Art. de opinión de Claudio Rizo Aldeguer

YA ESTÁ BIEN DE CACHETES, GALLARDÓN.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha dado un paso más y nos ha regalado este viernes en el Consejo de Ministros una versión del Código Penal bastante más endurecida a la hasta ahora conocida por esta España fuerte en convicciones pero titubeante en respuestas. En líneas generales, eleva a rango de ley dos cuestiones penales básicas: una, la “prisión permanente revisable” (concepto que está aún pendiente de esclarecimiento en cuanto a sus verdaderos extremos prácticos), equiparable a la cadena perpetua existente en otros países, para los casos de magnicidio, genocidio y asesinatos agravados, que recoge aquellos cometidos sobre menores de 16 años o en situación de notoria vulnerabilidad, el asesinato múltiple, aquel cometido tras una agresión sexual o el llevado a cabo por bandas organizadas; y dos, la “custodia de seguridad”, supuesto orientado a extender la pena privativa de libertad un máximo de diez años a aquellos reos que habiendo cumplido condena continúen ofreciendo al Tribunal peligrosidad “fundada” para su reincorporación en sociedad.

Indudablemente, más mediática y de antigua lidia entre partidarios y detractores resulta la primera, la prisión permanente revisable. Pero, ¿qué significa ‘revisar’?, que es lo que a mí en realidad me deja en cierto modo en estado de suspensión. A bote pronto, me retrotrae a aquella legendaria película dirigida por Frank Darabont, “Cadena perpetua”, en la que un joven Morgan Freeman se sometía periódicamente a la valoración de un tribunal con trazas de inquisidor acerca de la conveniencia o no de su reincorporación en sociedad. Lo miraban. Se miraban. Y sellaban, en repetidas entrevistas: ¡denegado! Hasta que casi por inutilidad física del condenado y, tras escuchar sus sempiternas expresiones de arrepentimiento sincero de su crimen, gravaron sobre el papel su libertad: ¡aprobado!, cuando ya en el mundo se veía a sí mismo como un extraño al que se le han escapado cuarenta o cincuenta años de vida y que ni siquiera sabe ir a mear sin pedir permiso a su nuevo jefe del supermercado donde el Estado le ha conseguido empleo.

Pero insisto, ¿qué es revisar? ¿Que yo, agresor sexual hace veinticinco años de dos niñas de quince, me arrepienta y jure ante un tribunal de desconocidos que jamás volveré a hacerlo? ¿Qué psicólogo, pedagogo o lo que sea con estudios que acabe en “ogo”, puede trascender y dar un salgo mágico de su intuición a mi mente para saber si hablo con verdad o forzada ficción? Inviable. Aun así, digo que en principio no me disgusta, pese a lo dicho, la reforma penal que va a introducir el Gobierno, por más que el término “revisión” me siga dejando una enorme sima de dudas, en cuanto a eficacia y, sobre todo, de méritos y verdad una vez postrado el penado ante el estudiado.

España ha sido un país en materia penal perseverante e hipócritamente blando, laxo e “incitador” (si me dejan) para que el delincuente haga aquí su agosto como los chiringuitos de las playas al sudor de los meses veraniegos. Y si bien convendría recordar que la finalidad de la pena privativa de libertad no es el castigo, ni mucho menos la venganza, sino la rehabilitación en sociedad del penado, no se me escapa que la nueva terminología penal introducida por Gallardón, más allá de su eficacia práctica, más allá de su espíritu auténtico de perpetuidad o no en la condena, tenga, o debiera tener, una vocación clara de de que aquí “el que la hace la paga”. De generación de cierto miedo, venga. Aunque no suene bien. Miedo a las consecuencias. Miedo a matar niños; a quemarlos. Miedo a violar. Miedo a destruir familias. Que falta hace.

Y que ya está bien de cachetes. Venga.

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