El gobierno local asegura que la mala gestión política en 2005 por el gobierno del PP y en 2017 por el gobierno de UPyD en coalición con los populares concluye en una condena histórica por el CSAD que endeuda más a Novelda
Después de 19 años desde su aprobación, el CSAD se ha convertido oficialmente hoy en una gran losa económica para el Ayuntamiento de Novelda tras la inadmisión a trámite por parte del Tribunal Supremo del recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Novelda en noviembre de 2022, lo que supone una condena de 4,8 millones de euros que deberán ser abonados a la mercantil ABANCA, que aportó en 2005 los 6 millones necesarios para construir este polémico centro deportivo.
Además de dicha condena, queda en el aire no sólo el futuro del Centro de Salud y Agua sino también los 1,5 millones de euros de financiación europeaque iban a ser destinados a su rehabilitación y adecuación, para así volver a ofrecer sus instalaciones a la ciudadanía.
Esta longeva batalla judicial, que en primera instancia ganó el Ayuntamiento de Novelda pero que tras el recurso de ABANCA al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la sentencia viró en el Tribunal Supremo a favor de la mercantil, supondrá una deuda en las arcas del consistorio equivalentes a la quinta parte del presupuesto municipal promedio.
Con todo, Novelda ha conseguido evitar una deuda mayor, ya que el Tribunal Supremo sí que ha rechazado el recurso de la mercantil Leteo en su reclamación al Ayuntamiento de casi 1,2 millones de euros por el fallido proyecto del polígono industrial El Pla.
Tras la resolución de los dos temas judiciales más importantes de las últimas décadas en Novelda, CSAD y Pla, el concejal de Asuntos Jurídicos, Ximo Mira, junto al portavoz del equipo de Gobierno, Lluís Deltell, ha señalado que ya están estudiando las diversas vías de financiación para poder abonar esta histórica condena.
Una condena propiciada en primer lugar por la mala gestión del gobierno del Partido Popular de Milagrosa Martínez que aprobó, en 2005 en plena época de burbuja inmobiliaria, un proyecto de 6 millones de euros que necesitaba de más de 1.300 socios mensuales (1 de cada 13 personas adultas en Novelda) para poder ser viable. A los dos años cerró.
El CSAD de Novelda: «Pelotazo» y «mala gestión política»
Las obras tuvieron el visto bueno en 2005 bajo el gobierno del Partido Popular y fueron adjudicadas a ABANCA para levantar este complejo deportivo de 11.000 metros cuadrados de titularidad municipal a cambio de la explotación del recinto, por un periodo de treinta años y un canon de 900.000 euros que ingresó la mercantil al Ayuntamiento.
En 2010 el CSAD de Novelda cerró sus puertas, apenas dos años después de su inauguración, debido a su baja rentabilidad al no alcanzar el mínimo de 1.300 usuarios mensuales que, según se contemplaba en los pliegos, darían viabilidad al proyecto.
Tras el cierre de las instalaciones la concesionaria entró en concurso de acreedores y, tras un largo periodo bajo tutela de un administrador concursal, en 2016 un juzgado de Valencia declaró la conclusión del concurso de acreedores, por inexistencia de bienes y, por tanto, la extinción de la mercantil.
El Ayuntamiento, bajo el gobierno de UPyD en coalición con el Partido Popular con Armando Esteve en la alcaldía recuperó la titularidad del inmueble en 2018 y por ello ha estado inmiscuido en un largo proceso judicial para determinar si la empresa privada o la institución pública debe hacerse cargo del préstamo otorgado para pagar las obras a la constructora.
Cabe recordar que el Ayuntamiento de Novelda dio visto bueno al informe económico-jurídico de su recuperación y a la incautación del aval que en su día se pidió a la empresa CSAD para la construcción del Centro de Salud y Agua, y por tanto la toma de posesión del inmueble, con el voto unánime de todos los grupos políticos (UPyD, PP, PSOE, Guanyar y Compromís) durante el plenodel 2 de enero de 2018.
La clave: el «fallido» informe del gobierno de UPyD en coalición con el PP
La verdadera batalla judicial por el CSAD de Novelda comenzó en 2017, cuando el gobierno de Armando Esteve decidió recuperar la titularidad municipal del Centro de Salud y Agua y para ello la concejalía de Gestión Económica, dirigida por Ricardo Moreno, encargó un informe económico-jurídico a una empresa especializada.
Dicho informe, que según el gobierno local se realizó sin contar con la opinión ni el trabajo de los servicios jurídicos y los técnicos del Ayuntamiento, estableció que el retorno del CSAD a la titularidad municipal tendría un coste de 0 euros (-1.300.000 euros), pese a señalar el concejal en una rueda de prensa posterior que este tema probablemente finalizaría en una batalla judicial con ABANCA que, lógicamente, pretendía que se le abonasen los 6 millones que costó la obra del CSAD. Ante la cifra positiva establecida en el informe, el gobierno local decidió continuar adelante con la aprobación de la titularidad municipal del CSAD.
«Los Tribunales han dictaminado que el informe no estaba ajustado a la ley y es el motivo fundamental por el cual hemos sido condenados», ha anunciado Ximo Mira, asegurando que el informe se realizó basándose en una norma jurídica «ya derogada».
Ante «la falta de sustento legal» del informe, Mira ha explicado que la justicia ha remarcado que ABANCA sí que tiene la legitimación para recuperar el dinero de la concesión, unos 4,8 millones de euros tras la resta de las amortizaciones y los intereses, al ser el acreedor hipotecario y contar con dicha prevalencia. Al establecer el Tribunal Supremo que no ha existido vulneración de la jurisprudencia, el planteamiento del informe realizado ha sido estimado como «fallido, erróneo y sin base jurídica».
Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno, Lluís Deltell, ha criticado que el informe subrayara que hacerse municipalmente de nuevo con el CSAD «no valía nada y que de acuerdo con esta cifra no se debería indemnizar a la empresa concesionaria ni efectuar pago alguno al acreedor hipotecario», un argumento que, reitera, ha sido desmontado tanto por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana como por el Tribunal Supremo.
Las vías de financiación
Por otro lado, Ximo Mira ha comunicado cuáles son las principales vías de financiación de esta histórica condena. En primer lugar, señala que podría optarse por el fondo de reestructuración del Ministerio de Hacienda para el cumplimiento de sentencias firmes, que se debería tramitar en los próximos meses y se concedería dentro de un año.
Otra de las vías, indica, sería «negociar con ABANCA un plan de pagos en el cual la mercantil facilitaría al Ayuntamiento que durante una serie de años «vayamos pagando anualmente aquellas cantidades que nos podamos permitir y que seamos capaces».
Para finalizar, la tercera opción consistiría en presentar al juzgado correspondiente un plan de pagos propio a abonar, ya que al tratarse de una administración pública no cabe la insolvencia. Ante todos estos supuestos, desde el Ayuntamiento de Novelda han comunicado que ya se ha comenzado a trabajar en las diversas vías y que ya se han mantenido varias reuniones de toma de contacto con ABANCA para poder alcanzar soluciones óptimas para ambas partes.
La única buena noticia: la inadmisión de la reclamación millonaria por el Pla
El otro de los grandes temas jurídicos a resolver ha sido la inadmisión a trámite por parte del Tribunal Supremo del recurso presentado por la mercantil Leteo por el polígono del Pla, propiciando que el Ayuntamiento de Novelda no deba abonar casi 1,2 millones de euros por los gastos efectuados en la tramitación y redacción de proyectos del Plan de Actuación Integrada del sector “Salinetas”.
Los hechos se remontan a 2005 cuando el Ayuntamiento de Novelda adjudicó a la promotora Leteo Inversiones la condición de agente urbanizador del polígono industrial de Pla-Salinetas. Comenzó entonces una batalla judicial iniciada por la Asociación de Vecinos de Pla contra este proyecto y, a pesar de que en 2008 el pleno del Ayuntamiento de Novelda aprobó por unanimidad la homologación del plan parcial de Salinetas, que clasificó definitivamente como suelo industrial 1,5 millones de metros cuadrados de terreno en la zona.
En 2013 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana anulaba la condición de agente urbanizador concedida años antes la mercantil Leteo por considerarla contraria a derecho argumentando defectos en materia de contratación, publicidad, plazos y acreditación de solvencia por parte de la adjudicataria.
Comenzó entonces una segunda fase en este procedimiento, con los recursos presentados por la promotora solicitando al Ayuntamiento una indemnización de casi 1,2 millones de euros, reclamación inicialmente desestimada por el Juzgado de los Contencioso Administrativo de Alicante en primera instancia y tras ello por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y ahora por el Tribunal Supremo, que finalmente ha dado la razón al Ayuntamiento de Novelda.
venga eso se paga con una subida del vado, del ibi, de la basura y de algo mas, no pasa nada. Se aprueba y ya esta.