Viva la guardia civil
La historia de un cuerpo civil con cabeza castrense ha sido muy accidentada y sus antecedentes podrían remontarse a las antiguas hermandades de Castilla del siglo XI y más modernamente a la “Santa Hermandad” (1476-1835) de los Reyes Católicos, su organización y creación data del 13 de abril de 1844.
A lo largo del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XX, tras la desaparición de “La Santa Hermandad” al menos como organización poderosa surgieron una gran cantidad de cuerpos regionales de seguridad pública, encargados en cada provincia o región de velar por la seguridad de campos, caminos y villas (luego a los que ahora claman que es un despilfarro tantas policías autonómicas, esto viene de largo). Aquí la cuestión es cómo insertar un cuerpo militar en una sociedad del siglo XXI. La Guardia Civil, como cualquier estamento en una comunidad, está presionada por las fuerzas internas que las dirigen en distintas direcciones. Ahora con el “procés” está saliendo a la superficie el magma que a lo largo de muchos años estaba trabajando bajo la superficie
Ahora, bajo el paraguas del conflicto de Catalunya, quieren presionar al gobierno central y nivelar sus cuitas que solo son salariales de momento; porque son conscientes de la diversidad de intereses dentro de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Ya en el seno de JUSAPOL se destapan esas diferencias y también en la AUGC; en esta última cristalizan esas diferencias en la interpretación del concepto de responsabilidad; por un lado están las demandas de más de 55.000 Guardias Civiles encuadrados en el régimen general de servicios, o sea, los que realizan servicios OPERATIVOS y que mayoritariamente pertenecen a la Escala de Cabos y Guardias y en una pequeña proporción a la Suboficiales. Ellos prestan servicios las 24 horas del día sin contar la presencia de superiores en innumerables ocasiones, y por ello asumen esas responsabilidades que NO le es retribuida. Por el otro lado, las asociaciones denominadas “de mando” sí la defienden por tener un plus en su nómina.
Aquí sale a la superficie un problema que arrastra la benemérita desde su fundación y que, aparte del sesgo culinario y la lucha por las pelas, se refleja la falta de mecanismos democráticos para redimir estas diferencias.
Otros de los problemas que arrastran los cuerpos y fuerzas policiales estatales es las deficiencias anteriores al periodo Constitucional, como la cobertura sanitaria. En estos momentos la Secretaria de Estado Elena Collado, en una reunión con la AUGC y en presencia de Antonio Sánchez Diez, Director General de MUFASE, apuesta por reforzar las mutualidades aun reconociendo que existen lagunas en coberturas territoriales denunciadas por la asociación de Guardias Civiles que en zonas rurales y pueblos pequeños no hay pediatras, etc.
El intento de eliminar los regímenes especiales e incluirlos en la Seguridad Social han sido bloqueados por los intereses en liza. Está claro que no hay claridad en los objetivos y quieren hacer ver o resaltar las diferencias con los Mossos, Ertzaintza, Policía Foral de Navarra y adscritos de Galicia, Valencia y Canarias, como queriendo culpar a las comunidades autónomas de sus problemas y no es así. Veamos esas diferencias que hay según los afectados.
Buscando unos números que se acerquen a la realidad, es mejor tomar los datos de sus mismas páginas web, y aun así hay disparidad, porque unos dicen que la escala básica cuesta a las arcas públicas un mínimo de 1.873 euros al mes; otro Guardia Civil de Seguridad Ciudadana (antes guardias rurales o de pueblo) que lleva 23 años, casi ocho trienios, cobra entre 1.500 a 1.600 euros; otro cobra 1.400 euros haciendo 4 o 5 noches y un par de fines de semanas con 1 trienio +plus de nocturnidad, 1.400 euros; otro con dos trienios con seis noches y dos fines de semanas destinado en un puerto 1.500 a 1.600 euros. Con las dietas ocurre lo mismo, y otra vez se entromete el dichoso “Procés” según la AUGC, Asociación Unificada de la Guardia Civil, que aseguran que llevan años reclamando en el desierto el actualizar el concepto de manutención como un servicio temporal. Pues bien, para la benemérita son 48,92 euros para alojamiento y 28,21 para mantenimiento (con un total de 77,13 euros diarios), frente a los 187,40 de los comisionados en Catalunya. Lo que más ha quedado en la retina y oído es que un Mosso de escuadra cobra 34.361,8 euros y un Guardia cobra 24.515 euros.
Otro problema que padecen es que pagan por derecho pasivo que le detraen de su sueldo un 3,86% (hay que recordar que están en las mutualidades, no en el régimen general) en 14 pagas, mientras que los miembros de los cuerpos policiales autonómicos cotizan en el régimen general sin este tipo de cortapisa; hay otro factor de desigualdad que padecen algunos policías nacionales y “toda la Guardia Civil”. Se trata de la percepción del complemento R3 de territorialidad que perciben algunos agentes de la Policía Nacional para compensar las diferencias de coste de vida en algunos destinos pero que no existen en el caso de los Guardias Civiles. La cantidad asciende a 138 euros; según la AUGC tampoco cobran las horas extras.
En definitiva, las Fuerzas y Cuerpos Autonómicos al cotizar al régimen general y al tener sueldos bases más altos cobrarán cuando se jubilen una media de 2.100 euros. Mientras que los Policías Nacionales cobrarán un máximo de 1.700, los Guardias Civiles no sobrepasarán los 1.300 euros.
Ahora está más claro que detrás de trompetas y fanfarrias que ensalzan a la Guardia Civil, hay un déficit democrático de derechos sociales enmarcados en esta Constitución. No sirven para este cuerpo centenario. Yo les pediría a los afectados que piensen y descubran de dónde vienen sus deficiencias si en unas Comunidades Autónomas sus policías están disfrutando de unas relaciones laborales más de acorde con la carestía de vida. Algo tendrán de responsabilidad los gobiernos centrales PP-PSOE, y seguir siendo un cuerpo militar sin derechos elementales. Y como colofón a estos atropellos está la trampa oferta del ministro del interior Sr. Zoido; que en los presupuestos del 2018 se resolverán estos desfases históricamente reconocidos (según la Gaceta 31/10/2017) el ministro prevé 80 millones divididos en 155.000 agentes de policías y Guardias Civiles. El resultado 516 euros por agent, que dividido en 14 pagas supone una subida de 36,8 euros al mes como complemento especifico singular (no subida directa al salario base, que debe ser importante para las pensiones) y las asociaciones piden en tres años 1.500 millones y para el 2018 piden 500 millones lejos de la oferta del ministro. Y si añadimos la negativa de la subida propuesta por la oposición al aumento de las pensiones de 1,4% por el PP y Cs en la mesa del Congreso, el año que viene se espera muy conflictivo.
Viva la Guardia Civil. Sí, con más derechos sociales, salarios y viviendas dignas.
