La consellera de Justicia insta a los ayuntamientos a aprobar ordenanzas que sancionen a proxenetas y clientes de prostitución

Bravo anuncia cursos de formación para que las policías locales atiendan a las prostitutas “como lo que son, víctimas de violencia de género”

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha instado a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana a que aprueben ordenanzas abolicionistas contra la prostitución según el modelo que su departamento puso a su disposición en mayo de 2022 y que persigue a los proxenetas y a los clientes de sexo pagado con multas de hasta 1.500 euros.

Bravo se ha reunido este miércoles en Paterna con su alcalde, Juan Antonio Sagredo, a quien ha felicitado porque su ayuntamiento ha sido uno de los que ha aprobado una ordenanza abolicionista “para acabar con este tipo de esclavitud y proteger a las víctimas”. Con Paterna, son nueve los municipios que han aprobado esta medida y hay ocho que la tienen en trámite mientras otros 34 han manifestado su intención de hacerlo. 

Precisamente, la consellera ha lamentado que “pese a que estamos situando el debate sobre la prostitución en la opinión pública y dando pequeños pasos, los avances son escasos porque estos 51 municipios sólo suponen poco el 9,4 % de las 542 corporaciones de la Comunitat Valenciana”.

De este modo, Gabriela Bravo ha asegurado que se reunirá con el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para “seguir instando a los ayuntamientos a incorporar la ordenanza como una prioridad”. También ha anunciado cursos de formación para que las policías locales puedan “atender” a estas mujeres “como lo que son, víctimas de violencia de género”.

La consellera ha recordado que, además de las reformas de las leyes autonómicas de espectáculos y carreteras que ha propuesto, “pusimos a disposición de todos los ayuntamientos una ordenanza abolicionista” que “no aborda la prostitución como un problema de orden público, sino como un fenómeno que vulnera los derechos fundamentales de las mujeres y las reconoce como víctimas de violencia de género”.

 En este sentido, el modelo prohíbe la demanda de sexo pagado y sanciona esta práctica con multas de hasta 1.500 euros para el cliente. Además, proscribe también la publicidad que promueva el consumo de prostitución al tiempo que articula planes integrales para que las víctimas de la prostitución puedan reconstruir sus vidas.

“Queremos un territorio libre de prostitución porque es una forma de violencia de género ya que no podemos aceptar una sociedad en la que el cuerpo de la mujer pueda comprarse sin olvidar que cuando hablamos de prostitución no hablamos de consentimiento”, ha concluido Gabriela Bravo.

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