El coordinador local de la formación de Rosa Díez, Armando Esteve, pretende que la propuesta se debata en pleno y entre en vigor en seis meses.
El Grupo de Trabajo de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en Novelda registró el jueves en el Ayuntamiento una propuesta formal en la que pide al equipo de gobierno que tome las medidas necesarias para que la administración local noveldense conceda los contratos municipales y subvenciones a aquellas empresas que cumplan con la cuota de reserva para trabajadores discapacitados.
El portavoz local, Armando Esteve, ha solicitado además que esta petición se debata y se apruebe en el próximo pleno y que reciba el respaldo tanto del equipo de gobierno cuatripartito como de la oposición, para que se haga efectiva en un plazo de seis meses.
Según explica Esteve, «esta medida puede ayudar a disminuir el elevado grado de incumplimiento» que sufre la administración pública al respecto de la obligación de adjudicar los contratos –cuando así proceda- a las empresas de más de 50 trabajadores para que sus plantillas cuenten con al menos un 2% de empleados discapacitados.
Según datos del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación ONCE, el porcentaje medio de reserva de contratación en las empresas españolas no alcanza ni siquiera la mitad del requisito exigido por la ley, situándose en una horquilla de entre el 0,68% y el 1%. Por ello, UPyD de Novelda apela a la “sensibilidad” de los grupos políticos del consistorio y les conmina a “tomar ejemplo” de otras administraciones que tras la iniciativa de UPyD en el Congreso de los Diputados han apoyado esta medida. Así pues, el dirigente magenta pide a los grupos municipales que “reaccionen y promuevan” las medidas necesarias para que la administración local no conceda contratos ni subvenciones a las compañías que no cumplan con la cuota de reserva mínima o que hayan sido sancionadas con carácter firme por infracción grave o muy grave en materia de discapacidad.
UPyD recoge mediante esta propuesta la demanda del CERMI. Igualmente, la formación magenta ha recordado que tanto el Ministerio de Defensa como la Generalitat Valenciana han puesto en marcha esta “cláusula social” impulsando el cumplimiento de la ley para acercase a la cuota de reserva establecida por imperativo legal.
