Desde Capaz subrayan que la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda está «incumpliendo las condiciones de los conciertos» y «poniendo en peligro la capacidad de atención de los centros»
Los integrantes de Capaz Novelda han realizado esta mañana una concentración en su sede para sumarse al descontento con la gestión de la Generalitat Valenciana en los centros de atención a personas con discapacidad concertados.
Por ello, técnicos, monitores, profesionales y usuarios de Capaz Novelda han participado en la convocatoria realizada por la Unión Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual de Alicante (UPAPSA) para reprochar que la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda está «incumpliendo las condiciones de los conciertos» y «poniendo en peligro la capacidad de atención de los centros».
Así lo ha subrayado Raúl Martínez, integrador social en Capaz, la Asociación de Personas con Diversidad Funcional de Novelda, destacando que este parón reivindicativo se debe a una “situación que estrangula económicamente a los centros y pone en peligro su capacidad de gestión”.
Asimismo, ha recalcado que esta gestión autonómica esta generando una difícil situación tanto económica como del propio funcionamiento del centro. «El incumplimiento de las condiciones del concierto compromete la provisión de servicios esenciales, incluyendo terapias, actividades recreativas y la atención psicológica especializada», ha criticado Martínez, recordando que esta coyuntura no es algo puntual sino que el centro noveldense lleva arrastrando imagos desde inicios del año.
Dichos impagos, según Raúl Martínez «pone en peligro la sostenibilidad de los programas, lo que afecta a la calidad de vida de las personas usuarias y genera incertidumbre entre el personal especializado en su atención», ya que desde el centro están afrontando obstáculos que no les permiten la planificación a largo plazo.
«Esta situación, que de por si muy grave, se une a la infrafinanciación que muchos centros de atención a la diversidad funcional mantienen y a las nuevas normativas que cargan considerablemente a los servicios de funciones ajenas a la atención directa y suponen una carga administrativa y económica a las asociaciones, que no se reflejan en la financiación de los conciertos”, ha argumentado Martínez, instando a la Generalitat y en concreto a la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda al cumplimiento de los acuerdos para la equiparación salarial entre los centros públicos y concertados.