Artículo de opinión de Manolo Torregrosa, abogado
Hay memorias que terminan en el alzheimer y otras que van a parar a manos de los ladrones. Y esto último les ocurrió a nada menos que a dos máximos protagonistas de la vida pública española, años 30, ambos Jefes de Estado y presidentes de la República: don Niceto Alcalá Zamora y don Manuel Azaña Díaz. A éste, un funcionario del consulado de Ginebra, en 1937, le birló del despacho del cónsul, Cipriano Rivas Cherif, cuñado de don Manuel, las memorias, en concreto tres de los cuadernos que Azaña había escrito en su diario de 1931 a 1933, y se pasó a la zona franquista. Durante más de 60 años, dichos cuadernos se hallaban perdidos, hasta que fueron encontrados entre los papeles que guardaba la duquesa de Franco, y fueron editados en 1997, con el título de “Los cuadernos robados” (Manuel Azaña. Diarios 1932-1933. Ediciones Crítica. Grijalbo Mondadori. Barcelona).
El caso de don Niceto Alcalá Zamora todavía fue peor. Más de un millar de documentos, entre ellos sus memorias manuscritas, informes, agendas, fotografías, discursos, conferencias, correspondencia, etc, que tenía depositado todo en la caja fuerte de un Banco, en Madrid, fueron sustraídos, entre 1936-1937, bajo el Gobierno de Largo Caballero, cuando Alcalá Zamora ya se encontraba fuera de España, a raíz de su destitución por las Cortes del Frente Popular (1936). Afortunadamente, todos esos papeles han sido recuperados recientemente, de manos de terceros, por la Guardia Civil, tras las investigaciones a raíz de la información que le llegó, según la cual, un empresario valenciano quería vender una serie de documentos de don Niceto, que tenían gran valor histórico, y pueden aclarar todavía, muchos acontecimientos de aquella época, de los que fue protagonista y testigo de excepción.
Por el motivo del robo, Alcalá Zamora, hombre de privilegiada y gran memoria, en el sentido propio del término, dicho sea de paso, redactó de nuevo, en el exilio, sus memorias, reescribiéndolas a partir de sus recuerdos (Planeta. 1977. Espejo de España).
Un vergonzoso golpe parlamentario destituyó a don Niceto de la presidencia de la República, uno de los despropósitos que nos dejaron a las puertas de la guerra civil. Algo inexplicable con la Constitución republicana en la mano. El lector lo va a entender fácilmente. Según el artículo 81 de la misma, párrafo tercero, el presidente podía disolver las Cortes, cuando lo estimase necesario, dos veces como máximo durante su mandato, por decreto motivado acompañado de la convocatoria de nuevas elecciones para el plazo máximo de sesenta días. En el caso de segunda disolución, el primer acto de las nuevas Cortes era examinar y resolver sobre la necesidad de la disolución de las anteriores, y caso de voto desfavorable de la mayoría absoluta, de las nuevas Cortes, ello implicaba la destitución del presidente. Y he aquí la cuestión: Las Cortes derechistas, de mayoría radical –cedista (Lerroux y Gil Robles), constituidas a raíz de las elecciones de noviembre de 1935, que les dieron el triunfo, tenían mandato por cuatro años, hasta 1937, inclusive-. Pero a consecuencia de la revolución de Asturias (grave error de don Indalecio Prieto del que se arrepintió, años más tarde, después de la guerra civil, en su exilio de Méjico, y de la rebelión de la Generalidad catalana (Lluís Companys), por las mismas fechas (octubre de 1934), se creó en España un clima cada vez más irrespirable, casi prebélico, en el que los partidos de izquierda, fracasadosu movimiento, y sufriendo la consiguiente represión, encarcelamientos, condenas, etc, no cesaban de clamar por la disolución de las Cortes vigentes y la convocatoria de nuevas elecciones.
Don Niceto no supo o no pudo resistir la presión extremista y disolvió las Cortes de 1933, mayoría de derechas, cuando todavía les restaba vigencia hasta el 8 de diciembre de 1937, más de año y medio. Disueltas por decreto, se convoca a nuevas elecciones para el 16 de febrero. Pues bien, después de tanto griterío (¡disolución! ¡dimisión!), lo más asombroso es que las nuevas Cortes, surgidas de las elecciones de febrero de 1936, que dieron la victoria “oficial” al Frente Popular de las Izquierdas, determinaron que el decreto de disolución de éstas no había sido necesario. Así, como suena. Y la consecuencia inmediata fue la destitución del presidente de la República. ¿Cómo puede entenderse esta argucia si no es con el propósito torticero de derribar a don Niceto? En el próximo número, lo veremos.
