En una jornada de huelga, los trabajadores del centro CAPAZ, dedicados a la atención de personas con diversidad funcional, han alzado la voz contra las medidas implementadas por la Consellería de Bienestar Social.
Rodeados de usuarios y compañeros, Raúl Martínez Navarro, integrador social de CAPAZ, ha leído un manifiesto contundente, en el que se denuncia un intento de socavar el derecho a la huelga por parte de la Conselleria y la patronal, que pedía mínimos en plantilla de un 70%. La imposición, con escaso margen de tiempo, de estos servicios mínimos calificados como «ilegales» ha generado indignación entre los profesionales del sector, que ven en esta acción una clara estrategia para minimizar el impacto de la protesta.
La preocupación central del objetivo de la huelga radica en el futuro de la atención social en la Comunidad Valenciana. El concierto que actualmente garantiza la financiación de los servicios ofrecidos por CAPAZ y otros centros similares expira en junio, con una prórroga que se extiende hasta finales de año del 2026. La sombra de un posible retorno a los pagos por subvenciones planeadas sobre el sector en el siguiente año 2027 evoca recuerdos de retrasos salariales de hasta once meses, que sumaron a los trabajadores en una situación precaria.
Además, los profesionales de CAPAZ critican con dureza un nuevo decreto de tipologías y ratios que, a su juicio, supondrá un grave retroceso en la calidad de la atención. La eliminación de figuras profesionales clave y el aumento de la relación profesional/usuario pondrán en jaque la dedicación y el cuidado que las personas con diversidad funcional necesitan.
El manifiesto ha contado con el respaldo de todos los usuarios de CAPAZ, además del resto de plantilla que sí ha podido secundar la huelga y no ha asistido. Esta muestra de apoyo evidencia la conexión existente entre profesionales y usuarios, unidos en la defensa de unos servicios sociales dignos y de calidad.
