Que el impuesto de la Plusvalía había que eliminarlo o cambiarlo, por inconstitucional e injusto era algo que se sabía desde hace años, pero este gobierno socialista, perezoso y amigo de sacar dinero de los bolsillos de los ciudadanos, prefirió no hacer nada hasta que el Tribunal Constitucional le dio recientemente otra bofetada y anuló su aplicación al declarar inconstitucional el método de cálculo.
Al margen de los problemas que la inacción del gobierno ha causado a los ayuntamientos, que son la administración que lo recauda e ingresa en sus arcas, como una de sus principales fuentes de financiación.
Lo peor es saber que, a sabiendas, el gobierno ha permitido que muchas personas hayan pagado algo ilegal e injusto durante años, y además ahora impide que quienes en su día no reclamaron, y pagaron con buena fe, como contribuyente que acepta la carga fiscal que le corresponde, puedan recuperar lo que se les robó.
Para mayor despropósito, en lugar de suprimir este impuesto y compensar a los ayuntamientos con otro tipo de financiación legal y justa, se sacan de la manga, en diez minutos, una reforma, por Real-Decreto Ley, que va a dar pie, a nuevos litigios y más que probable sentencia dentro de unos años, que también determine su ilegalidad, por las formas y por el contenido de la propia regulación, que permite seguir gravando por beneficios no producidos al no computarse los gastos y tributos soportados, las mejoras realizadas y la inflación producida.
Pero mientras tanto se da la venia para que sigan los atracos.
Es importante recordar que, ya en el informe de la Comisión de Expertos para la Revisión del modelo de Financiación Local, elaborado en 2017, se concluyó la existencia de una concurrencia de tributos sobre la transmisión de inmuebles que genera una situación de doble, o triple, imposición.
Ante esa situación plantearon la supresión de la plusvalía como forma de acatar la sentencia y dar coherencia e integridad al sistema tributario, estableciendo una participación de las entidades locales en los tributos que gravan los beneficios en la transmisión de inmuebles, como el IRPF o el Impuesto de Sociedades.
Esta fórmula evitaría la situación actual, que en la práctica somete a familias y empresas a una situación de doble imposición (algo que prohíbe nuestra Constitución), en este caso por la transmisión de inmuebles, y por la que también se paga a través del IRPF, sin que ello comporte una reducción de los recursos para las
administraciones locales.