El 25 de Noviembre es el Día Internacional de lucha contra la violencia sobre las mujeres. El sufrimiento provocado por la violencia afecta desgraciadamente a muchísimos seres humanos, pero en este día recordamos la enorme incidencia que la violencia de género tiene sobre muchísimas mujeres y niñas, hasta el punto de que la Unión Europea la califica de fenómeno mundial y sistémico. Según la UE, además de tener graves consecuencias a nivel físico y mental para las víctimas, la violencia repercute en el desarrollo de la propia sociedad, obedeciendo su especificidad a las desigualdades que todavía se mantienen entre mujeres y hombres en las sociedades actuales.
La lucha por la erradicación de la violencia sobre las mujeres se enmarca en la universalidad de los derechos humanos y tiene como algunos de sus objetivos esenciales promover la igualdad entre mujeres y hombres, prestando especial atención a la educación y a los medios de comunicación (públicos en especial); recoger datos e indicadores objetivos; crear estrategias eficaces y coordinadas en todos los ámbitos políticos; castigar los actos de violencia y favorecer el acceso de las víctimas a la justicia.
El esfuerzo especial en el ámbito educativo se hace aún más necesario a la luz del último estudio sobre violencia de género en la adolescencia elaborado por la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid que muestra la persistencia de estereotipos sexistas entre los adolescentes españoles. La práctica totalidad de los índices analizados, lejos de mejorar, muestra un empeoramiento en relación con 2010, lo que muestra el fracaso de las políticas de promoción de la igualdad en el ámbito educativo.
En nuestro país las cifras de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas se mantienen de manera dramática, 44 este año. La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género suscitó grandes esperanzas entre los partidos políticos y las asociaciones de mujeres de constituirse en una eficaz herramienta para erradicar los asesinatos o al menos tratar de reducirlos. Tuvo la virtud de intentar llevar a cabo un enfoque integral del problema (atención policial, judicial, servicios sociales) y durante estos años ha contado con cuantiosos recursos.
Pero también desde el principio la Ley presentaba déficits democráticos esenciales que el paso del tiempo ha agravado: el reduccionismo del problema de la violencia de género a la ejercida por el cónyuge u hombre ligado a ellas por relaciones similares de afectividad, dejando fuera otros graves ejemplos de violencia sobre las mujeres y las niñas como la trata de personas con fines de explotación sexual; la tipificación penal de faltas leves como graves, llevando a la cárcel a miles de hombres por ellas,mientras aquellos que llegan a perpetrar agresiones graves o asesinatos en la mayoría de las ocasiones no han sido denunciados; la asimetría penal entre hombres o mujeres a la hora de castigar la violencia por el mismo delito, minusvalorando la violencia si es ejercida por mujeres; existencia de algunas denuncias falsas para conseguir compensaciones en situaciones de divorcio o custodia; la exclusión de gays y lesbianas que sufran situaciones de la violencia de las medidas de protección previstas; el negarse a considerar otros tipos de violencia que se producen dentro de la familia, que deberían abordarse, si bien con un tratamiento diferenciado al de la violencia de género.
Es hora de afrontar la cuestión de otra forma, asumiendo que la violencia es un problema de toda la sociedad, de mujeres y de hombresPero tan importante como las graves limitaciones anteriores de la actual Ley lo es que además no haya sido eficaz para conseguir que los asesinatos de mujeres descendieran en nuestro país a pesar de los cuantiosos recursos destinados a su aplicación. Es hora de afrontar la cuestión de otra forma, asumiendo que la violencia es un problema de toda la sociedad, de mujeres y de hombres, que tiene que abordarse en la línea política de la UE y de los organismos democráticos internacionales, desde un consenso entre los partidos que corrija injusticias y sectarismos. En UPyD estamos dispuestos a luchar por ese consenso en aras de conseguir una Ley más justa y eficaz, porque la lucha contra la violencia sobre las mujeres es objetivo primordial de la Democracia y de la Justicia.
