estafas.
Al mismo tiempo, derivado del análisis de toda la documentación obrante en el procedimiento, así como de al menos 25 cuentas que manejaba la organización, mediante las que movían grandes cantidades de dinero, se ha desprendido además la comisión de blanqueo de capitales y falsedad documental. Han sido intervenidos más de 25 vehículos de lujo, motocicletas, dinero en efectivo en moneda de varios países, valiosos artículos de joyería, entre los que se encuentran relojes que alcanzan los 40.000 euros de valor, y otros enseres adquiridos presumiblemente con el dinero sustraído a sus víctimas. También se ha inmovilizado patrimonio personal de los investigados, cuyo valor asciende a varios millones de euros.
La operación sigue abierta, quedando pendiente la detención de más personas implicadas y que forman parte del entramado criminal, no descartando la aparición de nuevos perjudicados.