Opinión de Ramiro Miralles, del Partido Popular de Novelda
Hace ya muchos años que en nuestra querida España educamos a nuestros hij@s, teniendo garantizados una serie de derechos y libertades.
El artículo 27 de nuestra Constitución establece: 1º “Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”, 3º “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
Los “padres de la constitución” fueron capaces de llegar a consensos que parecían imposibles. Las diferentes reformas educativas han defendido el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, ambos reafirmados por el Tribunal Constitucional. Todo ello permitió llegar a un delicado equilibrio (contenidos, idiomas, religión, financiación…) y por ello me resulta incomprensible que los actuales gobiernos, central y autonómico, dinamiten estos consensos.
Recientemente la Ministra de Educación, negó el reconocimiento constitucional del derecho a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo.
En la Comunidad Valenciana, en la necesidad de gobernar a cualquier precio, les ha llevado a dejar la Consellería de Educación en manos de D. Vicent Marza, un personaje cuya misión parece reducirse a:
1º Limitar todo lo posible la educación concertada (especialmente la cristiana) y la libertad para elegir el centro educativo.
2º Imponer todo lo posible el catalán, limitando todo lo posible el Castellano. Modelo ya ensayado en otras comunidades con un resultado, a mi entender, desastroso.
Afortunadamente los Tribunales han revocado en numerosas ocasiones sus ocurrencias, impidiendo así que el Consell del Botanic (PSOE, Compromís y Podemos), limiten la libertad de los centros, padres y madres e impongan el catalán sobre el Castellano.
Soy valenciano-parlante y estoy muy orgulloso de que en mi familia y en mi pueblo, se hable Valenciano y/o Castellano. NUNCA esto causó problemas. Amigos de otras comunidades se maravillan de la naturalidad y respeto con la que actuamos en el día a día. Por ello, no comparto el deseo de unos pocos, de utilizar el idioma para hacernos sentir diferentes, agraviados y reprimidos por el resto de España.
A nivel local las intenciones de cada grupo político son claras. En pleno de 3/12/19 el Grupo Popular presentó una moción “En defensa de las libertades educativas consagradas en la Constitución”. No fue posible el consenso; PSOE, Compromís y Guanyar votaron en contra.
Por lo anterior, a mi entender, hay ciertas preguntas que inevitablemente surgen al considerar este asunto.
¿Quién debería elegir el tipo de educación que reciban nuestro hij@s? ¿Deberían crearse más plazas en los colegios con mayor demanda?