osé Antonio Rovira y Susana Camarero han comparecido para informar sobre las principales modificaciones del anteproyecto
La reducción del tramo autonómico del IRPF beneficiará a 2,7 millones de contribuyentes, supondrá un ahorro fiscal estimado de 160 millones de euros y se orienta principalmente a las rentas medias y trabajadoras
Una familia con renta entre 30.000 y 40.000 euros se ahorrará hasta 650 euros entre la reducción del tramo del IRPF y las nuevas deducciones
El texto refuerza los controles, la seguridad y la transparencia en las Viviendas de Protección Pública (VPP) para dotar de mayores garantías a todos los ciudadanos
El Consell ha aprobado el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat para 2026, que incorpora una rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) autonómico y nuevas medidas para facilitar el relevo generacional de las empresas familiares.
Así lo ha anunciado el conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, acompañado de la vicepresidenta Primera y Consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero.
El siguiente paso en la tramitación de la Ley de Medidas Fiscales, una vez terminado el periodo de exposición pública y tras pasar este martes por el Pleno del Consell, será obtener los informes del Consell Jurídic Consultiu (CJC) y del Consejo Económico y Social (CES).
El conseller de Hacienda ha destacado que la conocida como Ley de Acompañamiento a los Presupuestos “contempla una reducción de los tipos autonómicos del IRPF en todos los tramos, con una intensidad mayor para las rentas medias y bajas, especialmente entre los niveles de renta comprendidos entre 32.000 y 72.000 euros”. De esta manera, Rovira ha señalado que el Consell «alivia fiscalmente a las rentas medias, que siempre han sido las grandes olvidadas».
La rebaja del IRPF autonómico beneficiará a alrededor de 2,7 millones de contribuyentes, es decir prácticamente la totalidad, y generará un ahorro fiscal estimado de 160 millones de euros. Según las previsiones, el 72 % de las personas beneficiarias corresponden a contribuyentes con rentas inferiores a 30.000 euros, mientras que el 87,3 % del ahorro total se concentrará en rentas inferiores a 80.000 euros.
La reforma mantiene la progresividad del impuesto y prevé reducciones generalizadas de tipos de entre 0,2 y 0,6 puntos porcentuales, sin modificaciones para las rentas superiores a 150.000 euros. Su aplicación tendrá efectos en la declaración correspondiente al ejercicio 2026, cuya campaña se desarrollará en 2027.
El conseller ha explicado que, con las nuevas medidas, una familia con renta de entre 30.000 y 40.000 euros se ahorrará hasta 650 euros entre la reducción del tramo del IRPF y las nuevas deducciones.
Por otra parte, Rovira ha indicado que el anteproyecto de la Ley de Medidas Fiscales “también incorpora modificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones dirigidas a facilitar la continuidad de las empresas familiares y favorecer los procesos de relevo generacional. Con esta reforma el Gobierno valenciano facilita el relevo generacional de la empresa familiar más allá de padres a hijos, ya que se amplía el círculo de potenciales beneficiarios hasta el cuarto grado de parentesco”.
Estas acciones tienen por objeto reforzar la viabilidad de este tipo de negocios, que representan más del 90 % del tejido empresarial de la Comunitat Valenciana, contribuyendo a garantizar su continuidad y la preservación de la actividad económica y el empleo asociado.
Acceso efectivo a la vivienda
Por su parte, la vicepresidenta primera ha informado de que el texto también recoge un avance importante en materia de vivienda con el objetivo de “reforzar todavía más los controles, la seguridad y la transparencia en las viviendas VPP que ya habían experimentado una importante mejora con la modificación del Decreto de VPP 180/2024”. “De esta manera, con la modificación de los artículos 18, 19, 43, 44, 47 y 48 y disposiciones transitorias, la Generalitat busca más claridad y más control para garantizar el acceso efectivo a una vivienda digna y asequible”, ha afirmado.
En este sentido, Susana Camarero ha manifestado que “las medidas obligan a los promotores privados a publicar y justificar cómo eligen a los compradores a través de registros de solicitantes desde el mismo momento de la calificación provisional y se crea una comisión de valoración para supervisar todos los expedientes de visado con un filtro colegiado, técnico e imparcial ante cualquier aprobación y anuncios públicos obligatorios”.
Además, se introduce que en promociones desarrolladas sobre suelo público mediante colaboración público-privada se podrá valorar el arraigo o vinculación continuada con el municipio. “Recogemos así el guante de vecinos y alcaldes que llevan tiempo reivindicando la preferencia de las personas que viven en un municipio para el acceso a las promociones de VPP, como ya han establecido algunos de los municipios en los convenios de cesión de parcelas con la Generalitat”, ha aseverado.
“Con estas modificaciones incluidas en el anteproyecto de ley damos un paso más para dotar de mayores garantías a todos los ciudadanos a la hora de acceder a una vivienda de protección pública”, ha concluido la responsable de Vivienda del Consell.
Deja una respuesta