El Gobierno presenta la Estrategia de Vacunación COVID-19

Los residentes, el personal sanitario que trabaja en residencias de mayores, y las personas con discapacidad serán los primeros en vacunarse. La vacuna es segura, eficaz y su administración será voluntaria y gratuita.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha presentado al Consejo de Ministros la «Estrategia de Vacunación COVID-19 en España», un documento que se ha elaborado conforme al acuerdo adoptado el 9 de septiembre en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Salvador Illa ha afirmado que el plan tiene como objetivos reducir al máximo que la población enferme, ingrese en hospital y fallezca, y garantizar que pueda empezar la vacunación desde el momento en que se reciban las primeras dosis de vacunas aprobadas.

El documento establece un orden de prioridad de los grupos de población a vacunar en base a criterios científicos, éticos, legales y económicos. Contempla la logística para la distribución y administración de las vacunas, fija las líneas prioritarias para el seguimiento y evaluación de la vacunación mediante un registro específico para COVID-19 y recoge una estrategia de comunicación dirigida al personal sanitario y al resto de población.

Etapas y grupos prioritarios

El ministro ha avanzado que en una primera etapa, entre enero y marzo de 2021, habrá un suministro inicial muy limitado de dosis de vacunas. En una segunda etapa, entre mayo y junio, se incrementaran progresivamente su número y el de personas a vacunar, y en la tercera se aumentará el número de dosis y vacunas disponibles para cubrir a todos los grupos prioritarios.

El objetivo del Gobierno, ha afirmado Salvador Illa, es ir cubriendo los tramos de población por orden, empezando por los colectivos más vulnerables. Así, los primeros grupos que se vacunarán serán los de las personas que están en residencias de mayores, el personal sanitario y sociosanitario que les atiende y las personas con discapacidad. Les seguirá el resto de personal sanitario y los grandes dependientes no institucionalizados. Se trata de un grupo de unas 2,5 millones ciudadanos.

Illa ha insistido en que todas las vacunas que se emplearán para inmunizar frente al COVID-19 dispondrán de los mismos niveles de seguridad que cualquiera de las que se emplean habitualmente para evitar otras enfermedades. «Países, instituciones, investigadores y compañías de todo el mundo están haciendo un esfuerzo sin precedentes para desarrollar una vacuna segura y eficaz en el menor plazo de tiempo posible», ha dicho.

El titular de Sanidad también ha destacado que la vacuna se administrará de forma gratuita y voluntaria a través del Sistema Nacional de Salud, al igual que el resto de vacunas del calendario.

España recibirá unos 140 millones de dosis para inmunizar a unos 80 millones de ciudadanos, más de la población existente.

Seguimiento, evaluación, logística y comunicación

Salvador Illa ha anunciado que se pondrá en marcha un plan especial de farmacovigilancia para hacer un seguimiento de todas las personas que hayan sido vacunadas, sus posibles reacciones adversas, y controlar la segunda dosis que se les tiene que administrar. Además, España participará, junto a siete países, en un estudio europeo para monitorizar la eficacia de la vacuna.

En materia de logística, el ministro argumentado que el sistema está preparado para ir administrando las dosis de vacuna, recordando que cada año se vacunan de la gripe un millón de ciudadanos a través de 13.000 puntos de vacunación, cifra que se ha incrementado notablemente este año.

Además, Illa ha señalado que las compañías de distribución de productos farmacéuticos y vacunas están preparadas para garantizar los requerimientos especiales de conservación de las dosis a niveles de temperatura muy bajos.

Respecto a la comunicación del plan, el ministro ha asegurado que se regirá por los principios de veracidad, transparencia, participación, equidad y evaluación constante y tendrá una parte específica dirigida a los profesionales sanitarios.

El ministro ha reiterado que será un plan único para todo el país, que se ha elaborado con la colaboración de las comunidades autónomas y que tiene presente el principio de solidaridad con los socios europeos. «Estamos ante uno de los retos más importantes como país, que es reducir al máximo el impacto de la pandemia con una vacuna que proporcionará inmunidad y que va a salvar vidas. España es un país solidario, generosos, comprometido y estoy convencido de que vamos a demostrarlo con unas altas tasas de vacunación», ha añadido.

Adquisición de 20 millones de dosis de Pfizer-BioNTech

El Consejo de Ministros ha autorizado la adquisición de más de 20 millones de vacunas desarrolladas por Pfizer-BioNTech. España se sumó a la compra inicial centralizada de 200 millones de dosis acordada entre la Comisión Europea y la empresa, de las que le corresponden 20.873.941.

El ministro de Sanidad ha recordado que es una vacuna que requiere doble dosis y que permitirá inmunizar a 10.400.000 ciudadanos.

Por otra parte, el Gobierno ha puesto a disposición del Sistema Nacional de Salud y del Sistema de Servicios Sociales centros estatales del IMSERSO para acoger a pacientes COVID sin manifestaciones clínicas o leves, o que precisen alojamiento para superar períodos de aislamiento durante la emergencia sanitaria.

Modernización del proceso penal

El Consejo de Ministros ha analizado el Anteproyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal y el Anteproyecto de Ley Orgánica de la Fiscalía Europea.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha defendido que la reforma integral del proceso penal es un ejercicio de coherencia institucional y cumple con el mandato de la Unión Europea.

Campo ha explicado que la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal tiene tres ejes: la actualización del modelo de enjuiciamiento penal, la incorporación de herramientas de lucha contra la criminalidad y el reforzamiento de las garantías.

El ministro ha explicado los roles que introduce la reforma: la figura del fiscal investigador, que averigua los hechos criminales; la del juez de garantías, que tutela los derechos de los investigados; y la del juez de la Audiencia Preliminar, que decide sobre la conveniencia de abrir juicio oral y sobre qué pruebas son válidas.

Respecto a las nuevas herramientas para luchar contra la criminalidad, Juan Carlos Campo ha señalado que la reforma situará a España a la cabeza en la regulación de las pruebas científicas, la digitalización del servicio de la administración de justicia y de las políticas criminales.

En cuanto a la ampliación de garantías en el proceso penal, el titular de Justicia ha señalado que «la víctima ocupa el papel central». Campos también ha apuntado que las personas con discapacidad y los menores, ya sean víctimas, o testigos, tendrán un tratamiento específico.

25 de noviembre, contra la violencia contra las mujeres

El Gobierno ha aprobado una Declaración con motivo de la celebración, mañana, del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno ha manifestado que el Ejecutivo quiere reiterar «su compromiso firme con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y con la prevención y la respuesta frente a todas y cada una de las formas de violencia machista».

Otros acuerdos

Cumbre España-Italia

Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, María Jesús Montero ha anunciado la celebración, mañana en Palma (Mallorca), de la XIX Cumbre entre España e Italia, en la que ambos gobiernos abordarán asuntos de especial importancia para los dos países, como el Mecanismo europeo de recuperación y resiliencia, el reforzamiento del Pilar Social Europeo y la cooperación en turismo, energía, la reforma de la PAC o la agenda climática.

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