Igualdad destina 2 millones de euros a entidades que trabajan con la población migrante en materia de igualdad en la diversidad

Se asignan a programas de inclusión y también para acogida integral, alojamiento, manutención y acompañamiento a personas migrantes

La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha destinado este año 2 millones de euros para financiar 125 programas en materia de igualdad en la diversidad desarrollados por entidades sin ánimo de lucro y destinadas a la población migrante.

Dentro de las diferentes actuaciones que se financian a través de estas ayudas, destacan las destinadas a la inclusión de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.

A través de la resolución de estas ayudas se ha decidido subvencionar para el presente ejercicio, por un lado 61 programas de entidades dirigidos a fomentar la igualdad y la inclusión de las personas migrantes en todos los ámbitos, especialmente, en aquellos que la Estrategia Valenciana de Migraciones 2021-202 considera prioritarios. Con esta finalidad se han subvencionado actuaciones con un importe total de 800.000 euros.

También destinados a la población migrante, se han subvencionado con 1.200.000 euros un total de 64 programas dirigidos específicamente a la acogida integral, alojamiento, manutención y acompañamiento a personas migrantes.

Estas ayudas se enmarcan en los cerca de 4 millones de euros que la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha resuelto conceder este año para financiar 239 programas en materia de igualdad en la diversidad desarrollados por entidades sin ánimo de lucro.

Además de las ayudas destinadas a la población migrante, también se destinan a entidades que trabajan por la inclusión del pueblo gitano, la igualdad de LGTBI, a las escuelas de familias, promoción de la diversidad familiar y a la igualdad de trato y no discriminación.

100 % de las ayudas

Tal y como establece la resolución de estas subvenciones se libra el 100% del importe de estas ayudas sin aplicar la limitación porcentual que fija la normativa autonómica en materia de subvenciones, para que las entidades puedan continuar con su actividad y atendiendo a las personas usuarias y beneficiarias de sus recursos y servicios, muchos de ellos afectados directamente por la situación de crisis social ocasionada por el coronavirus.

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