Artículo de opinión de Luis Deltell
Durante las pasadas semanas, la ciudadanía ha sido bombardeada con diferentes mensajes en contra de la aprobación de la reforma educativa que plantea el Gobierno (la conocida como Ley Celaá). Muchos de estos mensajes han sido vertidos a la opinión pública con una clara intencionalidad; la de ensombrecer la misión de las distintas modificaciones que se introducen y enturbiar el debate.
Y no, el castellano no va a desaparecer de las aulas: ni en Catalunya, ni en Euskadi ni en la Comunitat Valenciana. El alumnado recibirá las enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales de sus territorios, de acuerdo con la Constitución Española y los distintos Estatutos de Autonomía. Palabrita del Tribunal Constitucional.
Los centros de educación especial no van a cerrar. La reforma educativa plantea destinar más fondos a los centros ordinarios para que puedan ofrecer este servicio y no forzar a las familias a acudir en exclusividad a los centros de educación especial. Y es que así lo manifestó la ONU, considerando el potencial discriminador que puede surgir al mantener un sistema en paralelo y que no garantiza una educación inclusiva para el alumnado.
La religión no desaparecerá de las aulas, pero dejará de ser evaluable. Dado que los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede siguen vigentes, si un alumno desea estudiar religión tendrá derecho a hacerlo. Ahora bien, su calificación no contará para el cálculo de la media y por tanto para solicitud de becas, entre otros.
Los centros educativos que segreguen o dividan a sus alumnos por sexos no podrán ser financiados con dinero público. Sencillo de comprender en el año 2020, supongo.
Y la madre de todas las batallas, la educación concertada. Se suprimen las “cuotas voluntarias”, que en la mayoría de ocasiones no son voluntarias. El cobro de cuotas a los padres por matricular a sus alumnos en los colegios concertados es ilegal, pero habitualmente se ha camuflado como aportaciones voluntarias a fundaciones propiedad de los centros, actividades de refuerzo obligatorias, uso de materiales tecnológicos o apoyo en clases de idiomas. Y es que ninguna actividad que se realice durante la jornada escolar puede suponer ningún coste para las familias.
Todos somos conscientes de los recortes que ha sufrido el presupuesto en educación pública durante los últimos años, y las miles de manifestaciones que se organizaron en todo el territorio nacional. Pero en nuestra Novelda, cabe destacar que los centros concertados no arrimaron el hombro durante las huelgas o reivindicaciones. Asimismo, en el año 2015, el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo de la Comunitat Valenciana) instó al Consell a supervisar los centros concertados de nuestro pueblo, alegando que en ellos no se cumplía la superficie exigida para las aulas de infantil financiadas con cargo al erario público. Esta situación generaba una demanda artificial y ponía en peligro la continuidad de varias aulas públicas en nuestro municipio. Y es que en Novelda, la educación concertada ya supone el 60% de las plazas en ciertos niveles de la educación primaria.
Por ello, no puedo hacer más que señalar la campaña que desde las redes sociales de los distintos centros concertados de nuestro municipio se ha puesto en marcha bajo el lema “Más libres, más plurales, más iguales”. Esta campaña, además de tendenciosa, pervierte completamente la neutralidad ideológica de la educación a la que tanto hacen referencia. Algunos parecen olvidar que los centros concertados son sufragados mediante los impuestos de todos y deben garantizar su independencia política. ¿Cómo seremos más libres, más plurales y más iguales, si no partimos de la misma línea de salida? ¿Si durante años se ha producido un maltrato continuado contra la educación pública, especialmente en nuestra Comunitat?
Se trata de luchar por lo nuestro, lo de todos. Será que soy hijo de maestra.
“El papel lo aguanta todo” y en este artículo de opinión tenemos la mejor muestra. Palabras bonitas, frases hechas y “buenismo a tuti plan” para ocultar la realidad de la llamada Ley Celaá.
La Ley, digan lo que digan, SI resta importancia al Castellano, sino ¿Por qué se molestan en eliminar su carácter de “lengua vehicular”?. Pueden decirnos lo que quieran, pero lo cierto es que ERC, PNV, Compromis han votado a favor, y Bildu, BNG y la CUP se han abstenido. Este dato, en sí mismo, es suficiente para aclarar el propósito de la nueva Ley respecto al Castellano. Afortunadamente los padres, como siempre hacemos, lo compensaremos y evitaremos que cumplan su objetivo.
Respecto a la enseñanza concertada, el artículo denota evidentes perjuicios ideológicos (¿huelgas?¿ arrimar el hombro?) contra la misma, especialmente contra la de nuestro propio pueblo coordinada por comunidades religiosas. Todos conocemos personas que la critican pero, sin embargo, ellos mismos han estudiado e incluso llevan a sus hijos a estos centros ¿Por qué será?. La propia Ministra Celaá estudió y luego llevó a sus hijas a centros concertados religiosos (y así otros muchos ministr@s, diputad@s y cargos públicos). ¿Cabe mayor hipocresía?. En mi caso, a modo de desagravio, aprovecho estas líneas para agradecer a los Padres Reparadores, El Cluny y Las Camelitas, la educación en valores recibida por mis hijos y por mi mismo.
En cualquier caso, aun sin ser “hijo de maestra”, creo mi deber expresar mi opinión sobre este asunto. Lo cierto es que pretenden “eliminar” nuestra libertad para elegir donde y como estudien nuestros hijos al fin y al cabo, según la propia ministra, los hijos no son de los padres. En lugar de centrar sus esfuerzos en lograr la excelencia de la enseñanza pública, lo hacen en “cargarse” la concertada porque siempre es más fácil destruir que construir. Pero es lo que hay y, lamentablemente, esta es su idea de ser la educación….