El primer gran debate del pleno de diciembre llegó con el punto relativo al reajuste de anualidades de la obra del nuevo aulario del IES La Mola, incluida en el Plan Edificant de la Generalitat.
Se trata de una actuación de más de 5,6 millones de euros destinada a crear un nuevo aulario para ciclos formativos, conserjería, mejoras de climatización, eficiencia energética, accesibilidad y evacuación del centro.
La concejala de Urbanismo, Isabel Miralles (PSOE), explicó que lo que se llevaba a pleno era “únicamente la aprobación del reparto de anualidades”, un ajuste del calendario económico del contrato que, insistió, no cambia ni el importe de la subvención ni las condiciones del proyecto. Según detalló, ya se han ejecutado 156.729 euros correspondientes a la redacción del proyecto en 2024; para 2025 se prevé una anualidad de 700.000 euros y el grueso, 4.810.722,49 euros, se traslada a 2026.
Miralles defendió que se trata de un trámite “meramente contable y administrativo” para adaptar la planificación económica a los informes técnicos y a los hitos de ejecución marcados por Conselleria y por Intervención. Subrayó que el reajuste “no pone en ningún caso en riesgo la financiación” y que el propósito es “garantizar la continuidad del proyecto y su correcta financiación”.
Desde la oposición, el debate se centró en la gestión de los tiempos
Compromís tomó la palabra para subrayar que, aunque se trata de un trámite técnico, el reajuste visibiliza problemas de planificación. Su argumentación se alineó parcialmente con la del resto de la oposición. Señalaron que la anualidad de 700.000 € prevista para 2025 estaba diseñada para un periodo de ejecución que, a estas alturas, ya no es realista. Recordaron que en la comisión informativa se expusieron retrasos acumulados, tanto administrativos como técnicos. Manifestaron su preocupación por los tiempos, considerando que las obras educativas deben coordinarse con calendarios escolares y que las demoras generan incertidumbre.
Aunque Compromís no cuestionó el fondo técnico del reajuste, sí criticó que el Ayuntamiento “no llegue a tiempo a los hitos de planificación previstos”, como ya ha ocurrido con otros proyectos municipales. Aun así, y pese a sus críticas, el grupo decidió apoyar el reajuste al considerar imprescindible que la obra continúe.
Vox, a través de su portavoz Marga Serrano, repasó la cronología: el proyecto y pliegos se aprobaron en septiembre de 2024, el contrato se adjudicó en abril de 2025, se firmó en junio y el acta de replanteo que da inicio a la obra no llegó hasta el 29 de septiembre de 2025, más de un año después del inicio del expediente. Según expusieron, los 700.000 euros presupuestados para 2025 deberían corresponder a la obra entre octubre y diciembre, pero “a estas alturas no hemos visto ninguna certificación de obra”.
Vox comparó el caso con las obras del mercado, adjudicadas también a la misma empresa, donde todo el proceso —aprobación del proyecto, adjudicación, firma del contrato y replanteo— se completó en apenas tres meses, frente al año y tres semanas del IES La Mola. Para este grupo, la conclusión es clara: el equipo de gobierno “juega con los tiempos según le interesa” y hace una “mala planificación”, aunque reconocieron que el trámite, en sí mismo, es técnico. Su voto fue la abstención.
El Partido Popular se alineó con ese diagnóstico. Javier Abad recordó que ya en el pleno de septiembre advirtió de los retrasos derivados de la corrección del Plan de Seguridad y Salud, que consumió tres meses. Para los populares, si el departamento, la dirección facultativa y la concejalía hubieran actuado “con más diligencia”, no habría sido necesario este reajuste de anualidades. “Parecía que la obra empezaba mal, y este punto nos confirma que vamos con retraso”, resumieron, anunciando también su abstención.
Miralles respondió a las acusaciones insistiendo en que hablar de “mala gestión” cuando se están ejecutando obras necesarias no es justo: “Mala gestión sería dejar las instalaciones deteriorándose sin intervenir”. Recordó que los retrasos en obras de esta envergadura pueden deberse a factores técnicos, de coordinación y de suministros, y que Conselleria ha avalado el reajuste. También pidió a la oposición que deje de convertir cada trámite técnico en “un juicio político” sobre una empresa concreta, recordando que el contrato está fiscalizado y sometido a control como cualquier obra municipal, “sea de Becsa o de cualquier otra”.
El alcalde intervino para rebajar el tono recordando que, cuando las obras van muy rápido, se les acusa de ir demasiado deprisa y, cuando se producen ajustes, se les tacha de malos planificadores. Utilizó el ejemplo de otras obras en el municipio en las que han aparecido imprevistos, como cables no documentados bajo el asfalto, para subrayar que existen circunstancias que “no se pueden prever hasta que se abre la calle o se entra en la obra”.
Finalmente, el reajuste de anualidades fue aprobado con los votos del PSOE y Compromís, y las abstenciones de PP y Vox.
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