La reversión de esta medida ocasionada por la crisis de la COVID-19 se efectúa para evitar «un conflicto jurídico» con las normativas del resto de Comunidades Autónomas
El Consell de la Comunidad Valenciana ha decidido equiparar a la normativa estatal la normativa autonómica en materia de salud pública que establecía restricciones, aún vigentes, como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, por lo que volverá a permitir fumar en las terrazas de la hostelería.
Así se ha acordado en el transcurso de una reunión, celebrada este miércoles en el Palau de la Generalitat, entre el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes.
Se trata de este modo de dejar sin efecto aquellas medidas de prevención que fueron puestas en marcha por la Conselleria de Sanidad, con carácter temporal y hasta la finalización de la crisis sanitaria, y que aún seguían vigentes pese a que el Consejo de Ministros de 4 de julio de 2023 acordó la finalización de la crisis y de las medidas extraordinarias adoptadas.
Así pues, el Consell ratifica la derogación, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, de las medidas restrictivas y temporales que, por otro lado, ya habían sido suprimidas en el resto de España, de modo que homologa su normativa a la del resto de las Comunidades Autónomas.
Con esta reversión de las restricciones, que aún seguían vigentes pese a la declaración por parte del Gobierno de España del fin de la situación de crisis, el Gobierno valenciano atiende también una reivindicación del sector hostelero, que volverá a tener plena capacidad para decidir en sus propios establecimientos la posibilidad de fumar en las terrazas.
Cabe recordar que algunas de las medidas restrictivas como consecuencia de la pandemia ya habían sido derogadas, como el uso de mascarillas en espacios públicos o la limitación de aforos, sin embargo y pese a haberse dado por concluida la crisis sanitaria, la hostelería seguía afectada por la Resolución de 24 de marzo de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública. Esta situación había provocado un conflicto jurídico que ahora finaliza con la equiparación de la normativa autonómica a la estatal que entrará en vigor tras su publicación en el DOGV.
