El TSJ obliga al Ayuntamiento a pagar los intereses a los redactores de Betíes bajo amenaza de embargo

Desde que el TSJ dictara sentencia en 2011, el consistorio noveldense no ha hecho frente aún a los 25.000 euros de intereses a los redactores del Polígono de Betíes, un polígono que ha quedado en el olvido y que ha costado a las arcas municipales más de 200 mil euros. (Esta noticia contiene vídeo)

Según informan desde UPyD Novelda, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana requirió el pasado mes de abril mediante una Providencia al Ayuntamiento de Novelda a pagar 25.257,75 euros bajo apercibimiento de embargo de bienes patrimoniales, por el “notable tiempo transcurrido” desde que se notificó el auto de 16 de septiembre del 2011 en el que se acordaba hacer efectiva esta cantidad en concepto de intereses a los redactores del proyecto del Polígono de Betíes.

El Ayuntamiento de Novelda fue condenado en el año 2005 a pagar un resto pendiente de 73.999,62 euros más los intereses de demora por la resolución del contrato con los adjudicatarios de la redacción técnica necesaria para el proyecto del polígono de Betíes. El texto de la sentencia argumentaba que “en cuanto al desistimiento municipal del proyecto, señala la Administración demandada que no fue adoptado por el órgano competente, pero lo bien cierto es que existe una comunicación de la Sra. Alcaldesa a la Comisión Territorial de Urbanismo solicitando la supresión del orden del día, circunstancia que consta en el expediente administrativo”.

Según Armando Esteve, portavoz del Grupo Municipal de UPyD en Novelda, “sumados estos 25.000 euros por intereses a los 221.000 euros que costó inicialmente el contrato de redacción técnica del polígono Betíes, los ciudadanos de Novelda hemos pagado un cuarto de millón de euros por la documentación técnica del proyecto de un polígono que gracias a la gestión del PP y del PSOE se han tirado directamente a la basura por el afán de desmontar -cada vez que hay cambio en el signo político del equipo de gobierno- lo avanzado por el anterior”.

Actitud censora

Por otro lado, Esteve acusa a la alcaldesa de “censurar” la providencia del tribunal. Asegura que “nos niega copia de la misma al tener miedo de que los ciudadanos conozcan que fue ella la responsable de paralizar el proyecto y de tener que pagar posteriormente a los adjudicatarios del contrato de redacción del proyecto, fue ella la que sacó del orden del día el asunto cuando había que tratarlo, y en base a esa decisión de Milagrosa Martínez el ayuntamiento fue condenado a pagar por el contrato y ahora abonar los intereses bajo amenaza de embargo”.

El polígono de la polémica

En el año 1997 se aprobaron las condiciones para la realización de este polígono industrial, bajo el mandato del socialista Luis Gómez en coalición con Bloc y tras la moción de censura a Milagrosa Martínez. En 1998 se adjudicó a Roberto Manuel Pérez y Juan Enrique Serrano por un precio de 221.000 euros, pero se paralizó con la llegada del Partido Popular al gobierno de Novelda. En 2002 presentaron una demanda “contra silencio administrativo”, alegando que “fue la Alcaldesa la que solicitó que se excluyera el proyecto de la comisión pertinente con el objetivo de estudiar la viabilidad del proyecto. En 2005, el TSJ de la Comunidad Valenciana condenó al Ayuntamiento a pagar 73.999.62 euros –lo que quedaba pendiente del total adjudicado- más los intereses de demora-, argumentando “el desistimiento municipal del proyecto”.

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