Siempre he pensado que los políticos debemos dar ejemplo y transmitir información verídica a la ciudadanía y ser responsables con nuestras propuestas, defendiéndolas con argumentos sólidos, pero sobre todo verdaderos.
Por ello siento bochorno, al escuchar en el último pleno al equipo de gobierno, justificar la subida de la factura de agua potable, que es un servicio básico, y la subida de las tasas de vados y reservas de vías públicas: la primera para cumplir una sentencia judicial y la segunda para evitar una sentencia en contra del Ayuntamiento. ¿Hasta cuándo las falsedades y las verdades a medias? ¡No nos mientan más!
En VOX tenemos claro que tanto las sentencias judiciales, como las cláusulas contractuales se deben cumplir, nos gusten o no. Pero este no es el caso.
En el 2009 el “tripartito” ingresó en sus arcas municipales cinco millones de euros en concepto de canon por la prórroga del contrato con Aqualia, empresa concesionaria del servicio, cinco años antes del vencimiento, por otros quince años más, hasta el 2028.
Por sentencia judicial se condena al Ayuntamiento no a devolver lo cinco millones, sino a pagar los intereses de ese dinero recibido, al interpretar que se trata de un préstamo. Los intereses vencidos (amortización del coste financiero) desde el 2014 hasta el 2020 (fecha de la sentencia), suponen una cantidad de 911.171,31 €, que son repercutidos en las facturas del agua desde el 2020 al 2028, a razón de 113.896.41 € por año.
Aparte se suma la cantidad de 69.834.30 €, como coste financiero (intereses) derivado también del canon para el año 2022. Por si esto fuera poco, nos repercuten 463.041,79 € en obras de saneamiento a pagar a razón de 66.148,83 €, anuales durante la vigencia del contrato, más 12.000 € de fondo social.
En VOX estamos de acuerdo en estas partidas, puesto que una se trata de cumplir una sentencia judicial, otra de ejecutar obras que son necesarias y otra para ayudar a personas que se encuentran en una grave situación económica.
En lo que no estamos de acuerdo es que lo tengamos que pagar directamente los consumidores, porque se deberían imputar a los presupuestos municipales. Estas partidas son las que realmente suponen un incremento de precio en un servicio básico como es el consumo de agua potable.
Y no existe ninguna sentencia judicial que obligue al Ayuntamiento a aplicarlas de esta forma y que las tengan que pagar los consumidores, el equipo de gobierno se aprovecha de esta circunstancia para maquillar sus presupuestos municipales y presumir después de gestión.
La modificación de la ordenanza de vados que supone una subida de tasas, no está justificada por una posible sentencia en contra del Ayuntamiento, pues la ordenanza impugnada es la vigente. Señores del PSOE, su actitud roza el cinismo.¨
¿Dónde queda aquella frase tan suya de “no vamos a dejar a nadie atrás”?