El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto de comedores escolares saludables y sostenibles para garantizar el derecho de todos los niños a una alimentación sana y de calidad con independencia del nivel de renta de sus familias.

El ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha destacado que el objetivo de la norma es asegurar que los centros escolares sirvan cinco comidas a la semana «que sean nutritivas, equilibradas, saludables y conformes a los estándares de la Organización Mundial de la Salud o de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y de Nutrición».

En este sentido, Bustinduy ha resaltado que el real decreto impulsa el consumo diario de frutas y verduras frescas, de legumbres, de pescado y de carne de calidad, a la vez que limita los alimentos ultraprocesados, los platos precocinados y el exceso de frituras. Además, elimina las bebidas azucaradas, las energéticas y la bollería industrial de las máquinas dispensadoras y de las cafeterías de los centros educativos.

El ministro ha incidido en que otros objetivos de la norma son «garantizar la equidad social y la igualdad de oportunidades» y que los menores adquieran hábitos alimenticios saludables para el resto de su vida. A este respecto, Pablo Bustinduy ha recordado que los datos del último estudio Aladino reflejan que uno de cada dos niños de familias con ingresos anuales inferiores a los 18.000 euros al año tiene exceso de peso debido a que no pueden permitirse consumir más alimentos frescos a diario ni realizar desayunos completos.

El comedor escolar es, a juicio del ministro, una herramienta para reducir la desigualdad: «La norma busca que los centros educativos sean espacios de garantía de oportunidades y de garantía del derecho a una alimentación saludable independientemente de variables como la clase social».

Asimismo, Bustinduy ha afirmado que la norma apuesta «por un modelo más sostenible, más eficiente y más racional que implique menos envases, menos plásticos, menos residuos y menos desperdicio».

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Jose Manuel Álvarez

El real decreto también busca impulsar el consumo de cercanía, los productos de temporada y la producción local, agrícola, pesquera y ganadera. «Queremos apostar por conectar el campo y la huerta con los comedores escolares y que sean nuestros agricultores, pescadores y ganaderos quienes provean productos de calidad para la alimentación de los niños y niñas del país en los comedores escolares», ha remarcado el ministro.

Policía Nacional y Guardia Civil realizaron 419 operaciones policiales contra la trata y la explotación de seres humanos y desarticularon 110 organizaciones y grupos criminales

La Policía Nacional y la Guardia Civil liberaron en 2024 a un total de 1.794 víctimas de redes de trata y de explotación sexual o laboral, entre ellas 32 menores. Este balance es el resultado de 419 operaciones, que desembocaron en la detención de 966 personas y la desarticulación de 110 organizaciones y grupos criminales. También se llevaron a cabo 10.013 inspecciones administrativas en entornos vinculados a la prostitución y a centros de trabajo.

Estos datos proceden del «Resumen ejecutivo anual de trata y explotación de seres humanos 2024», elaborado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, y que puede ser consultado en la web del departamento, en el apartado de 2024 de Balances e informes.

En la misma ubicación está disponible también el «Balance estadístico 2020-2024 sobre trata y explotación de seres humanos en España», que muestra la evolución de la prevención y lucha contra este fenómeno criminal en los últimos cinco años.

Del número total de víctimas, 513 fueron captadas por redes criminales organizadas de trata de seres humanos, mediante engaño, violencia o abuso de una situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual, laboral, matrimonios forzados y comisión de actividades delictivas.

1.281 más son víctimas sometidas también a procesos de explotación sexual en entornos de prostitución, o laboral, con condiciones de restricción o violación de sus derechos, aunque en su caso no se ha podido demostrar que hubiesen llegado a esa situación por la intervención de una red organizada de trata de personas.

Explotación sexual

Según se recoge en el balance, fueron un total de 256 las víctimas liberadas de las redes de trata de seres humanos para su explotación sexual, 5 de ellas menores de edad. El perfil mayoritario es el de mujeres de entre 23 y 27 años procedentes de Colombia, Venezuela y Paraguay.

En el caso de las víctimas rescatadas de situaciones de explotación sexual, sin la concurrencia de redes de trata de personas, el número se eleva a 376 (11 menores), mayoritariamente mujeres de 23 a 27 años, originarias de Colombia, España y Venezuela.

Las 188 operaciones policiales llevadas a cabo en el ámbito de la trata y explotación sexual culminaron con la desarticulación de 77 grupos y organizaciones criminales y la detención de 525 personas, la mayoría de nacionalidad española.

Además, en 2024 la Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron 1.705 inspecciones administrativas en lugares de ejercicio de la prostitución, una labor que permitió identificar a 7.697 personas en situación de riesgo por ejercer la prostitución en esos establecimientos, con un perfil mayoritario de mujer, de entre 33 y 37 años, de nacionalidad colombiana, española y rumana.

Explotación laboral

En cuanto a las actuaciones emprendidas contra las redes de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, las víctimas liberadas fueron 246, cinco de ellas menores. El perfil mayoritario de víctima es un hombre, de 23 a 27 años, natural de Colombia, India o Pakistán.

Las víctimas rescatadas de situaciones de explotación laboral, pero sin la concurrencia de redes de trata de seres humanos, fueron 905, cinco de ellas menores de edad, y con un perfil similar: hombre de entre 23 a 27 años, procedente de Colombia, Marruecos y Senegal.

La acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado permitió desarticular en este caso 33 organizaciones criminales en el ámbito de la trata y explotación laboral, que culminaron con la detención de 425 personas.

Durante 2024, la Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron 8.308 inspecciones administrativas en centros de trabajo, que permitieron la identificación de 27.080 trabajadores.

Trata para matrimonios forzados y criminalidad

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúan también para combatir la trata de seres humanos con otras finalidades distintas de la explotación laboral y sexual. A lo largo de 2024 intervinieron en ocho casos de trata con fines de matrimonios forzados, con ocho víctimas (seis de ellas menores), de nacionalidades búlgara, rumana, española, marroquí, gambiana y afgana. Las operaciones terminaron con la detención de 21 personas.

También se ha actuado en dos atestados de trata dirigida a la criminalidad forzada, que han hecho posible la liberación de tres víctimas, originarias Colombia. Las operaciones culminaron con cinco detenidos.