El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impulsado dos enmiendas a la Ley SAC (Ley de Servicios de Atención a la Clientela) para bloquear las conocidas como llamadas spam (llamadas comerciales no consentidas).
Se trata de enmiendas propuestas por el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy y registradas en el Congreso de los Diputados tras un acuerdo entre los grupos parlamentarios de Sumar y PSOE.
Según ha informado Pablo Bustinduy, a través de una de estas enmiendas se va a obligar a las empresas a identificar con un código numérico específico (un prefijo) todos los números desde los que hagan llamadas telefónicas comerciales. También a identificar con otro código distinto las llamadas de atención al cliente. Y en base a estos códigos, ha explicado el ministro, la enmienda va a obligar a su vez a los operadores de telecomunicaciones a bloquear todas las llamadas de empresas que no utilicen estos códigos. Esto implicará, y así lo recoge la enmienda, que el Gobierno de España estará habilitado para adaptar el Plan Nacional de Numeración para facilitar la implementación técnica del nuevo sistema de identificación y bloqueo.
Por otra parte, el ministro Bustinduy ha anunciado que desde Consumo han impulsado otra enmienda a la Ley SAC para declarar nulos los contratos que se cierren en llamadas telefónicas no consentidas. De esta manera, se buscará desincentivar a las empresas a hacer llamadas no deseadas dado que los contratos conseguidos en este tipo de comunicaciones quedarán anulados. Esta iniciativa, se indica desde Consumo, responde al creciente volumen de quejas por parte de la ciudadanía y los testimonios de personas consumidoras que denuncian sentirse presionadas o confundidas por estas llamadas. Al mismo tiempo se busca proteger el derecho del consumidor a decidir con libertad e información suficiente. Además, el ministro ha detallado que, a través de esta misma enmienda, se obligará a las empresas a renovar cada dos años el consentimiento con el usuario para recibir llamadas comerciales, asegurando así que las empresas no se amparen en autorizaciones indefinidas o ambiguas para seguir contactando a los usuarios.
Más avances en la protección de las personas consumidoras
Además de estas dos enmiendas, el ministro Bustinduy ha hablado ante los medios de otras enmiendas que han impulsado desde Consumo a esta Ley SAC, también registradas en el Congreso de los Diputados tras un acuerdo entre los grupos parlamentarios de Sumar y PSOE:
- Regular las renovaciones automáticas de contratos no deseadas. Las empresas estarán obligadas a comunicar con 15 días de antelación la fecha en la que se producirá la renovación automática de un servicio o suscripción que haya sido contratado de forma online. Así mismo, las empresas deberán facilitar la baja voluntaria en caso de que se desee.
- Coto a las reseñas falsas que se publican de manera online. Solo se podrá publicar una reseña en los 30 días posteriores a la compra del bien o disfrute del servicio, para garantizar que se corresponde con la opinión real y reciente de una persona que haya consumido ese bien o servicio, y para evitar la compraventa de reseñas, algo que ya prohíbe la ley. Además, la empresa que recibe la reseña tendrá garantizada la posibilidad de réplica y de solicitar la eliminación de la misma cuando pueda acreditar que no es real demostrando que quien firma la reseña no ha comprado el producto o disfrutado del servicio, o demostrando que el contenido de esa reseña no es verídico.
- Los gastos de gestión deberán incluirse en el precio que se ofrece. Las empresas estarán obligadas a incluir, desde el principio, el precio definitivo y final de un bien o servicio que ofrece al consumidor de forma online. De esta manera, se evita que las empresas comuniquen precios desagregando cifras, e incluso en distintos momentos del proceso de compra, como ocurre, por ejemplo, con los gastos de gestión en la compra online de una entrada o de un billete.
Pablo Bustinduy ha concluido su intervención antes los medios declarando que todas estas enmiendas se enmarcan en la voluntad del Ministerio que dirige de reforzar la protección de los derechos de los consumidores en un contexto económico y digital cada vez más complejo, y de apostar por una regulación que garantice claridad, equidad y respeto a la voluntad del consumidor.
