Los proyectos FV Manute y FV Núñez de Balboa, que suman cerca de 8 megavatios, cuentan con autorización administrativa y están pendientes de los permisos municipales.
La asociación vecinal dispone hasta el 6 de noviembre para acudir a la vía judicial y tratar de impedir su instalación.
La Asociación de Vecinos del Paraje del Cucuch, presidida por Abel Torregrosa Pastor, ha celebrado este sábado, 31 de octubre, una reunión informativa en la Casa de Cultura de Novelda para analizar la situación de los proyectos fotovoltaicos FV Manute y FV Núñez de Balboa, previstos en las inmediaciones de este paraje rural.
Los vecinos estudian presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), una decisión que deberán adoptar en los próximos días, ya que el plazo para iniciar esta vía finaliza el 6 de noviembre.
La reunión ha servido para informar sobre el estado actual de las instalaciones y las posibilidades legales de actuación, así como para recabar el apoyo de los residentes y de otras personas preocupadas por la proliferación de plantas solares en el término municipal.
Dos plantas solares con autorización administrativa
Los proyectos FV Manute y FV Núñez de Balboa comenzaron su tramitación ante la Generalitat Valenciana en 2022, promovidos por dos empresas diferentes que, según la asociación, comparten administradores.
Las instalaciones se ubicarían en terrenos próximos al Tanatorio, el polígono Santa Fe, el Parque del Oeste y la carretera de Monóvar, en un entorno donde existen explotaciones agrícolas, caminos rurales y viviendas habitadas durante todo el año.
En conjunto, ambas plantas sumarían una potencia aproximada de 8 megavatios, repartidos entre dos instalaciones de alrededor de 3,1 y 4,9 MW.
Según ha explicado Luis Mira, vocal de la asociación vecinal, los proyectos ya disponen de autorización administrativa y están pendientes de los correspondientes permisos municipales. Esta circunstancia limita las posibilidades de actuación de los residentes, que consideran necesario estudiar si existe alguna vía legal para impedir su ejecución.
Una de las principales preocupaciones del colectivo es que ambas instalaciones se hayan tramitado como proyectos independientes pese a compartir una misma infraestructura de evacuación eléctrica. Los vecinos cuestionan que los estudios ambientales se hayan realizado por separado, ya que consideran que los efectos de ambas plantas deberían evaluarse conjuntamente.
La línea de evacuación contemplaría un tramo soterrado de aproximadamente 3,2 kilómetros, que atravesaría distintos caminos rurales, entre ellos los de Casa L’Art, Cucuch y las Cuevas, hasta el entorno de La Tejera, desde donde continuaría mediante una línea aérea hacia Salinetes.
Los residentes advierten de las posibles afecciones de las obras a los accesos de las viviendas, caminos, conducciones de agua potable, instalaciones de riego y terrenos agrícolas, además del impacto paisajístico derivado de la instalación de paneles y vallados próximos a las casas.
Otra de las particularidades de estos proyectos, a diferencia de las macroplantas previstas en La Horna, es que los terrenos afectados son de propiedad privada y, según la asociación, han sido arrendados a las empresas por periodos de 30 años, coincidiendo con la duración prevista de las instalaciones.
El 6 de noviembre finaliza el plazo para acudir a los tribunales
La situación administrativa de los proyectos constituye actualmente la principal preocupación de la asociación. Los vecinos comenzaron a organizarse el pasado mes de julio, cuando tuvieron conocimiento del avance de los expedientes, cuya tramitación se había iniciado en 2022.
Tras solicitar información al Ayuntamiento y consultar con abogados especializados, el colectivo presentó el 6 de agosto un recurso de alzada contra la tramitación de una de las instalaciones, con el objetivo de mantener abierta la posibilidad de acudir posteriormente a la vía judicial.
El recurso fue desestimado y ahora la asociación dispone hasta el 6 de noviembre para presentar un recurso contencioso-administrativo ante el TSJCV.
No obstante, los representantes vecinales reconocen que, inicialmente, los proyectos parecen cumplir los requisitos técnicos y administrativos exigidos, por lo que consideran imprescindible que un abogado especializado revise la documentación y determine si existen argumentos jurídicos suficientes para recurrir.
Además, advierten de que la presentación de un recurso no supone automáticamente la paralización de las obras, por lo que será necesario estudiar las posibilidades reales de obtener medidas que impidan su ejecución mientras se resuelve el procedimiento.
La asociación iniciará el próximo lunes, 2 de noviembre, nuevas consultas con los profesionales jurídicos antes de adoptar una decisión definitiva, teniendo en cuenta tanto la viabilidad del recurso como los gastos económicos que supondría.
Los vecinos reclaman mayor información y participación
La asociación también ha puesto de manifiesto las dificultades que encuentran los residentes para conocer los proyectos energéticos que se tramitan en su entorno.
Aunque los expedientes fueron publicados siguiendo los procedimientos legales establecidos, numerosos vecinos aseguran que no tuvieron conocimiento efectivo de las instalaciones hasta varios años después del inicio de su tramitación.
El colectivo considera insuficiente que proyectos con repercusiones directas sobre viviendas y terrenos rurales se comuniquen únicamente mediante boletines oficiales, por lo que reclama una mayor información a la ciudadanía.
Los representantes vecinales también han mantenido contactos con el Ayuntamiento de Novelda para conocer las posibilidades de actuación municipal y la situación del futuro planeamiento urbanístico. Según han explicado, las competencias municipales para intervenir en estos procedimientos son limitadas, dado que las principales autorizaciones corresponden a la Generalitat Valenciana.
Durante la reunión también han participado representantes de la Asociación de Vecinos de La Horna, que han compartido su experiencia en la oposición a las macroplantas fotovoltaicas La Balsa y La Cascada, otros dos proyectos que han generado una importante movilización ciudadana en Novelda.
Luis Mira: «Tenemos que agotar las vías si existen posibilidades»
Al finalizar la reunión, Luis Mira, vocal de la Asociación de Vecinos del Cucuch, ha valorado positivamente la participación y las propuestas planteadas, destacando la necesidad de actuar con rapidez ante el vencimiento del plazo judicial.
«Tenemos que agotar las vías si existen posibilidades por esa parte», ha señalado, confirmando que el colectivo comenzará el lunes las consultas con abogados para determinar las opciones de recurrir ante el TSJCV.
Mira también ha explicado que la asociación continuará promoviendo actuaciones de movilización social para dar a conocer la situación del paraje y recabar apoyos.
En este sentido, ha señalado que los vecinos pueden colaborar incorporándose a la asociación o realizando aportaciones económicas para afrontar los gastos derivados de las posibles actuaciones judiciales.
La asociación insiste en que su postura no es contraria a las energías renovables, sino a la ubicación de determinadas instalaciones en zonas rurales próximas a viviendas, explotaciones agrícolas y espacios de valor paisajístico.
Bajo el lema «Placas solares sí, pero no en cualquier lugar», el colectivo reclama una planificación energética compatible con la protección del territorio y la calidad de vida de sus residentes.
Con el plazo judicial a punto de finalizar, la próxima semana será decisiva para determinar si los vecinos del Cucuch acuden a los tribunales para intentar frenar los dos proyectos fotovoltaicos.
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