LA CONSTITUCION ESPAÑOLA, CONTINUIDAD O REFORMA.
El próximo día 6 de Diciembre celebramos el 36 aniversario de nuestra Constitución. Hoy la mejor defensa de la Carta Magna que ha impulsado el camino democrático más largo en este país, es propugnar su reforma.
La defensa de una sustancial y necesaria reforma y actualización de la Constitución no es un ejercicio de oportunismo ideológico, ni nos sitúa en la sospecha de ser unos malvados revolucionarios que quieren subvertir el régimen político que en ella se establece. Todo lo contrario, es una posición de sentido común y responsabilidad política de quienes creemos que nuestra Constitución no debe acabar siendo un texto desfasado y anquilosado por el tiempo que no se adapta a las circunstancias sociales cambiantes y al contexto histórico que vivimos.
A nadie escapa que la sociedad española de 1978 poco tiene que ver con la actualA nadie escapa que la sociedad española de 1978 poco tiene que ver con la actual, que solo el 23% de los actuales españoles han votado aquella Constitución y que la sociedad actual se encuentra envuelta en una vorágine de crisis económica con una grave pérdida de credibilidad y confianza en las instituciones que sustentan nuestro régimen político. Nuestra Constitución no es que sea buena o mala, es que los ciudadanos tienen la convicción de que no se cumple. Probablemente la mayor parte del texto mantenga su legitimidad como texto normativo pero el espíritu de concordia o de pacto obtenido para su alumbramiento parece haberse agotado, dinamitado entre otras razones, por los casos de corrupción que envuelven la vida política diaria de nuestro país y por el intento de ruptura del modelo territorial que consagra.
Nuestra Constitución ya no responde a las necesidades de una sociedad cambiante, y a las tensiones actuales territoriales y políticas, y por tanto debe introducir nuevos elementos necesarios que sustenten una verdadera regeneración democrática.
Muchos ciudadanos tienen la convicción que la Constitución no se cumple en su desarrollo legislativo. A título de ejemplo, se nos dice que estamos en un Estado de Derecho que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva pero se nos condiciona a disponer de importantes recursos económicos si queremos acceder a la Justicia; se dice que se nos garantiza el derecho al trabajo pero nuestro país se desangra con unas cifras de desempleo nunca vistas. También se establece el derecho a una vivienda digna para todos, pero más de un millar de españoles son desahuciados diariamente con sus familias como consecuencia de la crisis. Y lo que es peor, la Constitución garantiza que toda la riqueza nacional estará subordinada en sus distintas formas y titularidad al interés general, y cada día vemos como quienes nos gobiernan defraudan al fisco y amparan casos graves de corrupción económica con una total sensación de impunidad institucional que nos lleva a pensar que la riqueza nacional está subordinada a cualquier cosa menos al interés general.
A pesar de todo, creemos que la Constitución española ofrece todavía posibilidades de desarrollo y de adaptación a los tiempos actuales. Fundamentalmente resulta necesario impulsar una reforma del título VIII en la búsqueda de un modelo de organización territorial de corte federal que culmine nuestro desarrollo autonómico, que pueda corregir las tensiones soberanistas de quienes piden mayor autogobierno y tienen un indudable respaldo social, que resuelva los conflictos competenciales y lingüísticos y proponga además una mejor asignación de los recursos económicos existentes con solidaridad y justicia.
Las tensiones territoriales que abocan en el independentismo no se solucionan con actitudes de victimismo político, contraponiendo un nacionalismo centralista exacerbado o presentando querellas criminales a dirigentes políticos nacionalistas, se resuelven con el diálogo y el consenso profundizando en un camino común para todos los españoles.
La Constitución se puede y se debe reformar en muchos aspectos pero siempre desde la propia Constitución con un diálogo previo abierto sin imposiciones, y búsqueda del necesario consenso de la mayoría de las fuerza políticas. En este camino todos deberán dejar algo de sus alforjas ideológicas para alcanzar el éxito, como se hizo en 1978 y proseguir ese camino de libertad y convivencia en paz que nos dimos hace ya 36 años.
No obstante, entiendo que para proponer cualquier reforma con seriedad política primero hay que ser autocrítico con las anteriores que se han realizado. Así la reforma del art 135 pactada por el PSOE y el PP en el año 2011 a mi juicio ha sido un fiasco.
No es que elevar el principio de estabilidad presupuestaria a rango constitucional no sea válido, es que su introducción ha servido de coartada para realizar políticas económicas centradas en la austeridad como dogma y que han supuesto el desmantelamiento progresivo del Estado social que la propia Constitución reconoce. Recortes y ajustes en los pilares básicos del Estado del bienestar como son la educación, la sanidad o el sistema público de pensiones, todos ellos difíciles de soportar para la ciudadanía.
Con esta reforma la mayoría de los derechos sociales quedaron subordinados al principio de estabilidad presupuestaria, limitación del déficit público y de la capacidad de endeudamiento de las distintas Administraciones Públicas dando prioridad absoluta al pago de la deuda y sus intereses frente a cualquier otro tipo de gasto social que realice la Administración.
Es por tanto necesario compatibilizar un principio de estabilidad presupuestaria razonable con la posibilidad de poder realizar otras políticas que permitan garantizar una sanidad, educación y un sistema de pensiones públicos y una progresiva recuperación económica. De ahí la propuesta socialista de admitir el error y proponer una reforma parcial del mencionado artículo.
Si bien la reforma emprendida en el año 2011 por el gobierno socialista de Zapatero pudo considerarse útil para evitar un rescate económico inminente de nuestro país y poder mantener la credibilidad de nuestra economía ante la inestabilidad creciente de los mercados, no impidió posteriormente el rescate financiero de nuestra banca ni un aluvión de recortes sociales que solo han producido grave sufrimiento a los ciudadanos. Es obvio que las políticas actuales no se hacen por imperativo constitucional del art 135 sino por un imperativo ideológico del PP que gobierna y defiende abiertamente que desmantelando los servicios públicos ,no incentivando la inversión pública, subiendo los impuestos y haciendo oídos sordos el fraude fiscal pueden dar la receta para salir de la crisis. Nada más lejos de la realidad, y mientras tanto los ciudadanos permanecen atónitos al desmantelamiento del Estado social que contempla nuestra Constitución y que tanto nos ha costado conseguir.
Si algo hay que preservar de nuestra Constitución actual es indudable que es su espíritu de concordia y de flexibilidad en su contenido, y si algo hay que blindar en cualquier reforma que se acometa son nuestros derechos sociales y la arquitectura de nuestro Estado social. Las reformas constitucionales han de concretarse y tener siempre un objetivo claro, afrontar un futuro de convivencia, progreso, justicia e igualdad mejor para todos, así como informar con claridad a la ciudadanía sobre los valores que las envuelven y que las justifican, porque al fin y al cabo somos todos los españoles los que tendremos más pronto que tarde que refrendarlas en su momento.
No veo esa posibilidad «de desarrollo y de adaptación a los tiempos actuales». Igual si prescindimos de la demagogia y nos sinceramos todo iría mejor: La Constitución es un cúmulo de despropósitos, o mejor falacias, la primera aparece al nombrar el Estado de Derecho, en donde el juez natural tiene que ser para todos, y no puede haber ninguna irresponsabilidad, ni del rey ni de nadie. Las leyes no son tales leyes si no obligan a todo el mundo por igual y sin excepción. Basta que haya una persona excluida de las leyes para que no haya estado de derecho, por el contrario, hay un Estado de Privilegio, que todos los días bendices. Por algo será. Alforjas ideológicas?. Un saludo Manolo.
Que gran alcalde se ha perdido Novelda
En nuestra Constitución se incumplen la mayoría de los derechos fundamentales. Habría que cambiarla . Como así también ,todos los copartícipes vulneradores de La Carta Magna. Mientras no se determine una gran reforma Constitucional y recuperemos nuestros derechos como: justicia, equidad, legalidad, igualdad ,etc… será, es, papel mojado.
El Partido Socialista de Novelda, bajo mi humilde punto de vista, no ha sido justo con el,y con el paso del tiempo se verá.