Se trata de una proposición no de ley sobre la función social de la vivienda, que plantea intervenir cuando se inicia el proceso de ejecución, antes de que se produzca la orden judicial, evitando así el 60% de los desahucios porque las personas y familias afectadas se quedarían en sus casas. (Esta noticia contiene vídeo)
Manolo González, portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Novelda, explicaba ayer la propuesta de resolución que su grupo ha presentado para el próximo pleno del Ayuntamiento de Novelda con la que defenderán el disfrute de una vivienda digna.
En esta propuesta plantean intervenir cuando se inicia el proceso de ejecución, antes de que se produzca la orden judicial, evitando así el 60% de los desahucios porque las personas y familias afectadas se quedarían en sus casas. Para ello, plantean la posibilidad de concertar un contrato de arrendamiento con opción de compra a suscribir por la entidad financiera titular del crédito, el propietario ejecutado y la Generalitat, por un plazo de tres años, a la finalización del cual el arrendatario podrá optar por la compra o por continuar con el arrendamiento durante dos años más. El precio base del contrato será el reajustado para la vivienda conforme a los criterios de las normas de la legislación estatal sobre saneamiento del sector financiero. La renta anual que abonará la Generalitat durante el citado plazo de tres años será del 3% anual del precio reajustado. A los arrendatarios se les repercutirá como máximo el 50% de la renta, sin que en ningún caso dicha contribución supere el 25% de los ingresos de la unidad familiar. Y en el caso de que se niegue la entidad financiera, la Generalitat procederá a tramitar la expropiación del usufructo temporal de la vivienda por un plazo máximo de tres años. El valor del justiprecio será del 2% anual del que corresponda a la vivienda en los términos indicados en la medida anterior, y la persona beneficiaria contribuirá a sufragar dicho justiprecio en cuantía no superior al 50% de los ingresos de la unidad familiar.
González advertía que durante el año 2012 se produjeron un total de 7.018 desahucios en la comunidad, “por lo que la pérdida de la vivienda es un problema de primera magnitud para los valencianos y valencianas”.
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