Armando Esteve y Ricardo Moreno cargan contra el gobierno de Novelda tras la sentencia del CSAD

Subrayan que el PSOE incumplió su obligación de resolver el contrato del CSAD tras su cierre, resaltando también que la sentencia responsabiliza al Ayuntamiento por el deterioro de la obra

Tras la valoración por parte del gobierno socialista del Ayuntamiento de Novelda de la sentencia del Supremo sobre el malogrado Centro de Salud y Agua de Novelda (CSAD), que condena al consistorio municipal a pagar a ABANCA 4,8 millones de euros, el exalcalde de Novelda por UPyD, Armando Esteve, junto al exconcejal de Gestión Económica, Ricardo Moreno, han querido desmentir algunas afirmaciones vertidas por los socialistas, e informar acerca de “los verdaderos responsables de que los ciudadanos de Novelda tengan que pagar ahora unas instalaciones en ruina como si estuviesen nuevas”.

Según afirma el exalcalde Armando Esteve, la sentencia del Tribunal Supremo indica que el escrito de fundamentación para la casación presentado por el Ayuntamiento “no se ha fundamentado suficientemente”, y que por tanto queda ratificada la sentencia del STSJ CV ante la demanda de ABANCA.

Además, ha criticado que el gobierno socialista cargase principalmente contra el informe jurídico-económico realizado durante el gobierno de UPyD con el PP en 2017, aprobado por todos los grupos políticos por unanimidad en sesión plenaria junto a la incautación del aval, y que estimaba que el retorno del CSAD a la titularidad municipal tendría un coste de 0 euros (-1.300.000 euros).

Esteve puntualiza que finalmente el Supremo obliga a pagar al Ayuntamiento de Novelda 4,8 millones de euros a ABANCA, a pesar de haberse ganado en primera instancia, cuando el Ayuntamiento era asesorado por el anterior equipo jurídico designado por el gobierno de Ciudadanos y PP, asegurando que tras el relevo en la alcaldía y el cambio de equipo jurídico se ha terminado perdiendo ante el TSJCV, cuya sentencia contra el Ayuntamiento ha sido ratificada ahora por el Supremo.

Del mismo modo Esteve, ha querido manifestar que “este marrón, muy anterior a mi entrada en política y de UPyD, empezó mal y ha terminado peor, nunca se debió construir este centro sin tener los recursos propios para ello, se trataba de una operación muy arriesgada y a pesar de que tanto el PP como los técnicos de la casa siempre han defendido que la hipoteca sólo afectaba a la concesión del servicio y nunca la tendría que pagar el Ayuntamiento, se ha demostrado que era todo lo contrario”.

RESUMEN CRONOLÓGICO

Esteve, con el texto de la sentencia en la mano, ha realizado un resumen, lectura y valoración de su contenido «para demostrar quiénes son los responsables»:

2005. El Ayuntamiento, con gobierno del Partido Popular, adjudica la construcción y explotación al CSAD. Según Esteve, que se muestra contrario a esta decisión, “el objetivo de esta operación era, además de que Novelda contase con unas instalaciones de gimnasio con piscinas, la mejora de la maltrecha tesorería municipal a través del canon de casi un millón de euros que aportaría la empresa concesionaria; no me consta oposición ni advertencia del evidente riesgo de tener que hacer frente al pago de la futura hipoteca de ningún departamento técnico del Ayuntamiento”.

2006. El pleno del Ayuntamiento aprueba que el CSAD obtenga un préstamo hipotecario de 4,7 millones de euros, sobre la concesión. Ningún informe alertó del riesgo de que el artículo 109 de la Ley hipotecaria afectaría y podría obligar al pago al Ayuntamiento, según se cita en la sentencia.

2008. El nuevo gobierno socialista inaugura el centro deportivo, a falta de las pistas exteriores.

2009. El pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, amplía la autorización para el préstamo hipotecario en 440.000 € más, alarga su periodo de amortización, además de permitir que se empiece a amortizar más tarde con otros 2 años de carencia.

2010. El 1 de agosto, sin previo aviso, cierra el CSAD. Según Esteve el gobierno socialista lo atribuye inicialmente a averías eléctricas, y se empieza a deteriorar paulatinamente por su abandono. Es en este punto en el que la sentencia es más dura contra la gestión llevada a cabo por el Ayuntamiento tras el cierre, así consta textualmente en la sentencia que: “…el deterioro de la obra es en gran parte responsabilidad de la administración por no haber cumplido su “deber” de resolver el contrato como le imponía la legislación vigente ese momento, máxime cuando en la propia contestación a la demanda nos dice que en agosto de 2010 la instalación, por falta de Tesorería, se cerró al público y se dejó de prestar el servicio (no olvidemos de titularidad municipal)”.

Es por ello que a juicio de Esteve, “al día siguiente del cierre del CSAD el gobierno socialista tenía la obligación legal y por el cumplimiento del propio pliego de la concesión, de haber iniciado la resolución del contrato, para volver a licitar y recuperar el centro, que por entonces estaba nuevo, resulta escandaloso ver como entonces prefirieron mirar para otro lado y encima, ahora, en la rueda de prensa de la semana pasada, intentan arrimar el muerto a los demás, es un partido en el que se ha impuesto la rutina de mentir para seguir en el poder a cualquier precio”.

Por otro lado, y al margen de la clara obligación de resolver el contrato tras el cierre, los técnicos de la administración noveldense, a partir de este momento, continuaron defendiendo que el Ayuntamiento no tenía que pagar el préstamo hipotecario, postura que los distintos equipos de gobierno han mantenido hasta la resolución por sentencia en sentido contrario.

En octubre de este mismo año (2010), el CSAD fue declarado en concurso de acreedores, otro momento clave. A este respecto, Esteve recalca que la propia sentencia, textualmente indica que: “no olvidemos que el art. 112.2 del mismo cuerpo legal imponía a la Administración en caso de concurso “la resolución del contrato”, no le daba opción, por tanto, incumplió su obligación de forma consciente”. El concurso de acreedores finaliza el 21 de marzo de 2016, siendo alcalde el socialista Fran Martínez con unas instalaciones ya prácticamente en ruinas.

2017. En enero ABANCA presentó finalmente una demanda de ejecución hipotecaria por 6,8 millones de euros. El nuevo gobierno de UPyD y PP, tras encargar informes a los distintos departamentos técnicos municipales, en noviembre de 2017, se lleva a pleno (7 años después de que debió hacerlo el PSOE) y este lo aprueba por unanimidad “iniciar el expediente de resolución del contrato por el abandono e incumplimiento de las obligaciones esenciales de la concesión”.

2018. El Pleno, por unanimidad, aprueba resolver el contrato de concesión por causa imputable al concesionario, incautando la garantía depositada por el concesionario, e incluyendo en pieza separada la liquidación del contrato. Ratificándose todos los grupos, de nuevo por unanimidad en Pleno, al rechazar las alegaciones de ABANCA. A este respecto Esteve manifiesta su sorpresa de que “quienes votaron a favor de esta propuesta ahora digan que se hizo sin contar con los técnicos del Ayuntamiento, cuando saben de sobra que tanto jurídicamente como fiscalmente los respectivos departamentos informaron de que la legislación y valoración se ajustaba a derecho”. A continuación, ABANCA materializa su demanda ante los juzgados de Alicante.

2021. El 31 de mayo, por sentencia 291/2021, en primera instancia, se inadmite el recurso de ABANCA por falta de legitimación activa, dando la razón al Ayuntamiento que contó para esta ocasión con el apoyo del equipo jurídico designado por Esteve, y que fue cambiado por Fran Martínez ante el recurso de la entidad financiera en el STSJ de la C. Valenciana.

2022. La sentencia del tribunal del STSJ CV, da la vuelta al asunto, reconociendo la legitimidad de ABANCA para recuperar el préstamo hipotecario, afirmando textualmente “que la Administración era consciente de su responsabilidad”, refiriéndose a actos administrativos realizados por el gobierno socialista al poco de cerrar el centro.

2024. El Supremo inadmite el recurso del Ayuntamiento argumentando que no se ha fundamentado suficientemente.

Por todo ello, Esteve asegura que también le sorprende que “siendo UPyD el único partido que criticó con fuerza el abandono de las instalaciones y su vandalización”, sean ahora los socialistas los que intenten cargar en su rueda de prensa contra la gestión de UPyD con la excusa del informe y valoración realizada por una empresa externa, y que la sentencia también ha tumbado. Valoración mediante la que se pretendía no tener que pagar nada por la hipoteca, “me sorprende, no solo por el hecho de que la inclusión de esta valoración la votaron a favor todos los grupos políticos, y de que venía avalada técnicamente por el propio ayuntamiento, si no por el hecho de que defender que, si llegase el caso de tener que pagar -como por desgracia así ha sucedido-, lo más congruente con el interés público es aportar la valoración más baja de entre las avaladas por los servicios jurídicos, y contando de antemano con que la valoración presentada por ABANCA estaría basada en la legislación más favorable a sus intereses, de manera que si el Ayuntamiento hubiese elegido valorar lo que queda del CSAD, mediante la Ley que finalmente se ha sentenciado como procedente, el resultado hubiese sido el mismo que ahora tras la sentencia, es decir: el pago de casi 5 millones de euros, por una ruina que no vale casi nada, todo porque el PSOE incumplió su deber de recuperar el centro y volver a licitar”.