«Miedo a la guerra de agua»
Tras la reunión que mantuvimos el pasado lunes, entre representantes de Alicante y Murcia en el seno del Comité de Crisis, y el presidente de la región vecina, Ramón Luís Valcárcel, hemos llegado a la siguiente conclusión: La propuesta de reforma del Estatuto de Castilla La Mancha esconde una estrategia para derogar definitivamente el Trasvase Tajo-Segura, convirtiendo el problema hídrico en una herramienta para ganar posiciones electorales.
Los postulados que defienden desde Castilla la Mancha, son directamente contrarios a la ley vigente. Ambicionan que la Junta de Comunidades se reserve el derecho de ejercer la asignación y utilización preferente de los recursos hidrográficos para atender las necesidades de su región. No debemos olvidar que estas funciones corresponden al Estado. La propuesta está viciada de inconstitucionalidad dado que comprometen el libre ejercicio de las competencias del Gobierno en relación con las aguas que discurren por más de una región (art.149.1.22). El proyecto de reforma de Castilla La Mancha también incorpora unas medidas que no se ajustan a la Constitución, por exceder de las competencias que tienen asignadas los Estatutos de Autonomía en el artículo 141.1.2.
Hace décadas que superamos aquellos tiempos en los que cada uno se las ingeniaba para velar por su territorio ‘con la escopeta en mano’. Sin embargo, han llegado a apostar por vigilar el cauce para evitar cualquier transferencia de agua de sus cuencas hidrográficas que perjudique los intereses de Castilla-La Mancha. Una vez más entran en un terreno que no les corresponde, ya que dichas asignaciones pertenecen a las Cortes Generales y, si se trata de volúmenes de pequeña cuantía, al Consejo de Ministros o al Ministerio competente. De hecho, la Ley de Aguas está concebida de esta forma para evitar conflictos.
Además, son perfectamente conscientes de que la legislación estatal de aguas reconoce, en caso de trasvases entre cuencas distintas, el principio de garantía de las demandas actuales y futuras de todos los usos y aprovechamientos de la cuenca cedente (artículo 12 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional). Protege especialmente a la comunidad manchega y especifica que se establece el “carácter preferente de las demandas de los usuarios de la cuenca del Tajo” en la Disposición Adicional Tercera de la citada Ley.
Si conocen estos artículos ¿por qué ahondan aún más en este polémico tema? Si sus derechos ya están protegidos, por qué insisten tanto en incluir ‘artículos y premisas trampa’. No hay que ser demasiado inteligente para percatarse de que lo único que pretenden es blindar el río y condenar a la pena de sed de los alicantinos y murcianos por un puñado de votos y el ansia de perpetuarse en el poder.
El trasvase Tajo-Segura ha funcionado a la perfección durante más de 30 años. Esta realidad sólo supone una prueba más que demuestra que las políticas de trasvases funcionan. En España hoy podemos expresar que tenemos agua. En concreto, se contabilizan 110.000 hm3 en todos los embalses. El consumo de los habitantes se estima en unos 22.000 hm3. El único problema que hay es que está mal distribuida. No entendemos por qué no se apuesta por optimizar el reparto de este bien tan preciado y por proteger un sector tan importante y estratégico como el de la agricultura.
La solución pasa por olvidarse de los votos, aplicar el sentido común, proyectar el interés general y emprender cuanto antes un Plan Hidrológico Nacional que comunique y promueva la interconexión de cuencas a nivel nacional y permita auxiliar puntualmente a las zonas que padecen un déficit hídrico estructural. La dificultad principal reside en que nuestra clase política es incapaz de buscar acuerdos que solventen los problemas capitales de nuestra nación. Nuestros políticos están instalados en el enfrentamiento, en una lucha de poder continua mientras el país está cada vez más débil y arruinado económicamente.
Ante toda esta situación, el Comité de Crisis expresó al presidente de la Región de Murcia su indignación y desasosiego y éste reveló unas acertadas palabras. “si prosperara alguna de las proposiciones de reducir el caudal cedido del Tajo habría una guerra del agua entre las regiones”. Sólo me pregunto: ¿Hará algo el Gobierno para evitarlo?
Eladio Aniorte Aparicio.
Presidente de Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante.
