El grupo municipal Compromís llevó al pleno ordinario de marzo una moción en defensa del acceso a la vivienda bajo el título “Garantir ciutats per a viure”, una propuesta con la que su portavoz, Silvia Anna, reclamó un cambio de modelo para frenar la especulación y devolver a la vivienda su función social.
La iniciativa partía de un diagnóstico rotundo, la vivienda ha dejado de ser un bien accesible para una parte cada vez mayor de la población y se ha convertido en un activo financiero sometido a la lógica del mercado, la acumulación de propiedades, la ‘turistificación’ y la falta de parque público suficiente. En su exposición, Anna sostuvo que esta situación está expulsando a vecinos y vecinas de sus barrios y de sus propias ciudades, al tiempo que dificulta especialmente la emancipación de los jóvenes y el acceso a un hogar digno para las familias trabajadoras y los colectivos más vulnerables.
La portavoz de Compromís apoyó su argumentario en varios datos sobre la evolución del mercado inmobiliario valenciano. Señaló el incremento interanual del precio de la vivienda, el peso de las compras por parte de extranjeros, el elevado número de operaciones al contado y el fuerte encarecimiento del alquiler en la última década. También puso el acento en el aumento de las viviendas vacías y en el crecimiento de las viviendas de uso turístico, elementos que, a su juicio, alimentan un escenario de especulación desenfrenada.
En el caso concreto de Novelda, Silvia Anna advirtió de que la situación “no es muy diferente” a la del resto del territorio y afirmó que el municipio figura entre los valencianos con menor oferta de alquiler, mientras que la vivienda asequible en compra también es escasa. Además, alertó de que parte de la rehabilitación del casco histórico se está orientando a la oferta turística, lo que agrava aún más el problema del acceso a la vivienda para jóvenes y personas vulnerables.
A partir de ese análisis, Compromís planteó una batería de medidas que incluía regular y limitar la implantación de viviendas turísticas, solicitar la declaración de zona tensionada si se dieran las condiciones legales, fomentar la rehabilitación de viviendas vacías, impulsar un mayor parque público, promover fórmulas como las cooperativas de vivienda, gravar fiscalmente los inmuebles desocupados y reforzar la protección a personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de desahucio. La moción también instaba a la Generalitat y al Gobierno central a aplicar medidas estructurales para ampliar la vivienda asequible y blindar la función social del parque público.
La primera respuesta de los grupos llegó desde Vox, que rechazó de plano el planteamiento de Compromís. Su portavoz, Marga Serrano, cargó contra la izquierda por, a su juicio, haber impulsado políticas de vivienda “nefastas” y criticó el intervencionismo de la moción, especialmente en aspectos como la reserva obligatoria de vivienda asequible en nuevas promociones, el control de precios o el derecho preferente de la administración para adquirir inmuebles. Vox defendió que el verdadero problema pasa por derogar la ley estatal de vivienda, a la que responsabilizó de generar inseguridad jurídica, desproteger a los propietarios y expulsar oferta del mercado. También reivindicó medidas como el IVA cero en vivienda y consideró que la propuesta de Compromís desincentiva a promotores y constructores. Por todo ello, anunció su voto en contra.
En nombre del Partido Popular, Victoria Céspedes también mostró el rechazo de su grupo, aunque centró su intervención en la crítica al modelo de intervención pública que, a su juicio, plantea Compromís. La portavoz popular sostuvo que el principal problema del mercado del alquiler es la falta de seguridad jurídica de los propietarios, especialmente por el miedo a la ocupación, y cuestionó las zonas tensionadas y la limitación de precios, que calificó de fórmulas fracasadas. Como ejemplo, citó el caso de Cataluña para asegurar que ese tipo de medidas reducen la oferta y no abaratan el acceso a la vivienda. Frente a ello, defendió políticas basadas en la libertad, incentivos fiscales, apoyo a los jóvenes para la compra de su primera vivienda y ayudas a la rehabilitación. También rechazó el recargo del IBI a las viviendas vacías, al considerarlo un castigo fiscal, y acusó a Compromís de “criminalizar” el turismo. El PP confirmó igualmente su voto en contra.
La posición más matizada fue la del Partido Socialista, cuyo portavoz Ximo Mira anunció la abstención de su grupo. Mira evitó entrar en el choque ideológico sobre el grado de regulación del mercado y justificó su postura en el carácter “muy técnico” de la moción y en las dudas sobre la viabilidad jurídica o práctica de varias de sus propuestas. El portavoz socialista dejó claro que a su partido le preocupa la vivienda, el alquiler y la situación de los jóvenes, pero señaló que no querían respaldar un texto que, a su juicio, podía contener medidas de difícil cumplimiento dentro del marco legal actual.
En su turno de réplica, Silvia Anna lamentó la falta de apoyo de la mayoría de grupos y trató de devolver el debate al núcleo de la moción, la vivienda como uno de los principales problemas sociales de la actualidad. La portavoz de Compromís reprochó a Vox que pusiera el foco en los promotores y constructores antes que en las personas, y al PP que defendiera un modelo que, en su opinión, subordina el derecho a la vivienda a la lógica del turismo y del mercado.
Anna insistió en que el problema no es solo la falta de viviendas, sino la falta de vivienda asequible, y defendió que dejar todo en manos del mercado no ha resuelto la crisis habitacional. También subrayó que en Novelda la escasez de alquiler ya es una realidad constatada y que cada vez más vecinos tienen dificultades para vivir en su propio municipio. En relación con el PSOE, lamentó que se hubiera optado por una abstención “de perfil” y aseguró que su grupo habría estado dispuesto a negociar y consensuar modificaciones para lograr un mayor acuerdo político.
La portavoz de Compromís cerró su intervención planteando que el fondo del debate es decidir si la vivienda debe seguir tratándose como un bien de mercado o si debe garantizarse como un derecho. “La gente lo que quiere es poder vivir en su pueblo, en su barrio, cerca de su familia y de su trabajo”, vino a resumir en un alegato final en el que defendió la necesidad de actuar frente a un problema que considera ya estructural.
La moción evidenció así las profundas diferencias entre los grupos municipales sobre cómo afrontar la crisis de acceso a la vivienda, desde la regulación y ampliación del parque público que reclama Compromís, hasta el rechazo al intervencionismo de Vox y PP, pasando por la cautela técnica del PSOE.
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