La sede de Esquerra Unida Novelda ha acogido esta mañana una rueda de prensa en la que representantes políticos de la formación, alcaldes de municipios afectados y la Asociación de Vecinos Afectados por las plantas fotovoltaicas La Cascada y La Balsa escenificaron un frente común contra ambos proyectos.
Tras la finalización del periodo de alegaciones, los participantes coincidieron en que comienza una nueva fase en la que intensificarán la presión institucional y política para tratar de impedir la ejecución de unas instalaciones que consideran incompatibles con el futuro agrícola y paisajístico del Vinalopó.
La coordinadora de Esquerra Unida Novelda, Alicia Mendoza, explicó que la convocatoria pretendía visualizar que el rechazo a los proyectos no es únicamente una reivindicación local, sino un problema que afecta a toda la comarca. Recordó que Novelda será el municipio más perjudicado por las dos macroplantas, aunque insistió en que las consecuencias alcanzarán a otros municipios vecinos.
Mendoza destacó el trabajo desarrollado durante las últimas semanas por el colectivo, con la presentación de una alegación inicial y tres ampliaciones posteriores durante el periodo de exposición pública. A su juicio, una vez concluida esa fase administrativa, ahora corresponde trasladar el conflicto a todos los ámbitos institucionales posibles para que las administraciones sean conscientes de la oposición social existente. En ese sentido, puso en valor la presencia de representantes municipales, autonómicos y estatales de Esquerra Unida, así como de la plataforma vecinal, para demostrar la unidad frente a los proyectos.
El alcalde de Aspe, Antonio Puerto, defendió que la oposición de Esquerra Unida responde a una trayectoria mantenida durante décadas en defensa del territorio. Recordó que el Ayuntamiento de Aspe ya introdujo hace diez años limitaciones urbanísticas en su Plan General para dificultar la implantación de este tipo de macroproyectos energéticos.
Puerto aseguró que las plantas La Cascada y La Balsa supondrían la ocupación de más de tres millones de metros cuadrados de suelo, lo que calificó como una auténtica transformación del paisaje agrícola de la comarca. A su juicio, además del impacto visual, las instalaciones comprometerían el futuro de la agricultura, uno de los principales motores económicos del Vinalopó, al sustituir cultivos productivos por grandes superficies industriales destinadas a la generación eléctrica.
El alcalde insistió en que la formación no rechaza las energías renovables, sino el modelo de implantación elegido. Como ejemplo, explicó que Aspe desarrolla varios proyectos de autoconsumo mediante placas solares en edificios públicos y defendió que la prioridad debe ser aprovechar cubiertas, tejados e infraestructuras ya existentes antes que ocupar suelo agrícola fértil.
Asimismo, anunció que los ayuntamientos afectados continuarán coordinando acciones conjuntas junto a organizaciones agrarias y plataformas vecinales. Entre las iniciativas previstas mencionó el traslado de las alegaciones al Congreso de los Diputados y la posibilidad de organizar movilizaciones en Madrid para reclamar la paralización de los proyectos.
El alcalde de Monforte del Cid, Juan José Hernández, centró buena parte de su intervención en reivindicar el papel de los ayuntamientos en la ordenación del territorio. Consideró que decisiones de esta magnitud no pueden adoptarse desde otras administraciones sin contar con quienes representan directamente a la ciudadanía.
Hernández elogió el trabajo realizado por la Asociación de Vecinos Afectados de Novelda, destacando la rapidez con la que ha conseguido organizarse y canalizar la oposición ciudadana mediante la presentación de alegaciones. Según explicó, la experiencia de Monforte con otros proyectos similares demuestra que los procedimientos administrativos suelen prolongarse durante años, por lo que pidió mantener la unidad y la perseverancia.
El alcalde también denunció que numerosos proyectos energéticos promovidos por otras administraciones han ignorado los instrumentos urbanísticos municipales. En el caso de Monforte, recordó que el recientemente aprobado Catálogo de Paisaje limita la implantación de líneas de alta tensión y protege áreas de especial valor paisajístico, por lo que defendió que esos criterios deben respetarse.
Además, reclamó una transición energética planificada, que combine la producción de energía renovable con la conservación del paisaje, el mantenimiento de la actividad agrícola y el respeto a las competencias municipales.
Uno de los testimonios más personales fue el del presidente de la Asociación de Vecinos Afectados por las plantas fotovoltaicas La Cascada y La Balsa, Miguel Lucas, quien agradeció el respaldo recibido por parte de Esquerra Unida y de los municipios presentes.
Lucas explicó que la plataforma busca sumar apoyos de cualquier institución o colectivo dispuesto a impedir unos proyectos que considera «una aberración». Durante su intervención describió el impacto directo que tendrían las plantas sobre explotaciones agrícolas de regadío actualmente en producción, especialmente dedicadas a la uva de mesa con denominación de origen, además de embalses de riego y numerosas viviendas.
También denunció la incertidumbre que viven decenas de familias ante la posibilidad de sufrir expropiaciones o quedar rodeadas por instalaciones industriales y líneas de alta tensión. En su opinión, existen numerosas alternativas para implantar energía fotovoltaica en cubiertas, espacios ya degradados o terrenos de menor valor agrícola sin destruir un paisaje que forma parte de la identidad de Novelda y de toda la comarca.
El diputado de Esquerra Unida en el Congreso, Nahuel González, explicó las actuaciones que la formación está desarrollando en Madrid para tratar de frenar ambos proyectos. Informó de que el grupo parlamentario ha registrado más de veinte preguntas dirigidas al Ministerio para la Transición Ecológica reclamando una evaluación ambiental rigurosa y una mayor implicación del Gobierno central.
González planteó dos cuestiones fundamentales: quiénes resultan realmente beneficiados por estas macroplantas y por qué el proceso se está desarrollando sin diálogo con los municipios afectados. A su juicio, un Gobierno que defiende la protección del medio rural no puede respaldar proyectos que eliminan cultivos productivos, afectan a viviendas y transforman radicalmente el paisaje para favorecer intereses empresariales.
El diputado recordó además otros precedentes en los que la presión institucional y vecinal ha obligado a revisar proyectos similares, mostrando su confianza en que la Declaración de Impacto Ambiental sea finalmente desfavorable para La Cascada y La Balsa.
Por su parte, la coordinadora de Esquerra Unida del País Valencià, Rosa Pérez, destacó que la defensa del territorio ha sido una constante histórica en la acción política de la organización. Recordó la oposición mantenida durante años frente a grandes desarrollos urbanísticos y aseguró que ahora la formación mantiene la misma posición ante proyectos que, aunque vinculados a las energías renovables, también suponen una transformación masiva del territorio.
Pérez reiteró que Esquerra Unida apuesta por las energías limpias, pero siempre desde criterios de sostenibilidad, planificación y protección del patrimonio agrícola y natural. Asimismo, aseguró que la organización continuará actuando de forma coordinada desde los ámbitos municipal, autonómico y estatal para impedir la implantación de las dos macroplantas.
La rueda de prensa concluyó con una nueva intervención de Alicia Mendoza, quien quiso trasladar un mensaje de optimismo pese a la preocupación existente entre los vecinos afectados. La coordinadora expresó su confianza en que la magnitud del impacto ambiental y social de ambos proyectos haga posible que sean rechazados durante la tramitación administrativa.
Mendoza insistió en que la agricultura constituye uno de los principales pilares económicos y de identidad de Novelda y advirtió de que las aproximadamente 340 hectáreas afectadas representan mucho más que una superficie de terreno, ya que detrás existen centenares de familias cuyo modo de vida podría verse gravemente alterado. Finalmente, agradeció la implicación de los representantes institucionales, de los alcaldes de Aspe y Monforte del Cid y de la plataforma vecinal, reiterando el compromiso de Esquerra Unida de seguir acompañando a los afectados hasta el final del proceso.
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