Opinión de Pedro Rubira, presidente sectorial Uva de Mesa ASAJA-Alicante y presidente de ASAJA Novelda
Dos de cada tres uvas que se consumen en Nochevieja proceden del Medio Vinalopó alicantino. Esta producción acogida a Denominación de Origen Protegida es cultivada únicamente en el territorio amparado que comprende los términos municipales de Aspe, Novelda, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, Monforte del Cid, Agost y La Romana, donde la uva de mesa embolsada forma parte indisoluble de la economía de estos pueblos y de la idiosincrasia de sus gentes. Un cultivo artesanal, mimado al extremo y único en el mundo, gracias a la técnica del embolsado de los racimos, y que, desgraciadamente, o nos ponemos a trabajar, a mejorar los precios en origen que percibe el agricultor, o puede tener las Nocheviejas contadas.
El incremento constate de sus costes de producción (fertilizantes, gasoil, jornales, agua, cargas impositivas cada vez más gravosas…), unido al hecho de que siga vendiéndose por lo mismo que hace veinte años, ha desencadenado que las nuevas generaciones no se hayan visto atraídas por continuar con un cultivo que, lejos de ofrecer alguna rentabilidad, casi cuesta dinero producir, por no hablar de la “enfermedad” que supone superar las adversidades de cada campaña.
Adversidades que vienen por tantos frentes que se me hace imposible contarlos con los dedos de una mano. Desde las climáticas, hasta la dejadez que nos propinan los gobiernos y hasta nuestros representantes locales. Acontecimientos como el corte de nuestra frontera con Francia en plena campaña nos ha hecho perder millones de euros sin que nadie haga nada ni se ofrezca compensación alguna, por no hablar de la permisibilidad que se concede a supermercados españoles que venden uva procedente de otros países de Europa mantenida en cámaras, cuando la nuestra está en plena recolección, fresca y a unos pocos kilómetros de distancia.
Situaciones y factores que han conducido a un sector que es competitivo, que ha sabido diferenciarse y aportar a su producto un valor añadido, que emplea cada temporada a 12.000 personas y que factura 25 millones de euros, directamente a la UCI. Y no quiero parecer tremendista, pero es que esta última campaña ya hay casos de jóvenes empresarios que han arrancado sus viñas porque no les queda más riñón ni salud mental para aguantar tal situación.
¿Y por qué ahora si llevan años aguantando? La gota que ha colmado el vaso y le ha propinado la estocada definitiva al cultivo se fundamenta en dos factores principales. Por un lado, el incremento de costes, principalmente motivado por la subida del salario mínimo interprofesional. Por otro, el encarecimiento del Seguro Agrario en más del 70% que empezó a aplicarse en 2019. Hecho que llevó al sector entero a movilizarse en el mes de marzo en Alicante, con los alcaldes de todos los municipios incluidos. Una concentración en la que conseguimos visualizar el problema ante la sociedad y hacérselo llegar al Gobierno, pero que no logró la suspensión de esta “desmesurada subida”, que solo se explica por el ánimo de lucro de Agroseguro, permitido por ENESA, la compañía estatal de seguros agrarios.
En esta tesitura, con otra campaña desastrosa más a las espaldas y los ánimos de los productores por los suelos …, la semana pasada se abría una nueva oportunidad para salvar al sector, cuando una comitiva de ediles de la comarca se desplazaba a Madrid para reunirse con el Ministerio de Agricultura con el objetivo de revertir la situación insostenible, principalmente, del seguro agrario. Pero lejos de pactar acciones inmediatas, los ediles solo lograron escuchar propuestas tan repetidas como insuficientes, como la modulación del seguro, pudiendo los agricultores decidir la cobertura de los riesgos y así abaratar tarifas. Algo que sabíamos que estábamos cerca de conseguir en los grupos de normativas. Así que, oportunidad perdida. Nuestros políticos nos han vuelto a fallar.
Y es que, si de verdad quieren ayudar a los productores de uva de mesa solo hay dos posiciones valientes que hemos echado en falta en la negociación. La primera es denunciar a la Gran Distribución y supermercados españoles que traen uva de fuera y declinan la fruta fresca y de calidad del Vinalopó. La segunda, que no hayan luchado con uñas y dientes por obtener una mayor subvención por parte del Ministerio, cuando saben que es el único camino para volver a tener un seguro como el de antes, con las mismas coberturas.
O se termina el injusto monopolio, del que se aprovecha Agroseguro, o Agroseguro acaba con los agricultores.
Dices que «Acontecimientos como el corte de nuestra frontera con Francia en plena campaña nos ha hecho perder millones de euros sin que nadie haga nada ni se ofrezca compensación alguna…»
Pregunto desde mi desconocimiento, acaso no se puede denunciar a la Administración como responsable Civil por no haber hecho lo que debía? Por no haber garantizado el derecho a la libre circulación? No se le pueden pedir daños y perjuicios? Si no estoy confundido creo que otras empresas y asociaciones sí lo han hecho.