El equipo de gobierno y Compromís per Novelda han reprochado a la gestión del PP en 2005 como «la responsable de endeudar a Novelda en 5 millones de euros», mientras que el Partido Popular y Vox han subrayado que «todos los grupos han tenido culpa» y han criticado la «falta de transparencia» del gobierno
El Pleno Extraordinario del 28 de mayo, donde también se han adjudicado las obras de la reforma integral del Mercado de Abastos de Novelda, ha debatido sobre las responsabilidades políticas sobre la sentencia firme del CSAD tras la no inadmisión a trámite por parte del Tribunal Supremo del recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Novelda en noviembre de 2022.
Esta inadmisión a trámite supone una condena de 4,8 millones de euros que deberán ser abonados a la mercantil ABANCA, que aportó en 2005 los 6 millones necesarios para construir este polémico centro deportivo.
Ante la polémica surgida durante las diversas declaraciones ante los medios de los grupos políticos, el Partido Popular Novelda y Vox Novelda solicitaron la celebración de este pleno extraordinario, al amparo de lo establecido en el art. 57.2 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Novelda y al contar con el quorum necesario para llevarlo a cabo, para debatir sobre las causas y responsabilidades sobre el CSAD. En este punto no se cuenta con dictamen ni con votación, ya que se trata de un tema a dar cuenta a la sesión plenaria.
«A este gobierno se nos ha ido al traste todo el Plan de Inversiones, toda la hoja de ruta, por una gestión del PP», ha criticado el alcalde de Novelda, Fran Martínez, subrayando que el grupo político «ha endeudado a Novelda con 5 millones de euros más» por haber aprobado, el 30 de diciembre de 2005, una concesión de obra pública de un proyecto deportivo de gran envergadura que necesitaba de 1.300 socios para mantenerse, que aportó en aquel entonces un canon de 900.000 euros que ingresó el Ayuntamiento y que a los dos años de su inauguración tuvo que cerrar por baja rentabilidad. «Mediante la gestión intentaremos que algunas de esas inversiones sí que vengan», subrayando que ese dinero se deberá utilizar ahora «para pagar una herencia que ha recibido este equipo de gobierno».
El equipo de gobierno contextualiza la sentencia
Por su parte, el concejal de Recursos Jurídicos, Ximo Mira, ha explicado que una concesión de obra pública cuenta con dos partes, la construcción de un inmueble y la explotación del mismo. Además de ello, señala que el el Ayuntamiento liderado por la popular Milagrosa Martínez ingresó un canon de 900.000 euros «en una época donde vivíamos en la vorágine del ladrillo y donde el CSAD fue adjudicado a dos empresas que llegaron a concurso de acreedores y que fueron reconocidas en el mundo del ladrillo y de los pelotazos inmobiliarios de aquellos momentos».
Con todo, Mira recuerda que el 1 de junio de 2006 la concesionaria CSAD «remitió un escrito solicitando hipotecar la concesión, el inmueble y la explotación», convocándose un pleno cinco días después para aprobar y autorizar a la concesionaria para que firmara el préstamo hipotecario concedido por ABANCA por 4,686.000 euros. «Doy la razón al señor Armando Esteve en sus últimas declaraciones de que se construyó un complejo deportivo sin tener dinero ni capacidad económica para afrontarlo», ha añadido el concejal.
Tras ello, señala que el 2 de enero de 2008, con el socialista Mariano Beltrá en la alcaldía, fue inaugurado el Centro de Salud y Agua de Novelda sólo en la parte interior, ya que las instalaciones exteriores se encontraban inacabadas. Posteriormente, Mira indica que el 28 de junio de 2009, el CSAD solicitó al Ayuntamiento de Novelda una autorización para volver a hipotecarse, ampliando la garantía hipotecaria y por ende su deuda en 440.000 euros más. «Este dinero se iba a destinar a finalizar las instalaciones deportivas exteriores», por lo que fue aprobada esta hipoteca además de la concesión a 30 años con la que, asegura, «ya debíamos más dinero del inicialmente previsto».
El 1 de agosto de 2010 se produce el cierre de CSAD según el concurso de acreedores y el informe de su administrador por falta de tesorería de la mercantil, al contar con un plan de viabilidad económica que estimaba necesitar 1.300 usuarios mensuales para su viabilidad. «1 de cada 12 habitantes adultos de Novelda debía ser usuario del CSAD y aportar su cuota para que no sucediera lo que finalmente sucedió, porque tan sólo se llegaron a alcanzar durante un mes los 600 usuarios», ha recordado Mira.
Meses después, Ximo Mira señala que el 22 de octubre de 2010 la mercantil CSAD fue declarada en concurso de acreedores y que el 20 de mayo de 2011 el administrador concursal y el representante legal del CSAD remitieron un escrito al Ayuntamiento de Novelda «reclamando las cuantías debidas en virtud del acuerdo suscrito». En concreto: 80.000 euros del 2008, 80.000 euros más el IPC del 2009 y 80.000 euros más el IPC del 2010. «Es decir, el Ayuntamiento ingresó 900.000 euros en 2005 por aprobar el proyecto pero teníamos que pagar a la mercantil 80.000 euros más el IPC al año durante 30 años», es decir cerca de 2,5 millones de euros en total.
Sin embargo, asegura también que «la parte más preocupante en las clausulas particulares del contrato es la horquilla concesional», resaltando que del periodo comprendido entre los años 2008 a 2010 la concesionaria, al no contar con los suficientes ingresos por falta de financiación, esa horquilla debía ser asumida por el Ayuntamiento, en total 448.001 euros, «porque así venía establecido en las clausulas de obra y explotación del contrato». Con todo, Mira ha rememorado el «buen criterio» de los técnicos municipales de aquel entonces, que desestimaron el pago de esta horquilla que nunca se llegó a producir al entrar el CSAD en concurso.
«El CSAD en el año 2005 con el Ayuntamiento hizo un muy buen negocio», ha reprochado ximo Mira.
Por otro lado, el 26 de abril de 2011, Mira explica que se produjo una reunión entre representantes municipales, el administrador concursal, la empresa CSAD y CaixaGalicia, en la que asegura que «se planteó la posibilidad de ampliar el préstamo hipotecario para continuar con la actividad». Esta reunión «no llegó a buen puerto», porque al haber entrado en concurso de acreedores «no había una inactividad sino que se estaba intentando reabrir el CSAD cada parte defendiendo sus propios intereses».
Varios años después, el 30 de julio de 2013, el administrador concursal pidió al Ayuntamiento la rescisión del contrato, solicitando que el consistorio noveldense debía de pagar 4,5 millones de euros en concepto de liquidación. «Tiempo después, el propio administrador concursal desistió de su petición», que volvió a retomar cuando el Ayuntamiento aprobó la titularidad municipal del inmueble en 2018.
Tras ello, el 21 de marzo de 2016 se concluyó el concurso de acreedores y se acordó la extinción de la mercantil CSAD y el 17 de enero de 2017, durante el gobierno de la UPyD de Armando Esteve, Mira indica que «el acreedor hipotecario presentó demanda de ejecución hipotecaria en reclamación de 6,8 millones de euros», motivando así según afirma el concejal, «que 10 meses después se inicie el expediente de resolución del contrato del CSAD en el pleno del 7 de noviembre de 2017, donde se acordó dar audiencia a ABANCA para que se pronuncie y saber si se ofrece o no para subrogarse en el cumplimiento del contrato y continuar con la actividad y explotación del centro deportivo».
Estado del CSAD durante sus años de abandono.
Pese a ello, ABANCA subrayó que no se subrogaría en la posición del CSAD para continuar con el centro, instando a que se les debía indemnizar al considerar que la entidad bancaria era el acreedor hipotecario.
Sin embargo, el pleno del 2 de enero de 2018 el pleno aprobó por unanimidad resolver el contrato de concesión hipotecaria con la concesión del aval, formándose la pieza separada para la liquidación del contrato, y dando a ABANCA traslado del ‘Informe NuVe’ jurídico-económico realizado en colaboración con la empresa NuVe Consulting.
Dicho informe, argumenta Mira, fue «fallido» porque se basaba en una normativa «ya derogada» y «no aplicando la norma jurídica que tocaba», estableciendo que la recuperación de la titularidad pública del CSAD tendría un coste de euros a la ciudadanía (-1.300.000 euros). Ante ello, ABANCA presentó sus alegaciones y valoración de la liquidación, desestimadas el 8 de mayo de 2018 y aprueba la valoración negativa de -1,3 millones de euros.
«El gobierno de UPyD con el PP no aceptó una liquidación positiva a ABANCA de 1.700.000 euros», subraya Mira.
El entonces concejal de Hacienda, Ricardo Moreno, en una rueda de prensa en 2018, comentó según Ximo Mira que «esta liquidación acabaría en los tribunales» y que ABANCA estaba dispuesta a aceptar una liquidación positiva del CSAD por una cuantía de 1,7 millones de euros. «Esta cuantía no fue aceptada por el gobierno de UPyD junto al Partido Popular», ha destacado Mira.
Por tanto, el concejal de Recursos Jurídicos recalca que el entonces equipo de gobierno continuó adelante con la estimación del ‘Informe NuVe’ «basado en el Real Decreto Ley de la Ley de Contrato de Sector Públicos del año 2011 el cual remite al Real Decreto del 2000, excluyéndolo totalmente». Además, indica que el informe «no contempló la Ley Concursal, la Ley Hipotecaria, el Código Civil, la Constitución Española así como la jurisprudencia que establecen la legitimación activa del acreedor hipotecario, en este caso ABANCA».
Estado del CSAD en 2021 tras trabajos de mantenimiento.
Cabe recordar que dicho Real Decreto Ley de la Ley de Contrato de Sector Públicos del año 2011 establecía que «los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán por la normativa anterior». El CSAD, habiéndose adjudicado en 2005, por consiguiente el Real Decreto remite a esta cuestión a la normativa del año 2000. «El Informe NuVE es fallido porque lo dice el TSJ porque se aplicó una norma jurídica no adecuada a ese procedimiento, por lo que se nos cayó la defensa del informe no sólo en los juzgados de Valencia sino también en Alicante». Es decir, el juzgado no valoró si era el Ayuntamiento o ABANCA quien tenía razón, sino que Mira subraya que al no contar el Informe NuVE «con la la aplicación de la normativa correspondiente», esa defensa quedó excluida.
«Sólo queda la pericial de ABANCA porque la del Ayuntamiento no tiene ningún fundamento legal y no se puede aplicar. Se tendría que haber garantizado más la defensa de los intereses del Ayuntamiento de Novelda en la toma de decisiones políticas», ha estimado Mira.
«ABANCA presentó en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Alicante una demanda», recuerda Mira, que el 31 de mayo de 2021 dictó sentencia inadmitiendo el recurso «por falta de legitimación activa», no entrando en el fondo de dicha cuestión. Al no estar de acuerdo con la decisión, ABANCA presento un recurso de apelación ante el TSJ, que en 2022 falló en que la entidad bancaria sí que tenía dicha legitimación porque, asegura Mira, «formó parte de todo el proceso, se le dio traslado de la liquidación y del informe de valoración».
Al contar con la legitimación, el tribunal como así dicta la sentencia abordó la cuantía de la liquidación, siendo el gabinete jurídico «el mismo que elaboró el Informe NuVe», porque asegura que «el único juicio celebrado fue el de Alicante», posteriormente apelado al TSJ y revocada la sentencia. «Jurídicamente se perdió el juicio en Alicante», y, tras ello, el Supremo hace unas semanas no admitió a trámite el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento.
Con todo, Mira recalca que el propio TSJ redujo de la liquidación en 330.000 euros, detrayendo el beneficio industrial de las obras y el IVA por este concepto, estableciendo una cuantía de 4,8 millones de euros a abonar a la entidad bancaria. «El único argumento contra la liquidación de ABANCA es que se dijo que era injusta, el informe pericial no lo discutió, sólo señaló que era injusta», señala Mira, resaltando que eso podría haber provocado la solicitación de una cuantía mayor a la que el consistorio no tendría defensa pero que, «por suerte», el TSJ no condenó a Novelda en costas. «Hubiésemos tenido que pagar los 4,8 millones de euros, los intereses y la condena de costas».
Para finalizar, señala que el Supremo estimó que no se vulneró ni la legislación, ni la jurisprudencia, ni que existen dos sentencias contradictorias sobre la legitimación y la liquidación del acreedor hipotecario, por lo que se ha desestimado el recurso de casación presentado por el consistorio local en noviembre de 2022. «Espero que de esto hayamos aprendido algo y que en el futuro no nos embarquemos en un proyecto de semejante nivel económico sin tener la capacidad para hacerlo», ha concluido.
Opiniones dispares en la oposición
En primer lugar, la portavoz de Compromís per Novelda, Sílvia Anna, ha criticado que el PP «no quiera hablar de lo que pasó hace 20 años», subrayando que desde Compromís fueron críticos con el proyecto «desde el primer momento» porque se aprobó un proyecto con un informe de viabilidad económica «que no se acercaba a la realidad».
«Ni con el mejor o la mejor gestora del mundo salían los números, ha reprochado Sílvia Anna, algo que desde su grupo político «se repitió por activa y por pasiva» y que desde el PP, asegura, «decidieron tirar para delante».
Con todo, Sílvia Anna ha recalcado que «el proyecto estaba claramente condenado al fracaso», destacando que el Partido Popular Novelda «sólo quiere marear la perdiz» cuando, según su opinión, «son los únicos responsables de un fracaso anunciado y denunciado en esta sala hace veinte años».
El siguiente discurso ha sido el de Marga Serrano, portavoz de Vox Novelda, ha resaltado que en el CSAD «todos tienen culpa» y ha argumentado que el Centro de Salud y Agua no sólo estaba enmarcado en la ciudadanía de Novelda, sino que desde el primer momento estaba planeado para que también accedieran personas a lo ancho de toda la comarca, recordando que este pleno se ha demandado para que «el alcalde diera la cara» y se contase con mayor transparencia tras las acusaciones realizadas durante las ruedas de prensa relacionadas con esta sentencia.
«¿Por qué se nos ha ocultado el tema teniendo ustedes conocimiento desde el día 18 de abrily no se dijo hasta el 2 de mayo?, ha preguntado Serrano, criticando la falta de comunicación del equipo de gobierno.
Asimismo, ha recordado que el Ayuntamiento no sólo está pagando herencias del pasado de la derecha, sino que también actualmente «se está pagando la herencia del tripartito del canon del agua de casi dos millones de euros con cargo a las facturas del agua potable hasta el próximo 2027».
El último turno de intervención ha sido el del Partido Popular Novelda, donde el concejal Javier Abad ha recordado que en 2018, todos los grupos políticos votaron a favor de la liquidación del aval y el retorno del edificio del CSAD a la titularidad municipal, señalando que dicha licitación se debería haber sacado adelante en el 2010, bajo el gobierno socialista de Mariano Beltrá, como así indica la Ley de Contrato de Sector Públicos.
«Estamos de acuerdo con la cronología de los hechos que ha hecho el señor Mira estamos de acuerdo incluso con el reparto de algún tipo de responsabilidad», ha argumentando Abad, aseverando que «no se pueden ver las cosas igual ahora que en el año 2005 con la burbuja y el pelotazo donde hubieron cosas que se hicieron mal muy probablemente».
Asimismo Abad ha recalcado que el PP «no hizo las cosas bien en 2005» pero ha subrayado que «las cosas no se hicieron bien ni en el inicio, ni el proceso ni ahora ustedes, que votaron a favor también de ese Informe NuVe» y que además, asegura, el gobierno local «obviaron muchísimos datos» en la rueda municipal anunciando dicha sentencia.
Para concluir, Javier Abad ha criticado el cambio de postura del gobierno al no tratar en la actualidad «de caminar juntos» como así se indico durante la pasada legislatura, ya que cuando el TSJ condenó a Novelda en 2022 «se buscó dar con soluciones conjuntas» mientras que, una vez inadmitido el recurso de casación, el gobierno «ha hecho política de este tema» mintiendo en el pleno del 25 abril aprobando una operación de crédito de cinco millones ya conociendo el resultado de la sentencia del CSAD.
Otras cuestiones plenarias
El primer punto tratado ha sido la aprobación de la Modificación de Créditos n.º 33/2024 por suplementos de créditos y créditos extraordinarios 06-2024 (Punto 1). El portavoz del equipo de Gobierno, Lluís Deltell ha comunicado que se trata de una modificación con un grueso de 125.000 euros de fondos municipales destinados para el esperado convenio, todavía sin firmar, con la Cámara de Comercio de Alicante para la ejecución de un mercado provisional durante las obras de reforma integral del Mercado de Abastos de Novelda. El Punto 1 ha sido aprobado con 13 votos a favor del PSOE, la abstención de Compromís y los 7 votos en contra de PP y Vox.
Tras ello, se han retirado la Modificación de Créditos n.º 37/2024 por suplementos de créditos 07-2024 (Punto 2) y la Convalidación omisión función interventora (reparo) núm. 15 I.P. 2/2024 Expte. Intervención núm. 2023/2482ª (Punto3) al haber estimado el interventor que ya no cuenta con reparo suspensivo.
El Punto 4, también de relevancia, ha consistido en la aprobación de la adjudicación de las obras de la reforma integral del Mercado de Abastos de Novelda a Becsa SA. Las obras contarán con una inversión de 3,5 millones de euros con una subvención europea de 2,25 millones de euros y un plazo de ejecución máximo de 8 meses. El punto ha sido aprobado con los 19 votos del PSOE, PP y Compromís y la abstención de Vox. En la votación y el debate no ha participado la concejala Isabel Miralles, concejala de Urbanismo, por decoro y transparencia.
Después, la sesión plenaria ha tratado la aprobación de la Modificación del Plan Plurianual de Inversiones y Financiación 2024-2027 y la finalidad de préstamos (Punto 5). La modificación consiste en la priorización de contar con los 5 millones de euros necesarios para hacer frente a la histórica sentencia firme que condena al Ayuntamiento a pagar a la entidad financiera Abanca por el CSAD.
La concejala de Hacienda, Ana Sabater, señala que el itinerario de inversiones continúa con los mismos proyectos incorporados, destacando “la esmerada y dedicada gestión que se está haciendo de los recursos”. Por ello, señala que el préstamo solicitado a principios de mayo será destinado al pago de la sentencia por el CSAD quedando las demás inversiones “en segundo plano”, por lo que señala que habrá “un arduo trabajo para que de nuevo sin que se vean afectados los ciudadanos vía tasas e impuestos podamos desarrollar las inversiones que teníamos prevista”. El Punto 5 ha sido aprobado con los 13 votos del PSOE, la abstención de Compromís y los 7 votos en contra de PP y Vox.
