Dos empresas de Novelda y dos de Monforte, así como la Cooperativa Santa María Magdalena, han sido expedientadas por tener alrededor de 30 operarios sin contratación trabajando en la viña. Las sanciones económicas impuestas tras la inspección del jefe provincial de Agricultura pueden ascender hasta los 6.000 euros por jornalero. La reunión mantenida con la Subdelega del Gobierno, el alcalde de Novelda, La Romana y la alcaldesa de Monforte, ha conseguido un avance clave en materia de regulación de los trabajadores en el campo, se han reducido los trámites burocráticos de la contratación de 12 meses a dos meses y ello se va a obtener en las próximas 48 horas
La situación delicada que atraviesa el cultivo de uva expuesto a la climatología es una realidad y los lentos trámites burocráticos a desarrollar son otro condicionante para la contratación de trabajadores en el campo, así se lo han hecho saber a la Subdelegada del Gobierno, Encarna Llinares, el alcalde Novelda, Mariano Beltrá, el alcalde de La Romana, Manuel Hernández, y la alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera y el concejal de Agricultura noveldense, José Manuel Martínez, en la reunión mantenida el lunes 19 de noviembre a las 10 horas. Los políticos, que han dado respuesta inmediata y han respaldado a los agricultores afectados, han expuesto sus argumentos a Llinares ante los recientes expedientes abiertos a dos empresas de Novelda, dos de Monforte y a la Cooperativa Santa María Magdalena, investigados el jueves 15 de noviembre por el inspector general de Agricultura, Ángel Torres, quien ha impuesto sanciones económicas que pueden ascender hasta 6.000 euros por jornalero ilegal.
Llinares, que se ha mostrado receptiva en la reunión, ha dado un paso importante para solventar el problema de falta de regulación en el campo a los trabajadores inmigrantes, de modo que ha conseguido agilizar los trámites burocráticos en la contratación hasta el punto de resolverlos en 24 o 48 horas como máximo, así como ha dado luz verde a reducir de los 12 meses que eran obligatorios para hacer un contrato a inmigrantes ha permitido que se lleven a cabo contratos para una duración de dos meses. Para la presente campaña de Navidad todos los trabajadores de la viña estarán contratados y, para evitar una situación similar el próximo año se ha acordado entre los agricultores crear una comisión.
Mariano Beltrá ha agradecido el “trato exquisito de la Subdelegada del Gobierno”, en contraste con el del inspector general a quien ha manifestado que va a presentar una queja formal, ya que “nos sentimos engañados porque la decisión de la inspección no partía de la Subdelegación, quienes se han enterado por la prensa, sino del propio inspector general”.
Los agricultores sancionados deben dar de alta a los trabajadores durante estos dos días, y presentar de forma individual sus alegaciones como defensa a los informes de la inspección. Con ello, la Inspección de Trabajo remitirá la información pertinente a los agricultores en un plazo de 15 a 20 días, con la resolución final en cada caso.
Pese al avance en cuanto a la contratación, la preocupación de los afectados es que “el género que tenemos no vale para pagar las multas, estamos desamparados”, una aseveración que pone de manifiesto el contexto precario de la viña que ve peligrar su supervivencia desde hace años.
A ver si cuando nos levanten actas por tener ilegales trabajando en mi sector de la hosteleria, el alcalde también va a hablar con los inspectores.
Ahora tendrá que ir a hablar con quien sea cada vez que cualquier sector o negocio tenga una inspección. El mismo derecho tenemos todos y todos nos merecemos el mismo trato de los Alcalde. A ver si lo hace o si se queda en casa porque no hay foto o colectivos a los que engatusar.