Las cuentas públicas recogen el mayor gasto social de la historia y tienen como objetivo combatir los efectos de la crisis provocada por el COVID-19, la reconstrucción social y económica del país y la transformación de su modelo productivo. El Ejecutivo también ha acordado solicitar al Congreso la prórroga del estado de alarma declarado el domingo.
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, que incorporan un primer tramo de los fondos de recuperación procedentes de la Unión Europea.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha destacado que son unos presupuestos imprescindibles para la reconstrucción del país, tal y como han apuntado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en una comparecencia previa a la reunión del Ejecutivo.
Montero ha añadido que son unos presupuestos para el crecimiento económico, la creación de empleo y la cohesión social, que nacen en un momento en el que el mundo está sufriendo la mayor pandemia que hemos conocido durante un siglo: «Son los presupuestos que necesita el país en un momento excepcional».
María Jesús Montero ha informado de que el gasto no financiero del Estado asciende a 194.456 millones de euros, una cifra ligeramente inferior a la aprobada como techo de gasto el pasado 6 de octubre.
El capítulo de gasto más relevante es el de las transferencias corrientes, que alcanza 136.502 millones de euros. El gasto de personal registra un aumento del 4,2%, que incluye el aumento del sueldo de los empleados públicos un 0,9%. El capítulo de inversión incorpora 19.668 millones de ayudas europeas y el capítulo que menos se incrementa es el relativo a los intereses de la deuda.
Presupuesto de gastos: El mayor gasto social de la historia
Pensiones y servicios sociales
La portavoz ha resaltado que el gasto social, que alcanza los 239.765 millones de euros, es el mayor de la historia, representa un 10% más que el año pasado e incluye casi 9.000 millones de fondos europeos. Sin la ayuda de esos fondos crecería un 6%, ha precisado la ministra, quien ha recalcado que las partidas de gasto social están en el ADN del Ejecutivo.
La revalorización de las pensiones un 0,9% y la subida del 1,8% de las prestaciones no contributivas beneficiarán a más de 10 millones de personas. Montero ha subrayado que el Gobierno cumple así su compromiso de garantizar que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo.
Las partidas destinadas a servicios sociales y protección social se incrementan un 70,3% si se suman los fondos europeos. La portavoz ha incidido en que la lucha contra la pobreza y la exclusión social constituyen un eje prioritario: «Las políticas para combatir la pobreza infantil van a recibir un 59% más de dotación que en años anteriores».
De igual modo, Montero ha resaltado que el presupuesto incorpora 3.000 millones de euros para consolidar el Ingreso Mínimo Vital, que beneficiará a 850.000 hogares y es «un arma estratégica en la lucha contra la pobreza severa».
Otra medida para favorecer a los colectivos más vulnerables es la subida del 5% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que es el índice empleado como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo.
La ministra también ha recalcado que se equiparan por primera vez en España los permisos de maternidad y paternidad al ampliarse estos de 12 a 16 semanas.
La partida destinada a luchar contra la violencia de género alcanzará los 180 millones de euros cumpliendo así el pacto de Estado contra esta lacra firmado con las formaciones políticas.
La mayor partida de becas de la historia
Los presupuestos garantizan la educación pública y de calidad con una dotación del 70,2%, incluyendo los fondos europeos, dirigida a fortalecer las competencias digitales tanto del profesorado como de los alumnos, a impulsar la Formación Profesional y a extender la educación infantil de 0 a 3 años en colaboración con las comunidades autónomas.
María Jesús Montero ha defendido que el talento de los jóvenes no puede limitarse por la renta de sus familias, por lo que las cuentas públicas contemplan la mayor partida de becas de la historia: 2.090 millones de euros, 514 más que en el ejercicio anterior.
Financiación sanitaria sin precedentes
La portavoz del Ejecutivo ha avanzado que los presupuestos refuerzan las capacidades del sistema sanitario ante la pandemia del COVID-19 y mejoran la capacidad de respuesta en los niveles preventivo, asistencial, hospitalario y de atención primaria.
La inversión en sanidad se incrementa un 75,3% y contará con 7.330 millones de euros si se suman los fondos nacionales y europeos. María Jesús Montero ha dicho que «es una oportunidad para que el conjunto del sistema sanitario se pueda reforzar en las áreas que se han identificado como más críticas».
Empleo y vivienda
Las políticas de desempleo contarán con 4.191 millones más para dar respuesta a las necesidades que se derivan de la pandemia y el fomento del empleo subirá en torno al 30%.
Los presupuestos también recogen un incremento de las políticas de vivienda del 25% respecto al año anterior, a lo que hay que sumar actuaciones que se financian con cargo al mecanismo europeo.
En conjunto, ha anticipado la ministra de Hacienda, el Ejecutivo destinará más de 2.250 millones para promover el alquiler asequible, la construcción de vivienda – fundamentalmente pública- y la rehabilitación para incorporar sistemas de eficiencia energética.
Investigación, digitalización e industria estratégica
Las cuentas públicas, según ha explicado la ministra, impulsarán la competitividad a través de la innovación, la investigación y el conocimiento de las áreas emergentes. En este sentido, suponen «un esfuerzo sin precedentes en I+D+i y digitalización, áreas que recibirán 12.344 millones de euros.
María Jesús Montero ha manifestado que la voluntad del Gobierno es hacer de la industria, que amplía su dotación en más de 5.690 millones de euros, un sector estratégico con más peso en la economía: «Queremos impulsar un tejido industrial cada vez más sostenible, viable, digitalizado dentro de un proyecto económico descarbonizado y circular».
Igualmente se incrementan en más de 1.300 millones de euros las partidas para pymes, comercio y turismo.
Otro de los incrementos en las partidas de gastos más relevantes es el relativo a infraestructuras, que contarán con más de 11.527 millones de euros
Fondos europeos
María Jesús Montero ha precisado que el 21% de los fondos europeos se destinarán a industria y energía para favorecer la transformación de nuestro sistema productivo; un 17,8% a investigación, desarrollo, innovación y digitalización y las infraestructuras y ecosistemas resilientes recibirán el 17,6% de los fondos, seguidos de sanidad, educación, acceso a la vivienda, comercio, turismo y pymes. «Los recursos tienen dos objetivos: avanzar hacia ese modelo de crecimiento sostenible, innovador y digital y, al mismo tiempo, reforzar estas políticas sociales».
Estabilidad presupuestaria
La ministra ha reiterado que el hecho de que estemos ante un presupuesto expansivo, impulsado por el Plan de Recuperación Europea, no significa que el Gobierno renuncie al principio de estabilidad presupuestaria.
El Ejecutivo ha suspendido las reglas fiscales, ha recordado Montero, pero su voluntad es sanear las cuentas públicas y bajar el déficit público en 2021: «Este año estimamos que el déficit va a cerrar en torno al 11,3% y para el año que viene prevemos que se reduzca al 7,7%».
La Administración General del Estado, según las previsiones, reducirá el déficit del 6,6% al 2,4%, y el déficit de las comunidades y de los ayuntamientos podría subir si utilizan sus remanentes de tesorería. El de la Seguridad Social se estima que bajará al 3% porque el mayor gasto para combatir la pandemia se ha producido este año.
Presupuesto de ingresos
La ministra de Hacienda ha afirmado que la recuperación de la actividad prevista para el año que viene se traducirá en un incremento de la recaudación fiscal. De hecho, ha señalado, esta recaudación ya se está comportando mejor que la propia economía en 2020, porque, aunque se ha reducido como consecuencia de la menor actividad provocada por la pandemia, lo ha hecho en un porcentaje más bajo que la riqueza del PIB: «En 2020 la recaudación tributaria cae un 7,6% en nuestra previsión, 3,6 puntos menos que el PIB nominal».
En opinión de Montero, este hecho no es casual, sino que se ha debido, entre otras, a las medidas de protección de las rentas aprobadas por el Gobierno, con los ERTES como principal herramienta.
Modificaciones tributarias puntuales previas a una reforma fiscal en profundidad
Montero ha expresado la intención del Ejecutivo de abordar una reforma fiscal en profundidad cuando la crisis sanitaria se haya superado y se haya recuperado por completo la estabilidad económica. La ministra ha afirmado que es necesario adecuar el sistema tributario actual al de los países europeos de nuestro entorno y a la realidad económica del siglo XXI, solventando, por ejemplo, el anacronismo de tener «una tributación analógica para una economía digital».
El Gobierno, ha anunciado, nombrará un comité de expertos para asesorarlo. Para el próximo ejercicio, no obstante, se han incorporado ya algunas modificaciones tributarias puntuales avaladas por organismos nacionales, como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), o internacionales como la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Los cuatro objetivos de estos ajustes fiscales son, según la ministra, «ganar progresividad, favorecer el trabajo de las pequeñas y medianas empresas, apoyar hábitos de vida saludable y avanzar en fiscalidad verde».
IRPF, impuesto de sociedades e impuesto de patrimonio
El Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) se incrementará en dos puntos para las rentas del trabajo superiores a 300.000 euros anuales. Esta subida, ha dicho la ministra, tendrá efectos solo en un 0,7% de los contribuyentes. En la parte de rentas de capital y de ahorro se establece una subida de 3 puntos a partir de los 200.000 euros, una medida recomendada por la OCDE y que afectará a aproximadamente 17.000 contribuyentes de un total de 21 millones.
En cuanto al Impuesto de sociedades, la ministra de Hacienda ha explicado que en 2021 se limitará al 95% la actual exención del 100% por plusvalía o dividendo generado por las filiales, una medida «que afectará a 1.739 empresas, un 0,12% de las más de millón y medio que tenemos en nuestro país». Las compañías con un volumen de negocio inferior a 40 millones de euros podrán seguir aplicando la exención del 100% durante los próximos tres años.
El Impuesto sobre el patrimonio tendrá vigencia indefinida y se incrementa en un punto, del 2,5 al 3,5%, el gravamen del último tramo, que es el que está por encima de los 10 millones de euros. Montero ha avanzado que el Ejecutivo prevé una armonización en todo el Estado de este impuesto transferido a las comunidades autónomas para evitar que se produzca «competencia desleal» entre ellas y dumping fiscal.
Autónomos y Planes de Pensiones
Montero ha anunciado que se van a prorrogar durante 2021 los límites del régimen de módulos para autónomos para ayudar así a uno de los colectivos más afectados por la crisis.
Respecto a los planes individuales de pensiones, el límite de aportaciones máximas bajará de 8.000 a 2.000 euros, en línea con las recomendaciones de Airef y la Comisión Europea. Esta medida, ha advertido Montero, afecta a un número muy reducido de contribuyentes, puesto que, según datos de la Airef, solo un 8% de ellos hacen aportaciones superiores a 4.000 euros, y el 58% lo hacen por debajo de 1.000 euros.
Subida del IVA en bebidas azucaradas y edulcoradas
Las bebidas azucaradas y edulcoradas pasarán de tener un IVA del 21% en con el objetivo de combatir la obesidad infantil y enfermedades asociadas como la diabetes. En bares y restaurantes, estas bebidas seguirán tributando al 10% actual «para no perjudicar a la restauración en un momento tan delicado como el actual», ha apuntado la ministra.
Fiscalidad verde
Montero ha marcado como prioridad del Ejecutivo avanzar en políticas que incentivan los «comportamientos protectores» para el medio ambiente y penalizan los «agresivos».
Así, se ha propuesto la supresión de la bonificación fiscal del diésel, de forma que el tipo estatal general del gasóleo pasará de los 30,7 céntimos por litro actuales a 34,5. «Este precio sigue siendo inferior a la gasolina», ha continuado la ministra, «pero el objetivo es ir equiparando de forma progresiva estos dos hidrocarburos como mensaje claro de que tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo en relación con la automoción, y enfocarla hacia una movilidad más sostenible».
Montero ha defendido que la medida no tiene afán recaudatorio, y ha puesto como ejemplo que, en un depósito de 50 litros, el incremento va a suponer solo 2,3 euros, IVA incluido, o 3,45 euros al mes por 15.000 kilómetros al año.
Se mantiene sin alteración la tributación actual sobre el gasóleo de uso profesional y el gasóleo bonificado.
Primas de seguros
La ministra de Hacienda ha destacado, por último, la modificación, por primera vez en más de 20 años, del impuesto sobre primas de seguros. El gravamen actual del 6% pasará a ser del 8%, un porcentaje, que según la ministra, seguirá estando por debajo de la media europea.
Nuevos impuestos
Montero ha señalado que están previstos nuevos tributos, ya aprobados, como el de Determinados Servicios Digitales y el de Transacciones Financieras, o en tramitación, como los impuestos sobre envases de plástico no reutilizables, que tendrán reflejo futuro en el presupuesto de ingresos para 2021, aunque todavía no han sido incluidos.
«Estas medidas, junto con la lucha contra el fraude fiscal, supondrán un incremento de los ingresos de 4.223 millones, lo cual es imprescindible para el sostenimiento del Estado de bienestar», ha afirmado.
Solicitud de prórroga del estado de alarma durante 6 meses
El Consejo de Ministros ha acordado solicitar al Congreso de los Diputados la prórroga, durante 6 meses, del estado de alarma declarado este pasado domingo por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre.
La portavoz del Gobierno ha explicado que la solicitud plantea suprimir la vigencia actual de las limitaciones de movilidad entre las 23 horas y las 6 de la mañana, de forma que sea el presidente de cada comunidad autónoma, como autoridad competente, la que establezca estas restricciones horarias, u otras, en función de la evolución de la pandemia en su territorio.
Montero ha insistido en que el estado de alarma da «amparo constitucional» a las medidas que aplican las comunidades autónomas para preservar la salud de la ciudadanía y doblegar la curva en esta segunda ola de la pandemia. En este sentido, ha solicitado una vez más a la ciudadanía que contribuya a este objetivo cumpliendo con responsabilidad las recomendaciones sanitarias.
Más de 28.000 plazas en la Oferta de Empleo Público para 2020
El Consejo de Ministros ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2020, que sumará un total de 28.055 plazas entre personal funcionario de carrera y laboral.
Para la Administración General del Estado (AGE) se convocarán 18.323 plazas, de las cuales 9.227 serán de acceso libre y 8.996 por promoción interna. Esta última cifra, ha destacado la ministra Montero, supone la mayor convocatoria de promoción interna de la historia de la AGE.
El resto de plazas están destinadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (5.540), Fuerzas Armadas (1.857), Administración de Justicia (1.452), Administración local con habilitación de carácter nacional (549), Entes Públicos (256), docentes AGE (47), personal del Instituto de Gestión Sanitaria (26) y Consejo General Poder Judicial (5).
