En el texto pedían «un trato justo en el reparto de inversiones a los municipios», reprochando que «han invertido en cuatro municipios donde ostentan cargos diputados del PP».
El grupo municipal Compromís per Novelda presentó una moción en el pleno celebrado el pasado martes para pedir a la Diputación de Alicante un trato justo en el reparto de inversiones a los municipios. Y es que, según denuncian, esta institución ha comenzado en la segunda mitad del año una batería de inversiones en obras en cuatro municipios (Busot, Mutxamel, Calp i La Nucia) donde ostentan cargos diputados del grupo del Partido Popular.
«Entre los cuatro municipios se han aprobado dictámenes por valores de 5,2 millones de euros, lo que implica que entre cuatro pueblos han consumido un 38% de lo que la Diputación tenía que invertir en el Fondo de Cooperación de la Generalitat para los 141 pueblos, y que no sufragó porque afirmó que no le era posible económicamente», denuncian desde Compromís. La moción pedía que, en base a un trato igualitario a todos los pueblos, la Diputación de Alicante asumiera los 337.500 euros que el Ayuntamiento de Novelda tendrá que poner para las obras de mejora de la red viaria, igual que lo hace con los cuatro municipios privilegiados.
La propuesta contó con los votos favorables de toda la oposición, pero no se aprobó por los votos en contra del equipo de gobierno, formado por UPyD y PP. Este voto en contra «choca con la propuesta aprobada el pasado mes de febrero por el pleno en unanimidad, donde se aprobó una moción para que la Diputación de Alicante aplicara el plan Objetiva, que tiene como propósito consolidar un reparto justo y transparente de las subvenciones en la Diputación», aseguran.
Por otra parte, Compromís presentó una moción de urgencia, consensuada con el resto de partidos de la oposición (PSOE y Guanyar), para condenar el uso de la violencia durante la celebración del referéndum de Cataluña el pasado 1 de octubre. La moción, que no se pudo debatir ya que el equipo de gobierno no votó a favor de su urgencia, condenaba las actuaciones desproporcionadas de los cuerpos de seguridad del Estado, que dejaron alrededor de 900 heridos de diversa consideración. Además, «organismos internacionales como la Comisión Europea han criticado el uso de la fuerza, como también el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que ha solicitado una investigación del uso de la violencia ese día». Por todo eso, la moción pedía que el pleno condenara el operativo policial desplegado por el Ministerio de Interior y elevar una propuesta al gobierno de España por esta «actuación policial tan desproporcionada».
También se proponía exigir la apertura de una mesa de diálogo entre los dos Gobiernos, el del Estado y el de la Generalitat, para buscar una salida acordada a la grave crisis territorial que hay planteada en este momento en el Estado español. Estas propuestas no se pudieron explicar ni debatir a causa de la negativa del equipo de gobierno a votar su urgencia.
El pleno debatió la modificación de diversas tasas, entre las que destaca el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Compromís se abstuvo en la votación de este impuesto, ya que como afirmó su portavoz Sílvia Anna «por tercer año consecutivo el equipo de gobierno dice verdades a medias», afirmando que se congela el impuesto por tercer año consecutivo, mientras que «realmente se congela solamente una parte de este impuesto».
