Según el sindicato agrario, el género robado y puesto a la venta no tiene garantías de cumplimiento de la normativa sanitaria, por lo que estas ventas pueden atentar contra la salud pública.
LA UNIÓ de Llauraors i Ramaders de la Comunidad Valenciana ha querido denunciar que la justicia actúa con falta de rigurosidad ante los robos producidos en el campo, dejando al agricultor completamente desprotegido ante estos actos que arruinan su ya mermada renta. Pero además, estas actuaciones tienen un doble efecto también sobre el consumidor y es que no sabe la procedencia ni la trazabilidad de los productos que compra.
Un caso significativo ha sido la reciente sentencia que no ha reconocido el daño causado a un agricultor de la Ribera Alta al que le robaron coles valoradas en más de 2.500 euros. El agricultor, que procedió a denunciar inmediatamente este hecho y, además, localizó tanto a los vendedores como a la persona que supuestamente le había sustraído la mercancía, que tenía preparada para cargar en un camino rural de su propiedad, ha visto como ha quedado sobreseído provisionalmente este caso por la juez por falta -según la sentencia- de poder acreditar el carácter ilícito de la mercancía sustraída.
LA UNIÓ denuncia que hechos como estos ponen en peligro ya no sólo el desarrollo de la actividad agraria sino también que puede existir “un delito contra la salud pública puesto que el consumidor puede estar consumiendo productos sin las garantías sanitarias adecuadas, ya que estos productos pueden contener restos de tratamientos contra las plagas que precisan de un período reglado antes de su puesta a la venta al cliente final”.
