Artítulo de opinión de Rafa Sarrió, Jefe de la Policía Local de Novelda
Los hechos ocurridos en el pantano de El Cenajo, con motivo de la fiesta ilegal conocida como rave, obligan a una reflexión que va mucho más allá del suceso concreto. Tras las agresiones a agentes de la Guardia Civil y a sus patrullas, y después de escuchar en algunos medios declaraciones del tipo “no hacen nada malo” o “no molestan a nadie”, cabe preguntarse seriamente en qué punto hemos normalizado lo que, a todas luces, es una situación irregular e injustificable.
¿De verdad consideramos aceptable una concentración no autorizada de cientos —o incluso miles— de personas, sin permisos, sin plan de emergencias, sin ambulancias, sin personal de seguridad y sin seguro de responsabilidad civil? Si este modelo se acepta como válido, ¿por qué no se aplica entonces al resto de la sociedad?
Cualquiera que conozca mínimamente la administración local sabe el auténtico calvario que supone organizar un evento de estas características desde un ayuntamiento. Concejales, técnicos y personal municipal deben elaborar expedientes exhaustivos, cumplir normativas estrictas y garantizar hasta el último detalle para que un acto pueda celebrarse con todas las garantías legales y de seguridad.
Y si hablamos de particulares, la situación no mejora. Locales con licencia de actividad, comisiones de fiestas, asociaciones culturales o incluso asociaciones de padres que organizan una sencilla verbena de fin de curso se enfrentan a un auténtico laberinto burocrático y económico. Permisos, seguros, tasas y exigencias que, en muchos casos, convierten a los organizadores en auténticos héroes por el simple hecho de querer hacer las cosas bien.
Sin embargo, en El Cenajo, al menos mil personas montan una fiesta sin ningún tipo de control, sin seguros, sin garantías y sin responsabilidades claras. Y lo más grave no es solo que se celebre, sino que se tolere sin una intervención decidida “para que no se complique la cosa”.
Este es el verdadero problema: el fracaso absoluto del principio de autoridad y la discriminación evidente hacia quienes cumplen la ley. Cuando el incumplimiento sistemático sale gratis y el respeto a las normas se castiga con trabas y costes, el mensaje es demoledor. No solo se debilita el Estado de derecho, sino que se desmotiva a una ciudadanía que, con esfuerzo, intenta hacer las cosas correctamente.
La ley debe ser igual para todos, o deja de ser ley. Todo lo demás es resignación, agravio comparativo y, en definitiva, un preocupante fracaso de la autoridad.
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