El grupo municipal Vox Novelda llevó al Pleno ordinario de noviembre una moción para implantar un plan municipal de videovigilancia con cámaras en calles, parques, zonas infantiles, edificios y espacios públicos con el fin de prevenir actos vandálicos, robos y conductas incívicas.
La urgencia de la propuesta se admitió por unanimidad, pero, tras el debate, la moción fue rechazada por mayoría.
La portavoz de Vox, Marga Serrano, defendió que “la seguridad no es un privilegio, es un derecho básico” y pidió un plan coordinado con la Policía Local, un informe técnico y jurídico sobre viabilidad, financiación mediante fondos europeos, Diputación o Generalitat, y campañas informativas a la ciudadanía. Citó la Ley Orgánica 4/1997 de videocámaras y la LO 3/2018 y el RGPD como garantías de protección de datos, y justificó la medida por recientes daños a vehículos —“retrovisores rotos en la calle Lope de Vega”— y quejas en el Parque del Oeste y Santa María Magdalena.
Compromís se posicionó en contra, acusando a Vox de “crear alarma” y de “sembrar el terreno” con un discurso que, a su juicio, asocia delincuencia e inmigración. “Si hubiera una situación anómala habría un informe policial encima de la mesa”, señaló Silvia Anna, calificando la propuesta de “radical” y “no ajustada a la realidad del municipio”.
El Partido Popular anunció su voto a favor, al considerar la moción “razonable” y “alineada con soluciones que ya se están implementando”, siempre que cualquier despliegue se haga “dentro de la legalidad y la protección de datos”. Los populares reprocharon a Compromís haber introducido un debate que “ligaba inmigración con delincuencia” cuando el texto no lo hacía.
El grupo socialista votó en contra tras una intervención técnica y jurídica del edil de Seguridad Ximo Mira, recordaron que Novelda ya es pionera en el uso de cámaras en materias de competencia municipal (tráfico y protección de edificios), pero advirtieron de que la seguridad ciudadana y el tratamiento de esas imágenes exceden las competencias de la Policía Local y requieren convenios con Interior y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Subrayaron además los límites de proporcionalidad y los derechos fundamentales (honor, intimidad, libre deambulación), especialmente en parques con menores. “Seguiremos mejorando dentro de nuestras competencias y con cobertura legal; lo demás no nos corresponde”, concluyó.
En la votación final, la propuesta de Vox quedó rechazada (Vox y PP, a favor; PSOE y Compromís, en contra). Vox lamentó el resultado y defendió que su iniciativa “no era política, sino por la seguridad de los vecinos”, mientras que el gobierno local reiteró que cualquier avance en videovigilancia debe ajustarse estrictamente al marco competencial y legal vigente.
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